Fuente: Hoy Digital
La antigüedad de un marco legal crucial obstaculiza la explotación minera, dejando riquezas enterradas y a la nación sin un Código Civil actualizado, que permanece en fase de proyecto. Paralelamente, la imposibilidad de alcanzar consensos sigue retrasando la ley orgánica destinada a regular las relaciones laborales, con pronósticos de que una pronta aprobación forzada podría dar lugar a un estatuto que, al reducir incentivos para la inversión, mantendría el sector informal en su tamaño actual o incluso lo haría crecer, dejando sin protección institucional a la mayoría de los trabajadores. El marco legal vigente ha sido reservado, con acuerdo sindical, para una minoría.
No queda otra: un déficit institucional frustrante mantiene a República Dominicana sin una carga fiscal justa que fortalezca un Estado dependiente del recurso fácil de los subsidios, los cuales deterioran las finanzas públicas mientras se evita controlar a los evasores y a los grandes consumidores de electricidad que no pagan. Es probable que estas subvenciones no focalizadas en las familias realmente necesitadas y que estimulan el consumo indiscriminado de gasolina finalicen pronto por ser insostenibles. Esta generosidad artificial que respalda gastos excesivos está amenazada por el conflicto bélico en Medio Oriente.
Cuando aún presidía el Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara señaló la necesidad —aún no plenamente satisfecha— de aprobar leyes fundamentales para garantizar la plena vigencia de la Constitución. Un repaso en archivos periodísticos revela que se han dejado pendientes normas específicas para robustecer el sistema de Seguridad Social, viabilizar la planificación regional y territorial del desarrollo, modernizar la ley 6132 sobre libertad de expresión, fortalecer el papel del Congreso en la supervisión del gasto público y dotar a la Administración Pública de una ley estratégica, entre otras responsabilidades por cumplir.
LA VOZ DE FINJUS
En su historial, la Fundación Institucionalidad y Justicia ha expresado críticas recurrentes sobre los retrasos en aprobar leyes estructurales que permitan superar limitaciones al desarrollo institucional y a la seguridad jurídica que requiere el país. Muchos proyectos han sido aprobados apresuradamente y sin debate profundo en el Poder Legislativo, como considera que ocurrió con una versión del Código Penal.
En su momento lamentó que el Congreso e instituciones sancionaran leyes orgánicas sin asegurar su correcta aplicación o demorando los procesos y careciendo de asesoramiento adecuado al crear normativas con alto impacto social; situación que genera incertidumbre jurídica. Recomienda priorizar debates de calidad y lograr consensos amplios en reformas al marco legal nacional para evitar bloqueos en temas clave.
Por su parte, el movimiento cívico Participación Ciudadana ha insistido en acelerar cambios estructurales y gubernamentales con el fin de conducir al Estado hacia mayor transparencia, eficiencia administrativa y potenciar el desempeño policial en la persecución de delitos y crímenes, agilizando los trámites judiciales relacionados con casos de corrupción en distintos niveles.
COSTOSOS RETRASOS
La lentitud y problemas durante la ejecución del presupuesto estatal han provocado aumentos significativos en costos de numerosas obras a lo largo del tiempo. La inflación disparó los precios hasta duplicar las inversiones inicialmente previstas. Entre las causas están alzas en materiales o comenzar construcciones sin estudios geotécnicos ni topográficos previos.
En ocasiones funcionarios burocráticos deciden modificar diseños ya acordados, lo cual añade demoras típicas del desinterés estatal en trámites ambientales o desembolsos a contratistas; además de prolongar procesos desproporcionados para expropiaciones necesarias antes de continuar. Entre los proyectos más envejecidos e inconclusos destacan el palacio de justicia de Santo Domingo Este, el puente de avenida Hípica y la línea 2C del Metro.
El caso histórico fue la presa Monte Grande, donde la inversión final triplicó lo estimado inicialmente. El Gobierno de Danilo Medina contrató esta obra por unos US$249 millones, pero el costo acabó entre US$600 millones y US$800 millones; montos suficientes para construir dos represas similares en otras zonas del país con necesidad hídrica.
INFUNCIONALIDAD
Equipos médicos modernos y costosos frecuentemente han sufrido daños irreparables antes incluso de ser instalados tras llegar desde aduanas. A estos descuidos se suman irresponsabilidades como falta de mantenimiento adecuado una vez operativos en hospitales públicos. Estas pérdidas representan un deterioro crítico del sistema sanitario.
Las causas son dos: o estos instrumentos destinados a salvar vidas quedan obsoletos por falta de uso o se instalan en centros sin espacio ni infraestructura apropiada. Estas irracionalidades reflejan falta de planificación y colocan a República Dominicana y sus gobernantes ante un bajo nivel institucional e incluso carencia de sentido común. Esta negligencia contrasta con la desesperación de miles de pacientes pobres —que superan ampliamente a quienes pueden costear tratamientos— quienes dependen exclusivamente del Estado para recibir atención médica.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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