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Plan Michoacán para la Paz no incluye acciones contra la violencia escolar: Mexicanos Primero

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Este suceso remite al caso de Ashton Lex, un joven de 19 años alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM el 22 de septiembre de 2025.

Fuente: Sara Pantoja/sara_pantoja@proceso.com.mx

Violencia escolar en Michoacán: dos maestras asesinadas por un alumno de 15 años reflejan graves omisiones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El homicidio de dos profesoras a manos de un estudiante de 15 años en una escuela particular del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “es producto de múltiples omisiones, falta de protocolos por parte de las autoridades educativas estatales, la institución y, desde luego, del entorno familiar del agresor”, afirma Erik Avilés Martínez, director del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero.

En diálogo con Proceso, el especialista señala que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, presentado por la mandataria Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, carece de políticas públicas específicas para garantizar la seguridad en los planteles y atender las necesidades socioemocionales de las comunidades escolares.

En ese marco, critica programas dirigidos a estudiantes promovidos por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla y el respaldo electoral anticipado a la secretaria de Educación, Gabriela Molina, quien aparece como su probable sucesora en 2027; a ella la denomina “la mujer maravilla de la Educación”.

Avilés Martínez, doctor en Ciencias del Desarrollo Regional, destaca que Osmar “N”, el joven que disparó con un arma larga contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla dentro de la Preparatoria Antón Makárenko el 24 de marzo pasado, emitió “señales claras y públicas vía sus redes sociales siete horas antes del ataque”.

Por ello sostiene que esta tragedia fue una consecuencia grave de no haber realizado un diagnóstico sobre las posibles afectaciones socioemocionales ni sobre la salud mental del estudiante desde el plantel educativo.

Este suceso remite al caso de Ashton Lex, un joven de 19 años alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM el 22 de septiembre de 2025. Con una guadaña asesinó a Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, e hirió a un empleado que intentó frenarlo. El agresor identificado como “incel” había anunciado su ataque en sus redes sociales un día antes.

En Michoacán también existía un antecedente previo: el 7 de noviembre de 2025, un alumno de 13 años del turno vespertino en la Secundaria Técnica 12 del municipio llamó en redes sociales a sus compañeros a organizarse para “matar” a dos maestras. Supuestamente algunos alertaron a sus padres, quienes notificaron a las autoridades escolares; ello permitió calmar al joven y evitar el plan. La Fiscalía General estatal anunció que investigaría el caso.

Erik Avilés Martínez denuncia que pese a la violencia persistente durante años en la entidad “la ausencia de protocolos claros para la seguridad escolar es evidente”. Recuerda que en diciembre pasado se aprobaron lineamientos contra la violencia escolar en Michoacán pero en sus 60 páginas “no se aborda en lo más mínimo la prevención para evitar ingreso con armas ni ataques armados”.

Por ello asegura que las maestras en la Preparatoria Antón Makárenko “estaban totalmente indefensas ante esa situación, igual que los alumnos y toda la comunidad educativa”. De ahí derivan las consecuencias producto del abandono y los enormes vacíos existentes; concluye que la política educativa en Michoacán “no está funcionando”.

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Desde la presentación del Plan Michoacán para la Paz y Justicia el 9 de noviembre pasado, Mexicanos Primero advirtió que dicho documento “no contempla políticas públicas específicas para atender las necesidades socioemocionales dentro de las comunidades escolares”.

Esto ocurre cuando estudiantes, profesores, directivos y padres han sufrido cierres escolares, balaceras, homicidios y desapariciones; además se han reportado “dronazos”, explosiones por minas antipersona, extorsión y cobro de piso contra maestros; suspensión de clases por amenazas o fuego cruzado; así como detenciones y abatimientos relacionados con objetivos delincuenciales.

Por ello advierte que trastornos como estrés postraumático, ansiedad, depresión, miedo o luto son “características inherentes” en las comunidades escolares michoacanas, especialmente en zonas internas o cinturones marginales urbanos como Tierra Caliente, Sierra Costa y Oriente donde operan grupos criminales muy dominantes.

Lamenta que hoy “no exista una política pública efectiva para contener lo socioemocional ni para atender o canalizar adecuadamente posibles trastornos conductuales antisociales o secuelas postraumáticas”.

Además señala que el plan tampoco incluye medidas para garantizar traslados seguros desde casa hacia las escuelas ni para permanecer seguros dentro de los planteles y así poder concentrarse en “aprender en paz”.

Reconoce que solamente algunas instituciones como el campus central de la Universidad Michoacana y ciertas universidades privadas adoptaron detectores metálicos por iniciativa propia.

El experto explica que el crimen organizado en Michoacán tiene como blanco directo la salud, vida y fuerza laboral juvenil. Advierte que la denominada “narcocultura” se convierte para ellos en una válvula escapatoria; también mencionó ideologías engañosas como los movimientos incel y grupos denominados “red pills” o “blue pills” presentes sin regulación alguna en redes sociales.

Contrasta esa realidad con que el gobierno estatal destine recursos para entregar chips con conectividad ilimitada a internet —de hasta cuatro gigabits— simplemente por inscribirse al padrón estudiantil sin ningún control ni seguimiento parental o acompañamiento pedagógico.

Se refiere al programa “Data Datos Gratis” lanzado por Ramírez Bedolla y Molina el 15 febrero pasado dirigido a alumnos de preparatorias y universidades públicas como parte del Plan Michoacán. Busca fortalecer permanencia escolar y ampliar oportunidades educativas mediante acceso real a internet. La recarga mensual incluye redes sociales ilimitadas siempre que estén inscritos.

Avilés Martínez advierte que esta medida disfrazada bajo política educativa tiene incentivos perversos y usos partidistas: esos chips podrían emplearse para vigilancia ilegal (“halconeo”) o navegar sin límites permitiendo acceso a contenidos sin orientación adulta ni educativa.

Sin supervisión adecuada los jóvenes quedan más expuestos a integrarse en grupos incel o fanáticos religiosos; asimismo pueden caer fácilmente víctimas del reclutamiento criminal mediante videojuegos o ser objeto de estafas, consumo o tráfico drogas y pornografía entre otros riesgos. Ironiza con que mientras muchos países prohíben celulares o redes sociales dentro del aula aquí se regalan chips sin control alguno.

Sugiere invertir en internet fijo con banda ancha acompañado por computadoras exclusivas para fines educativos. Considera urgente capacitar personal docente actualizado en software e Inteligencia Artificial con objetivos estrictamente pedagógicos. En Michoacán apenas una tercera parte de las escuelas cuentan simultáneamente con servicios básicos como agua potable, electricidad e internet.

El entrevistado critica además que mientras persiste inseguridad y precariedad escolar, la titular estatal de Educación “anda abiertamente haciendo campaña política buscando gobernar Michoacán”.

De hecho, durante su cuarto informe gubernamental el pasado 4 octubre Alfredo Ramírez consideró a Molina “la mujer maravilla de la educación”. Desde entonces ella utiliza brazaletes dorados y rojos similares al personaje femenino homónimo creado por DC Comics; incluso creó perfiles virtuales bajo ese apodo mostrando imágenes con postura característica.

Según cifras proporcionadas por Mexicanos Primero durante el ciclo escolar 2024-2025 fueron asesinados 120 menores en Michoacán. Esto ubica al estado como segundo lugar nacional detrás solo Guanajuato con 163 homicidios acumulados.

Aunque no entra dentro del conteo oficial hay memoria aún del adolescente que mató al presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo el 31 octubre 2025; luego fue abatido presuntamente por sus escoltas. Reportes periodísticos señalaron que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le ofrecieron 30 mil pesos por cometer ese crimen.

En Uruapan se cerró una escuela debido a extorsiones conocidas como cobro de piso hacia maestros cometidas por propios alumnos. En Apatzingán las autoridades transformaron cuatro escuelas en bases interinstitucionales operativas similares a cuarteles militares.

Proceso solicitó entrevista con la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, respecto a acciones implementadas para prevenir violencia como ocurrió en Antón Makárenko. La Coordinación General de Comunicación Social respondió enviando dos comunicados oficiales.

El primero fechado el 27 mayo 2025 informó sobre presentación de los “Lineamientos para erradicar violencia sexual en Educación Básica”. El segundo fechado el 19 marzo abordó los “Lineamientos Generales para Prevención y Atención a Violencia Escolar en Bachillerato”.

En este último documento SEP afirma buscar crear espacios donde estudiantes puedan sentirse seguros y cómodos dentro del entorno escolar. El folleto consta apenas siete páginas accesible aquí: https://heyzine.com/flip-book/1fdcb73bcd.html

Durante esta administración SEP ha realizado al menos cuatro jornadas nacionales denominadas “por la paz y contra adicciones”, incluyendo actividades recreativas como lecturas colectivos o torneos deportivos dentro planteles.

Aunque estudios realizados por UNESCO y Mejoredu indican que becas no son solución al abandono ni rezago escolar SEP informó despliegue integral con más de 790 mil beneficiarios michoacanos. La inversión destinada asciende cerca a seis mil millones pesos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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