Fuente: Listin diario
A pocos días del Día de la Tierra, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) solicita una actualización del marco legal minero, ya que considera que esta es la herramienta adecuada para que el Estado garantice una gestión estricta de los recursos naturales.
En un comunicado, Camipe indicó que la Ley 146-71 ha quedado obsoleta, resultando inadecuada frente a los retos climáticos actuales y las garantías establecidas en la Constitución de 2010.
Por ello, la entidad también propone que la ley incorpore formalmente las “No-Go Zones” (zonas de exclusión), donde la prioridad sea exclusivamente la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos, fundamentándose en estudios hidrogeológicos y criterios científicos irrefutables.
Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, señaló: “Saber dónde no operar es tan importante como saber dónde sí”. Añadió que “esto no es una propuesta basada en buenas intenciones, sino una demanda técnica rigurosa. Queremos que la normativa otorgue al Estado mecanismos efectivos para prohibir actividades en áreas indicadas por la ciencia, integrando de manera orgánica la Ley 64-00 de Medio Ambiente para brindar tranquilidad ambiental a las comunidades”.
Un aspecto clave señalado por Camipe es el modelo para el cierre de minas. La propuesta técnica establece que la reparación ambiental debe ser una obligación financiera ejecutable desde el inicio de cada operación, mediante mecanismos públicos obligatorios para su asignación y seguimiento.
Pedro Esteva, presidente de Camipe, afirmó que “la confianza ciudadana se construye con certezas” y añadió que desde el sector privado “planteamos un sistema de garantías financieras inalterables que aseguren la completa recuperación de los ecosistemas, asegurando que el desarrollo responsable actual no ponga en riesgo el patrimonio natural de futuras generaciones”.
En su comunicado, la Cámara Minera y Petrolera subraya que su propuesta tiene como objetivo elevar el debate nacional hacia soluciones estructurales, reafirmando que solo mediante el fortalecimiento institucional y la transparencia (a través de sistemas como el estándar EITI y la telemetría hídrica) se puede conciliar el desarrollo económico con la conservación ambiental que exige el país.
Esteva concluyó: “La minería responsable que representa Camipe es la principal interesada en contar con normas claras y estrictas. República Dominicana merece una legislación que no solo reconozca el potencial mineral, sino que proteja el agua y los bosques con base en criterios científicos rigurosos”.
La Cámara Minera-Petrolera de la República Dominicana (Camipe) es una organización privada sin fines de lucro fundada el 18 de abril de 1997 con el propósito de impulsar un desarrollo dinámico y sostenible del sector minero y petrolero dominicano.
Su misión consiste en posicionar al país como un destino atractivo para inversiones nacionales e internacionales en industrias extractivas, apoyando la creación de condiciones óptimas para su crecimiento, promoviendo transferencia tecnológica, desarrollo del capital humano y políticas públicas responsables que resguarden el medio ambiente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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