Leah Campos y la razón por cual el Poder Mediático Dominicano no publica sus recientes declaraciones durante su visita a la plataforma digital de lucha contra la corrupción Somos Pueblo.
La diplomática recorre estudios digitales. Un consejo empresarial presiona por leyes de censura. Y en el fondo, una red de complicidades que huele a algo muy grave.
Cuando Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, cruzó la puerta del estudio de Santiago Matías el 9 de marzo de 2026, probablemente no imaginaba que ese gesto sencillo era un desafío en el cuarto de máquinas del poder mediático dominicano. Diez días después, repitió la fórmula visitando el estudio de Somos Pueblo.
(Embajada USA en RD, publicación del 9 de marzo de 2026 Visita a Santiago Matias: https://x.com/embajadausaenrd/status/2031202098470080778?s=46).
Fuente: (Embajada USA en RD, publicación del 19 de marzo de 2026 Visita a Somos Pueblo: https://www.instagram.com/p/DWFDFmykR_A/?img_index=7&igsh=czN2dGFyN3R4YXN3).
Dos visitas. Dos declaraciones públicas desde cuentas oficiales de la embajada. Un mensaje que el establishment preferiría no haber escuchado.
Los grandes medios dominicanos cubrieron las visitas de la diplomática a instituciones del gobierno. Pero cuando la embajadora apareció en los espacios digitales, sus páginas y pantallas guardaron un silencio lo que revela una censura previa. No fue descuido. Fue política.
El problema que nadie en los medios tradicionales quería nombrar
Para entender por qué las visitas de Campos incomodan tanto, hay que retroceder al origen del problema, que no está en Washington sino en Puerto Príncipe, o más exactamente, en los salones de Florida donde ciertos empresarios haitianos vivían con comodidad mientras financiaban el terrorismo en su país de origen, estos empresarios haitianos con vínculos con empresarios y políticos dominicanos fueron deportados por la administración de Trump.
Las sanciones impuestas por Canada a ese empresariado haitiano por financiamiento a organizaciones que la administración Trump clasificó formalmente como bandas terroristas encendieron una mecha que nadie en la élite dominicana quería ver.
Fuente original: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/05/terrorist-designations-of-viv-ansanm-and-gran-grif
Lo que dejaba en evidencia a empresarios dominicanos y al gobierno dominicano en evidencia de que le estaban dando soporte material a los financista del terrorismo en Haití.
…y es que detrás de esas deportaciones de empresarios haitianos desde Estados Unidos había una pregunta incómoda: ¿quiénes eran sus socios en República Dominicana, socios de financista de bandas terroristas?
La ONU, por su parte, había documentado que estas mismas bandas habían diversificado sus actividades hacia el tráfico de niños, incluyendo órganos. Una coincidencia que los comunicadores digitales dominicanos no dejaron pasar: en paralelo, los registros de niños dominicanos desaparecidos sin rastro habían aumentado de forma que los medios tradicionales tampoco encontraron urgencia en investigar, incluso la Ministra de la Policia decía que eran un imposible y que no creyeran en los medios digitales.
Fuente oficial del informe fecha 20 febrero 2026: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchrbinuh-children-trafficked-gangs-rethinking-response
Mientras los grandes medios dominicanos mantenían sus lapiceros alejados del papel y sus pantallas libres de incomodidades, fueron los YouTubers y comunicadores digitales independientes quienes comenzaron a hacer las preguntas que el periodismo tradicional evitaba. No tenían contratos de publicidad estatal. No dependían de la pauta empresarial. Su único sustento eran las plataformas digitales y la audiencia que habían construido desde cero.
Y desde esa independencia frágil pero real, señalaron lo que resultaba difícil ignorar: que empresarios y políticos dominicanos mantenían vínculos societarios y comerciales con los mismos empresarios haitianos que, según Washington, financiaban el terrorismo en Haití.
Los comunicadores digitales Plantearon también una comparación que dolió.
Cuando la administración Trump decidió deportar a los empresarios haitianos radicados en Florida que alimentaban terrorismo en su país de origen, la lógica fue clara: no tiene sentido tolerar en tu territorio a quienes generan desde la distancia una crisis migratoria que termina costando miles de millones de dólares a toda la región. La pregunta que los comunicadores digitales pusieron sobre la mesa fue directa y sin anestesia: ¿por qué el gobierno del presidente Luis Abinader no hizo lo mismo? ¿Por qué en lugar de prohibirles la entrada, como hizo con otros, los protegió? Esto ha puesto en riego la vida de los comunicadores independientes digitales por no ponerle límite a esos empresarios dominicanos que dan soporte material al terrorismo y se habla que hasta son parte de las redes de financiamiento de Hezbollah.
…y es que detrás de esa protección podría haber complicidad para no resolver de verdad la crisis migratoria haitiana, una crisis que, mientras tanto, ha costado al Estado dominicano recursos incalculables en seguridad, deportaciones, infraestructura y presión social.
Nueve intentos y una agenda que huele a Pekín:
La respuesta del Consejo Económico de Competitividad y el gobiernos no se hizo esperar, aunque tardó en mostrarse con claridad. El Consejo Nacional de Competitividad acumula ya nueve intentos de impulsar legislación que, bajo distintos ropajes técnicos, apunta al mismo objetivo: regular, condicionar y en la práctica silenciar a los comunicadores digitales independientes. Leyes redactadas con la misma filosofía con la que China administra sus redes sociales, aunque presentadas con el lenguaje políticamente correcto de la “regulación de contenidos”.
Los medios tradicionales, se coludieron con los intereses que los financian, cerraron filas. El gobierno aportó el silencio institucional. Y los empresarios pusieron la presión.
LOS OCHO INTENTOS LEGISLATIVOS DE CENSURA (2020–2025)
El investigador identifica un patrón de insistencia legislativa que, en conjunto, configura lo que denomina ‘una estrategia de desgaste legal’. A continuación se detallan los ocho episodios documentados con sus fuentes:
1. Ley de Publicidad Estatal (diciembre 2020):
A cuatro meses de asumir el gobierno, se intentó aprobar una ley que otorgaba al presidente discrecionalidad sobre la distribución de publicidad estatal. El doctor Rafael Molina Morillo advirtió públicamente que la ley podría usarse para castigar a medios críticos del gobierno.
Fuente: El Nacional
2. Ley sobre Ciberdelitos (junio 2022):
El Listín Diario reportó que un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia incluía disposiciones que limitaban la libertad de expresión en redes sociales.
Fuente: Listín Diario, 21/06/2022
3. Ley de Intimidad y Honor (mayo 2022):
Diario Libre recogió opiniones de legisladores y comunicadores que calificaron este proyecto como una nueva ‘ley mordaza’ contra la libertad de expresión.
Fuente: Diario Libre, 30/05/2022
4. Ley del DNI (Nochebuena 2023):
En la noche del 24 de diciembre de 2023, se introdujo legislación que otorgaba a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) poderes para apresar a comunicadores que no revelaran sus fuentes. El Tribunal Constitucional dominicano anuló dicha ley en diciembre de 2024.
Fuente: Listín Diario, 7 de diciembre de 2024
5. Resolución de Autorregulación para Creadores de Contenido (noviembre 2024):
El diputado Bolívar Valera introdujo una resolución para autorregular a creadores de contenido digital. Fue rechazada por comunicadores como Santiago Matías.
Fuente: Listín Diario, 30/11/2024
6. Ley sobre Discurso de Odio (mayo 2025):
Tras el éxito de la ‘Marcha en FUISA’ convocada por la Antigua Orden Dominicana y Santiago Matías, un senador apodado ‘Cholitín’ introdujo un proyecto de ley sobre discurso de odio. El propio legislador retiró el proyecto días después.
Fuente: Listín Diario, 12/05/2025
7. Resonancia internacional — AP News:
Uno de los intentos legislativos tuvo repercusión en medios internacionales, específicamente en Associated Press, que publicó una nota destacando el proyecto de ley y las protestas ciudadanas que generó.
Fuente: AP News
8. Artículo 310 del Nuevo Código Penal (agosto 2025):
El comunicador y doctor Ricardo Nieves publicó en el Listín Diario una columna de opinión criticando el artículo 310 del nuevo código penal, que tipifica como delito el ‘ultraje’ a un funcionario público, incluyendo expresiones como tildar de ‘ineficiente’ a un servidor del Estado. La pena prevista es de hasta tres años de prisión.
Fuente: Listín Diario, 14 de agosto de 2025
El problema es que esta agenda ya no puede disimular su origen. Cuando los que más la empujan son precisamente los actores que quedaron expuestos por haber sido socios o aliados de los financistas de bandas terroristas clasificadas como tales por Washington, la pregunta sobre las motivaciones reales se responde sola.
En este escenario aterrizó Leah Campos. Una diplomática que conoce en carne propia lo que es la censura: los mismos intereses empresariales dominicanos que hoy impulsan leyes mordaza intentaron silenciarla cuando comenzó a hablar sobre USAID. Sus visitas a medios digitales no fueron casualidades de agenda. Fueron decisiones.
Desde la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos publicó sus palabras sin filtro: “Los medios alternativos están marcando la pauta en la conversación. La administración Trump reconoce el valor y la importancia de los medios alternativos en la búsqueda de la libertad.” Y añadió algo que en el contexto dominicano suena a advertencia: “¡Me emocionó mucho visitar la principal plataforma de medios alternativos de República Dominicana para celebrar nuestro compromiso compartido con la libertad de expresión y contra la censura que destruye la libertad y el discurso!”
En Somos Pueblo fue todavía más directa. Describió lo ocurrido en Estados Unidos durante la era Biden como “una época inquietante en la que los medios de comunicación tradicionales se coludieron con la Administración para censurar, adoctrinar y aplastar a la oposición”, y señaló que el pueblo estadounidense respondió recurriendo a fuentes independientes. La parábola era transparente.
Lo que los medios tradicionales no cubrieron:
Que los grandes medios dominicanos tradicionales hayan ignorado sistemáticamente estas visitas no es una anomalía informativa. Es la confirmación del argumento que los comunicadores digitales llevan años sosteniendo: que el sistema mediático tradicional está coludido con los actores políticos y empresariales que tienen razones propias para temerle a la libertad de expresión digital.
Tienen razón en temerle. La embajadora de la primera potencia mundial eligió sus estudios y no los suyos. Les habló a sus audiencias y no a las de ellos. Y lo que dijo fue, en esencia, que lo que ocurre aquí ya ocurrió allá, y que el resultado fue la derrota de quienes apostaron por la censura.
Hay algo que huele mal en esta historia y no es solo el oportunismo político de quienes impulsan leyes mordaza. Es la posibilidad de que detrás de la resistencia a resolver la crisis migratoria haitiana, detrás del silencio sobre los empresarios que financiaban bandas terroristas, y detrás de la persecución a quienes hicieron las preguntas incómodas, haya una red de intereses que nunca quiso que la crisis se resolviera porque la crisis misma era negocio, un negocio que se alimenta del terrorismo.
Los empresarios haitianos sancionados por Canada deberían volver a su país a reconstruir lo que contribuyeron a destruir. Las preguntas sobre sus socios dominicanos siguen sin respuesta oficial. Los niños desaparecidos siguen sin un titular en la primera plana de los medios que sí tienen recursos para investigar.
Y mientras tanto, una embajadora recorre estudios digitales que nadie en el poder quería que ella visitara.
Eso, en sí mismo, ya es una noticia.
Este artículo es un análisis de opinión basado en declaraciones públicas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y en hechos de dominio público.
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