Fuente: Hoy Digital
Perspectivas electorales ante una posible transición en Venezuela
Jesús Delgado/Latinoamérica21
Ante la oportunidad que se abre para una eventual transición democrática en Venezuela y la demanda de elecciones generales para renovar todos los niveles de gobierno, resulta pertinente realizar un análisis de la situación actual del sistema electoral para determinar las transformaciones necesarias que aseguren procesos electorales libres, transparentes y democráticos.
El sistema electoral venezolano está fundamentado en la Constitución de la República y en las leyes electorales, que regulan cómo los ciudadanos ejercen el derecho al sufragio activo y pasivo, los cargos a elegir y sus períodos, el calendario electoral, los requisitos para ser elegible, las garantías en la organización de elecciones y referendos, así como los órganos responsables de la administración electoral y la jurisdicción contencioso electoral, entre sus elementos principales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del Poder Electoral, automatizó en 2004 el sistema de votación, incluyendo no solo la emisión del voto sino también los procesos de escrutinio y totalización. No obstante, el sistema electoral venezolano presenta una contradicción profunda a nivel técnico e institucional: posee una plataforma tecnológica reconocida como una de las más avanzadas globalmente por su trazabilidad y seguridad, pero funciona dentro de un marco institucional marcado por la desconfianza sistémica y falta de autonomía.
El principal punto fuerte del proceso electoral venezolano es su sistema automatizado de votación, que combina máquinas con pantalla táctil y registros en papel auditables: actas de escrutinio y comprobantes impresos del voto. Además, incorpora el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), que permite identificar biométricamente a los votantes para evitar sufragios múltiples y garantizar el principio de “una persona, un voto”.
Las garantías de este sistema automatizado permitieron a la oposición democrática alrededor del candidato Edmundo González evidenciar el fraude masivo ocurrido el 28 de julio de 2024. Aunque el CNE presentó resultados falsos negando la victoria de González, la oposición resguardó un alto porcentaje de las actas emitidas por las máquinas y las digitalizó, procesó y publicó en pocas horas, revelando claramente el fraude.
Sin embargo, estas fortalezas resultan insuficientes frente a la captura del Poder Electoral. Como se mostró en los procesos electorales de 2024 y 2025, el CNE puede sortear las garantías técnicas al negarse a publicar resultados desagregados por mesa electoral, amparándose en supuestos ataques cibernéticos no comprobados y cancelando auditorías esenciales. La eliminación de mecanismos técnicos como el código QR en las actas impresas durante las elecciones de 2025 evidencia que la tecnología sin garantías políticas ni supervisión independiente no asegura resultados confiables.
Para promover una elección democrática es necesario afrontar riesgos críticos que han debilitado la integridad del sufragio en la última década. Entre ellos destacan:
Sanciones administrativas para inhabilitar candidatos. El principal riesgo radica en la inseguridad jurídica. La Contraloría General de la República (CGR) ha privando a ciudadanos de sus derechos políticos mediante procedimientos administrativos opacos, violando el mandato constitucional que exige sentencia judicial firme para tales inhabilitaciones. A esto se suma la intervención judicial a partidos políticos ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), limitando arbitrariamente las opciones electorales.
Registro Electoral (RE) y exclusión de la diáspora. Aunque debería ser continuo, en los últimos años se ha obstaculizado tanto el registro como la actualización del padrón electoral. Se calcula un subregistro entre dos y tres millones de jóvenes; sin embargo, la exclusión más grave afecta a la diáspora: casi 8 millones de venezolanos fuera del país tienen solo 69.000 personas habilitadas para votar debido a requisitos excesivos sobre residencia legal no previstos en la Constitución.
Equidad en la competencia electoral. La actual contienda no cumple con estándares internacionales debido al ventajismo oficialista. El uso sistemático de recursos estatales, dominio absoluto de medios públicos y aplicación de leyes restrictivas (como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Simón Bolívar”) generan una diferencia determinante que silencia a la oposición.
Irregularidades durante el día electoral. La presencia del Plan República crea un ambiente militarizado que a veces restringe el acceso a testigos y observadores. Asimismo, se han documentado prácticas como coacción social, abuso del voto asistido y compra de votos mediante beneficios económicos.
Cualquier llamado electoral orientado genuinamente hacia una transición democrática debe estar precedido por reformas clasificadas según su urgencia e impacto:
Restablecimiento de la independencia del CNE y del Poder Judicial. Es fundamental renovar institucionalmente al CNE con rectores designados conforme a lo establecido en la Constitución, garantizando pluralidad y transparencia sin interferencia discrecional del TSJ. La despolitización tanto de los órganos internos como de las Oficinas Regionales Electorales (ORE) es esencial para romper con la cadena centralizada que limita la autonomía de juntas municipales y regionales electorales —órganos subordinados al CNE encargados de organizar procesos electorales localmente—.
Garantías completas de transparencia y verificabilidad. La normativa debe exigir publicación inmediata de resultados desagregados por mesa electoral en formatos abiertos. Es preciso restaurar todas las auditorías postelectorales e incorporar nuevamente el código QR en las actas para asegurar trazabilidad total del proceso.
Reforma integral del Registro Electoral y voto exterior. El Registro Electoral debe convertirse en un sistema permanente con inscripción accesible por todo el territorio nacional. El derecho al voto desde el exterior debe ser reconocido plenamente, simplificando requisitos y ampliando centros bajo supervisión internacional.
Eliminación de inhabilitaciones arbitrarias y restauración plena de libertades políticas. Es indispensable derogar la facultad otorgada a la Contraloría para inhabilitar candidaturas sin sentencia judicial firme; revisar inhabilitaciones vigentes para restituir derechos políticos; además poner fin a persecuciones políticas y eliminar normas que fomentan autocensura garantizando libertad de expresión, reunión y movilización ciudadana.
Observación internacional independiente. Para lograr elecciones creíbles se requiere invitar sin condiciones a misiones calificadas (OEA, UE, Centro Carter y ONU) así como derogar figuras restrictivas como “veeduría” o “acompañamiento”, permitiendo acceso irrestricto a todas las etapas del ciclo comicial.
El uso del sistema automatizado con identificación biométrica podría mantenerse solamente bajo condiciones democráticas con control independiente estricto. La biometría debe contar con garantías legales claras que eviten vincular identidad con voto individualmente; asimismo es aprovechable toda infraestructura logística del CNE solo si se asegura neutralidad e imparcialidad política del personal técnico involucrado.
Aún es temprano para afirmar si estamos próximos a una transición democrática; aunque existen indicios favorables, quienes detentan actualmente el poder siguen siendo los mismos bajo mando Maduro. Por ende no existen garantías plenas para una democratización efectiva; sin embargo hay que aprovechar esta oportunidad para exigir apertura política, restitución plena derechos políticos y mejora sustancial en competitividad electoral.
La integridad electoral es un concepto global que demanda autoridades electorales independientes, profesionales y técnicas; un padrón inclusivo; además un entorno político libre realista. Sin estas reformas estructurales previas cualquier proceso electoral carecerá legitimidad esencial para estabilizar al país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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