Fuente: Hoy Digital
Preocupación regional por retrocesos en derechos de mujeres y niñas en Perú
En las últimas semanas, Perú ha generado alarma en toda la Región debido a una serie de decisiones políticas y judiciales que amenazan los derechos fundamentales de niñas y mujeres. A pocos días del Día Internacional de la Mujer, el contexto resulta especialmente alarmante: desde la restricción al acceso al aborto legal en casos de violación, hasta la aceptación judicial de prácticas reproductivas sin un marco normativo definido, todo ello en medio de persistentes violencias físicas y exclusiones educativas.
Tras un período marcado por inestabilidad política, sucesivos cambios presidenciales y una grave crisis de representación, el Congreso actual se ha transformado en un espacio donde las agendas conservadoras han adquirido un peso decisivo. En este ambiente de fragmentación institucional y debilitamiento del debate público, las políticas relacionadas con género y derechos reproductivos se han convertido en un terreno propicio para la polarización.
Lo que realmente está en juego no es solo la aplicación puntual de alguna norma, sino la definición del modelo estatal que garantice derechos acorde a estándares internacionales o uno que subordine esas garantías a creencias religiosas y cálculos electorales.
Aborto terapéutico: derecho vigente pero inaccesible
Aunque desde 1924 el aborto terapéutico está permitido en Perú cuando la gestación implica un riesgo grave para la vida o salud de la persona gestante, en la práctica miles de niñas víctimas de violencia sexual no pueden acceder a este derecho esencial. Un informe reciente reveló que entre 2014 y 2023 más de 2.600 niñas menores de 15 años que sufrieron violación no recibieron esta intervención pese a estar autorizada por ley.
A esta situación se suma un grave episodio político: la congresista Milagros Jáuregui, representante del ultraconservador partido Renovación Popular, fue señalada por mostrar públicamente a niñas con sus bebés en eventos organizados por su refugio, como si fuera un logro. Feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que estas acciones revictimizan a las menores violentadas y evidencian cómo el discurso religioso y moral influye en decisiones sobre cuerpos ajenos.
En medio del debate, Keiko Fujimori, candidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular, generó controversia con declaraciones que muestran cómo los derechos reproductivos se vuelven también un asunto electoral. En una entrevista televisiva, Fujimori afirmó que, ante una violación hipotética a una de sus hijas, les diría “que tengan al bebé”, reafirmando que solo apoyaría el aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre y rechazando su uso en casos de violación.
Este pronunciamiento evidencia su postura ultraconservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos y representa una señal preocupante, pues como aspirante presidencial busca claramente modificar políticas destinadas a proteger a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.
Gestación subrogada: lagunas legales con consecuencias concretas
Simultáneamente, a finales del año pasado el Tribunal Constitucional peruano dictó un fallo que reconoce la filiación de una menor nacida mediante gestación subrogada y ordena corregir su acta de nacimiento. Esta decisión abre un debate legal sobre esta práctica en un país donde no existe regulación clara para proteger los derechos reproductivos ni de las madres gestantes ni de los niños nacidos mediante estas técnicas.
Algunos juristas interpretan esta resolución no como una aprobación total de la subrogación sino como un llamado a legislar para resguardar “el interés superior del niño” y evitar vacíos legales que expongan a menores y familias a inseguridad jurídica. Sin embargo, esta ausencia normativa plantea dilemas éticos y sociales, ya que mientras ciertos sectores promueven su regulación como parte de los derechos reproductivos, feministas advierten sobre la mercantilización del cuerpo femenino y la carencia de protecciones específicas en un país sin marco normativo adecuado.
Violencia estructural e inequidad persistente
Los problemas trascienden hospitales y tribunales. Las estadísticas oficiales indican que Perú presenta niveles muy elevados de violencia de género, con más de 168.000 casos reportados contra mujeres y grupos vulnerables, incluidos miles por violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esta violencia también se manifiesta mediante obstáculos al acceso educativo y a la autonomía personal.
Hablar sobre derechos reproductivos en Perú implica también abordar desigualdades económicas. En un país donde más del 70% del empleo es informal y la pobreza afecta con mayor intensidad a mujeres y niñas en zonas rurales e indígenas, las decisiones sobre maternidad están fuertemente condicionadas por precariedad, carencia de servicios públicos y brechas educativas persistentes.
Por ello, cuando el Estado limita el ejercicio del aborto legal o evita regular prácticas como la gestación subrogada, no lo hace en un vacío neutral sino dentro de un contexto donde las mujeres con menos recursos sufren las peores consecuencias. La autonomía reproductiva es así no solo una discusión moral o jurídica sino también una cuestión vinculada a justicia económica y distribución del poder.
¿Avance o retroceso?
Perú ha sido reiteradamente sancionado por organismos de la ONU por violar los derechos de niñas embarazadas producto de violencia sexual, incluido el Caso Camila: una niña indígena de 13 años a quien se le negó acceder a un aborto seguro pese a cumplir los supuestos legales. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el Estado peruano continúa sin implementar cambios sustanciales pese a estas condenas y recomendaciones internacionales.
El caso peruano refleja un enfrentamiento dramático porque frente a estos ataques contra los derechos humanos de niñas y mujeres, el Estado enfrenta demandas internacionales, rechazo social amplio y una opinión pública mayoritariamente favorable al respeto básico de los derechos reproductivos.
De hecho, pese a la resistencia institucional algunos sondeos realizados en 2024 mostraron que hasta el 74% de peruanos apoya que niñas víctimas de violación puedan acceder al aborto terapéutico, evidenciando una marcada desconexión entre el clamor popular y las acciones políticas. Aun así, ciertos sectores políticos y religiosos intentan imponer marcos jurídicos restrictivos sobre derechos ya conquistados mientras se abren inquietantes espacios legales vinculados al alquiler de vientres, industria que principalmente explota a las mujeres más pobres.
Lo que está en disputa no es solo política pública sino dignidad, autonomía y justicia para quienes históricamente han sido excluidas respecto a sus cuerpos e historias personales. El desafío para Perú y la región es claro: fortalecer derechos en lugar de debilitarlos.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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