Fuente: Paula Diaz/paula_diaz@conectaarizona.com
Tucson, Arizona. – Este miércoles, la Unión de Libertades Civiles en Arizona (ACLU) presentó un recurso ante la Corte Superior del Condado de Pima, acusando al sheriff Chris Nanos de incumplir reiteradamente la Ley de Registros Públicos estatal y solicitando la entrega de nuevos documentos relacionados con la cooperación entre su oficina y autoridades federales migratorias.
La demanda indica que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) habría omitido proporcionar información crucial sobre interacciones entre sus agentes y personas, mayormente hispanohablantes, que resultaron en la intervención de entidades federales como la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con documentos que fueron obtenidos anteriormente mediante orden judicial y mencionados en el reciente escrito, hay reportes que contradicen las declaraciones públicas del sheriff Nanos, quien había negado colaborar con autoridades migratorias.
Entre los incidentes registrados se encuentran llamadas a la Patrulla Fronteriza en casos donde no se reportaban delitos, tales como:
La ACLU afirma que estos episodios evidencian un patrón de colaboración que no ha sido completamente transparente para el público.
“El progreso de esta demanda confirma lo que la comunidad sospechaba desde hace tiempo: las declaraciones públicas del sheriff no reflejan cabalmente las acciones de sus agentes”, afirmó John Mitchell, abogado especializado en derechos de inmigrantes de la ACLU Arizona. “Continuaremos buscando transparencia y responsabilidad, especialmente cuando está en juego la seguridad de comunidades inmigrantes”.
Asimismo, la organización acusa al PCSD de dificultar el acceso a registros adicionales correspondientes al período entre julio de 2024 y mayo de 2025, alegando que la solicitud sería demasiado onerosa y exigiendo tarifas elevadas para cumplirla.
En Conecta Arizona contactamos a la oficina del sheriff del Condado Pima para obtener una reacción sobre la denuncia; respondieron que “el sheriff no comenta sobre litigios pendientes”.
La ACLU Arizona inició esta acción legal en julio de 2025, junto con el medio local Arizona Luminaria, tras no recibir respuesta a solicitudes de registros públicos. Según la organización, el departamento dejó de documentar solicitudes de apoyo por parte de agencias federales en junio de 2024, pese a que su política interna requería mantener ese registro.
Este caso forma parte de una discusión más amplia sobre la relación entre autoridades locales y entidades federales migratorias, así como el impacto que estas prácticas pueden tener en la confianza entre comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, e incluso en la economía local.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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