Fuente: Listin diario
La abogada resalta también la importancia que tienen los propios usuarios, quienes “difunden información sensacionalista, polarizada y engañosa”, muchas veces de forma deliberada.
Rosa Pritchard, abogada especializada en medioambiente en ClientEarth, ha señalado en una entrevista con EFE el rol crucial que juegan las redes sociales en la propagación de desinformación sobre el clima, aunque aclara que no constituyen los “desencadenantes”, sino meros “amplificadores” al servicio de gobiernos y empresas.
La desinformación en las redes se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la comunicación actual, pues afecta a gran parte de la población y está impulsada por intereses externos, como los de “empresas” y “gobiernos”, que además de divulgar falsedades buscan “aplazar regulaciones, enfrentarlas y ganar tiempo para evitar cumplir la ley”.
“Lo que observamos es una red compleja conformada por distintos actores que contribuyen a la desinformación -explica Pritchard-, en ocasiones son empresas que desean retrasar las acciones climáticas por razones económicas, y otras veces son gobiernos interesados en los combustibles fósiles o que pretenden generar confusión y caos”.
Asimismo, la abogada señala el papel esencial de los usuarios mismos, quienes “difunden información polarizante, sensacionalista y engañosa”, frecuentemente con intención premeditada.
“Existen usuarios que, conscientes de que el cambio climático y la crisis ambiental despiertan emociones intensas, amplifican esos mensajes motivados por obtener atención o ganancias económicas a través de las plataformas”, lamenta.
A pesar de este panorama complejo y la persistente “sensación de impunidad”, Pritchard sostiene que hay soluciones en marcha, especialmente desde el ámbito legal.
“En Europa contamos con una nueva ley relevante e innovadora: el reglamento sobre servicios digitales”, comenta.
De acuerdo con Pritchard, esta iniciativa legal impulsada por la Unión Europea ha representado una acción valiente para “enfrentar la presión ejercida por las redes sociales” y está acompañada por acciones legales impulsadas por la sociedad civil que han demostrado que es factible combatir el problema.
Entre estas medidas, la abogada destaca un caso en Estados Unidos donde un jurado concluyó que Meta y Google fomentaban adicciones entre los jóvenes, así como un caso notable en Rumanía donde la Comisión Europea emprendió acciones legales relacionadas con desinformación específica que influyó en resultados electorales civiles.
“Los ciudadanos están tomando conciencia de lo que sucede -celebra la abogada-, están luchando y eso me parece poderoso porque comparten sus historias y vivencias con las redes sociales”; además fija 2026 como un año clave para este ámbito, una “rendición de cuentas” para estas plataformas cuya influencia sobre la legislación “no siempre llega a los ciudadanos”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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