Fuente: Listin diario
FINJUS propone al Congreso medidas clave para proteger el sistema político dominicano de fondos ilícitos
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó ante el Congreso Nacional un conjunto de iniciativas de alto impacto para evitar la infiltración de recursos ilegales en la política dominicana.
En una carta dirigida al senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión Especial que analiza el Proyecto de Ley sobre integridad y control del financiamiento político, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó condiciones que modificarían las reglas para quienes aspiran a cargos públicos.
El eje principal de la propuesta busca que la transparencia deje de ser solo una promesa electoral, convirtiéndose en un requisito previo y fiscalizable por las autoridades tributarias.
Candidatos bajo vigilancia de la DGII
El jurista sugiere establecer como condición indispensable que todo ciudadano que quiera postularse presente una declaración jurada de patrimonio ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Indicó que el aspirante debe revelar sus bienes y situación financiera correspondientes a los tres años anteriores a su candidatura.
En caso contrario, deberá aportar una certificación emitida por la DGII que confirme estar al día con sus obligaciones fiscales.
Señaló que esta medida tiene como objetivo detectar aumentos injustificados en el patrimonio antes de que la persona acceda al poder, evitando así que las candidaturas sean utilizadas para lavado de activos.
“Esta exigencia fortalecería la transparencia, reduciría conflictos de interés y elevaría los estándares de rendición de cuentas de quienes aspiran a representar al pueblo”, enfatizó el jurista.
Responsabilidad penal para partidos y candidatos
La iniciativa de FINJUS no solo se dirige a los individuos, sino que también impone responsabilidades a las organizaciones políticas mediante mecanismos obligatorios de “debida diligencia”.
Castaños Guzmán manifestó que los partidos tendrían la obligación de verificar antecedentes relacionados con corrupción, narcotráfico y crimen organizado tanto de sus candidatos como de sus donantes.
Asimismo, propuso que las infracciones a esta ley no se sancionen únicamente con multas, sino que incluyan la pérdida del derecho a postularse, la anulación de la elección, la inhabilitación política y la responsabilidad penal correspondiente.
Para erradicar los aportes “bajo la mesa”, FINJUS recomienda implementar un sistema actualizado en tiempo real que registre monto, origen, medio de pago y destino de cada peso invertido en política.
También propone restringir estrictamente el uso del efectivo para garantizar que todos los recursos puedan ser auditados y crear un organismo con autonomía funcional y capacidad para investigar patrimonios.
Un escudo contra el crimen organizado
Castaños Guzmán advirtió que contar con una legislación débil en este ámbito representa una “puerta abierta” para estructuras criminales que socavan la democracia.
“Aprobar una norma sólida no debe considerarse una opción, sino una responsabilidad urgente para proteger la integridad del sistema democrático y preservar el Estado de derecho”, concluye la carta enviada por FINJUS.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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