Fuente: Listin diario
Procesos judiciales masivos en El Salvador afectan a cerca de 91,000 detenidos bajo el régimen de excepción instaurado hace cuatro años por el presidente Nayib Bukele en su combate contra las pandillas.
Hace más de tres años, soldados arrestaron a Williams Díaz cuando se dirigía a su trabajo. Actualmente, espera su juicio colectivo en la megacárcel para pandilleros de El Salvador. Su madre lamenta: “Es inocente y será juzgado con criminales”.
En El Salvador, los juicios masivos continúan contra unas 91,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción implementado por Bukele en su lucha antipandillas hace cuatro años.
Gladis Villatoro, vendedora de pupusas de 55 años que vive en Soyapango, a 20 km al este de San Salvador, comenta a la AFP: “Unos van a pagar por otros. Si condenan a uno, condenan al montón (…) Pagarán justos por pecadores”.
Por su parte, Reynaldo Santos, panadero de 58 años, teme que vuelvan a encarcelar a su hijo, uno de los 8,000 procesados en libertad, cuando acuda al juzgado a firmar.
Santos describe la situación como “una ruleta rusa, una zozobra, un calvario”, y recuerda que Jonathan fue detenido mientras jugaba Fortnite en casa, acusado por la policía de pertenecer a los “mareros”.
La fiscalía general anunció que presentará 3,000 acusaciones durante el primer trimestre para juzgar en grandes grupos a supuestos “pandilleros” según las zonas donde actuaban.
El vicepresidente Félix Ulloa califica estos juicios como “innovadores”, defiende la responsabilidad “colectiva” y señala que las penas se aplican conforme a la jerarquía dentro de cada clica (célula) pandillera.
Hace diez días, se aprobó en El Salvador la cadena perpetua para los llamados “terroristas” —término que el gobierno usa para referirse a pandilleros— incluyendo menores de edad.
La abogada penalista Roxana Cardona advierte que las prisiones podrían convertirse en verdaderos “pozos humanos”.
La AFP solicitó comentarios tanto a la fiscalía como al gobierno, sin obtener respuesta hasta el momento.
– “Una máquina de sentencias” –
Jonathan, empleado de maquila de 24 años, fue agrupado con otros 80 detenidos en una clica de la Mara Salvatrucha. Williams, técnico en aire acondicionado de 35 años, está incluido en una célula de Barrio 18. Ambos carecían de antecedentes penales, según sus familiares y documentos revisados por AFP.
Un abogado defensor de 45 presos afirma que “desde que los agrupan ya los están declarando culpables. Existe presunción de culpabilidad y no de inocencia”, y señala que la fiscalía optó por juicios masivos debido a la imposibilidad de investigar individualmente a tantas personas.
Los acusados visten ropa blanca y están sentados en filas dentro de varias prisiones; siguen virtualmente desde allí el juicio contra crimen organizado que se desarrolla en una sala judicial. Jueces, fiscales y abogados participan mediante pantallas.
Las recientes reformas a la ley del crimen organizado eliminaron la individualización penal y suprimieron la audiencia para valorar pruebas. Por ello, abogados consultados por AFP —quienes pidieron anonimato— aseguran que casi todos llegan al juicio ya condenados.
Un defensor expresó: “Son un mero trámite. Esto no es innovación sino una fábrica masiva de condenas. Ya hay unos 20.000 agrupados”, refiriéndose a un vendedor de verduras condenado en febrero a 30 años junto con otras 163 personas.
Previo al juicio se realiza una audiencia donde un preso pandillero con rostro oculto testimonia contra los acusados muchas veces sin pruebas o con falsedades para reducir su propia pena, según abogados.
En ocasiones los defensores no son convocados a esa audiencia y desconocen las acusaciones concretas, lo cual dificulta preparar adecuadamente la defensa antes del juicio.
“Esto representa una regresión del derecho”, opina el defensor del vendedor de verduras quien apenas pudo verlo un minuto antes del juicio. Comentó: “Sólo alcancé a preguntarle cómo estaba y decirle: ‘tu familia te quiere y sabe que eres inocente'”.
– No habrá salida “nunca” –
La información disponible es escasa porque los casos están bajo reserva y la incomunicación total es común. La ansiedad de Villatoro ha aumentado desde que supo que su hijo tiene insuficiencia renal.
“Eso fue hace un año y no sé cómo está”, murmura cuidando que su hijo menor de seis años no escuche mientras corretea por la casa.
Bukele controla todos los poderes del Estado y es popular por acabar con el terror generado por las pandillas; sin embargo, organizaciones denuncian cerca de 500 muertes en prisiones, torturas y miles de arrestos injustificados bajo el estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
Human Rights Watch (HRW) documentó detenciones basadas en llamadas anónimas, conflictos vecinales o para cumplir cuotas policiales incentivadas con bonos.
Villatoro y Santos aseguran que sus hijos fueron víctimas de esas cuotas y tuvieron que endeudarse para pagar abogados; muchos solo cuentan con defensa pública.
Un abogado privado defensor de una docena de personas explicó: “Llevan más de 150 casos cada uno. No conocen la vida particular de cada detenido. Además los jueces son anónimos, tienen miedo o son leales al gobierno”.
Con estas reformas muchos podrían permanecer más de cinco años sin sentencia porque la fiscalía puede mantener abiertos los procesos hasta 2027 para añadir imputaciones o acusados nuevos.
Juan Pappier, subdirector para América de HRW señaló a AFP: “Estos juicios carecen de garantías básicas del debido proceso y aumentan el riesgo de condenar inocentes”.
Villatoro no deja de pensar que Bukele prometió que del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde está Williams, no saldrán “nunca”. Sin embargo confía: “Pero Dios va a hacer el milagro”.
Santos muestra documentos mientras solloza y relata cómo su hijo sufre ansiedad y depresión; pide solo poder defenderse: “Quisiéramos que esta pesadilla termine”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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