Fuente: El Economista
CAMBRIDGE – Ante el hecho de que dos tercios de los estadounidenses —muchos en comunidades afectadas por décadas de crecimiento desigual— ya no confían en que el trabajo duro les permita progresar, han vuelto a utilizarse herramientas como aranceles, subsidios e inversiones públicas directas en la política federal. No obstante, depender excesivamente de estos instrumentos puede llevar a sobrevalorar lo que la política nacional puede lograr sola y subestimar los impactos disruptivos que los cambios abruptos pueden causar en las comunidades que intentan beneficiar.
En un país tan vasto y heterogéneo como Estados Unidos, la expansión de oportunidades económicas, la generación de empleos de calidad y la atracción de inversiones en sectores clave dependen de acciones implementadas en cientos de localidades con instituciones y limitaciones propias. Por ello, las estrategias económicas más efectivas combinarán prioridades nacionales con la flexibilidad y capacidad local, permitiendo a las comunidades experimentar, aprender y ajustarse.
Para enfrentar las próximas transformaciones tecnológicas y asegurar una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, Estados Unidos requiere una versión propia del concepto que el politólogo Yuen Yuen Ang llama “improvisación dirigida”. Básicamente, esta estrategia busca alinear las metas federales y estatales con la forma en que gobiernos e instituciones locales diseñan y ejecutan sus planes de desarrollo.
China ofrece un ejemplo a gran escala de cómo puede funcionar este modelo. Ang desafía la narrativa habitual que presenta el desarrollo chino como un proceso impuesto desde arriba; sostiene que su rápido avance se ha basado en la innovación y liderazgo locales guiados por objetivos nacionales claros en materia económica y tecnológica.
Claramente, el problema en Estados Unidos no es la falta de improvisación. A lo largo del país, coaliciones formadas por gobiernos locales, fundaciones y organizaciones civiles enfrentan desafíos económicos complejos. A menudo lo hacen con escasa orientación, dado que el gobierno federal ha sido un socio poco constante durante gran parte de los últimos cincuenta años, variando prioridades y herramientas entre administraciones e interesándose solo ocasionalmente por el desarrollo económico.
La descentralización del desarrollo económico fue más consecuencia del retiro paulatino del Gobierno federal en su inversión pública sostenida desde la década de 1970 —tras décadas de fuerte participación posguerra— que una estrategia planificada. Los actores locales asumieron la ejecución, aunque rara vez contaron con los recursos o capacidades institucionales suficientes para triunfar.
Los estados representan otra plataforma clave pero poco explotada para el desarrollo económico. Aunque su base impositiva es menor que la federal, controlan tres palancas fundamentales —estrategia, coordinación y legislación— que pueden asegurar que los esfuerzos locales se complementen, evitando actuaciones aisladas.
Por ejemplo, las agencias estatales de desarrollo económico pueden reunir a intermediarios locales y municipios para definir prioridades comunes, desde producción energética hasta atraer y respaldar centros de datos. Al convocar a intermediarios cercanos a empresas y trabajadores locales, y complementarlo con medidas ejecutivas —como reformar las estructuras financieras para formación profesional o crear nuevas entidades de I+D— los estados pueden superar obstáculos a la productividad.
Sin embargo, también enfrentan carencia de una dirección estratégica clara. Muchas veces destinan por defecto los limitados fondos públicos a atraer empresas en lugar de invertir en innovación, talento e infraestructura esenciales para un crecimiento sostenible. Aunque inauguraciones y traslados empresariales notorios generan beneficios políticos a corto plazo para gobernadores en funciones, rara vez ofrecen mejoras económicas duraderas.
El desafío principal es mantener una visión constante. Puesto que el desarrollo económico se extiende por décadas —mucho más allá del ciclo electoral— el avance significativo requiere ecosistemas cívicos locales capaces de aislar las metas económicas a largo plazo del cortoplacismo político.
Es alentador observar cómo una nueva generación de organizaciones cívicas está comenzando a lograrlo. Con perspectivas prolongadas apoyan el desarrollo económico mediante inversiones coordinadas en investigación y desarrollo, capacitación laboral e inmuebles. En conjunto, estas acciones reflejan un cambio mayor en el enfoque económico: pasar de promocionar lugares ante inversores externos a formular estrategias que configuran mercados basadas en fortalezas locales y adaptadas a industrias emergentes. Ejemplos son centros tecnológicos como Tulsa Innovation Labs y la iniciativa P33 en Chicago, junto con intermediarios laborales como Shaping Our Appalachian Region en Kentucky oriental y Coalfield Development en Virginia Occidental.
Dado que estas organizaciones operan bajo contextos muy diversos, sus capacidades varían considerablemente. Sin un marco federal coherente resulta complicado identificar, replicar o amplificar sus innovaciones. Aquí los gobiernos federal y estatales pueden jugar un papel crucial: no imponiendo resultados sino apoyando iniciativas locales alineadas con prioridades económicas nacionales.
La Ley Chips y Ciencia brinda un modelo valioso. Mediante una cartera de 13 programas, el gobierno federal se comprometió a invertir más de 40 mil millones de dólares en estrategias industriales territoriales que vinculan la experimentación local con metas económicas y de seguridad nacionales. Aunque muchas inversiones resistieron recortes presupuestarios del presidente Donald Trump, su continuidad futura es incierta especialmente tras la eliminación gradual de programas complementarios relacionados con I+D, formación laboral y desarrollo económico.
Esto evidencia la fragilidad de las estrategias económicas federales. Los gobernadores tienen una oportunidad única para maximizar estas inversiones iniciales forjando alianzas sólidas con actores regionales. Al mismo tiempo, dada la volatilidad política federal y estatal, es vital apostar por instituciones no gubernamentales como organizaciones investigativas o colectivos regionales capaces de facilitar conexiones, continuidad y sostener avances a largo plazo.
A pesar de la reciente inestabilidad política existe una notable cantidad de experimentación dentro del sistema federal estadounidense. El verdadero reto consiste en conectar estos esfuerzos, facilitar el intercambio de ideas y construir un entendimiento común sobre capacidades y oportunidades locales. En un sistema democrático reacio al mando centralizado, la flexibilidad es una virtud más que un defecto.
No obstante, esa flexibilidad no debe contradecir dirección o coordinación. Frente a la ausencia de liderazgo federal claro, un marco conectado basado en improvisación dirigida ofrece una vía prometedora para potenciar el impacto del desarrollo local ampliando así los beneficios productivos y económicos hacia más regiones del país.
El autor
Joseph Parilla es investigador principal y director de Investigación Aplicada en la Brookings Institution.
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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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