Fuente: Listin diario
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz junto a un grupo de fiscales, pidió al tribunal imponer penas que van desde cinco hasta 20 años de cárcel.
El juicio contra altos oficiales militares, policiales y civiles involucrados en el supuesto esquema de corrupción administrativa desmantelado por las operaciones Coral y Coral 5G fue dejado en estado de fallo por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, quienes componen el tribunal, resolvieron reservarse el veredicto para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.
La magistrada Gisselle Méndez resaltó que se recibieron todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes y aseguró que se ha respetado el debido proceso para emitir una decisión conforme a la ley.
La jueza indicó que los debates han quedado cerrados y explicó que según los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, ya que el juicio inició el 27 de junio de 2024 y se excedió el plazo de 30 días para debate, la deliberación debe extenderse a un máximo de 40 días.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a su equipo fiscal, solicitó al tribunal condenas entre cinco y 20 años de prisión. Además, pidieron el decomiso de bienes millonarios alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario público.
A esta solicitud se añadieron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, exigiendo la reparación económica por los daños ocasionados.
Por su parte, los defensores legales solicitaron al tribunal una sentencia absolutoria total para sus clientes.
Los abogados defensores argumentaron que el Ministerio Público no logró fundamentar adecuadamente las acusaciones ni romper la presunción de inocencia de sus defendidos, calificando las pruebas como insuficientes para dictar una condena.
El caso Coral involucra una presunta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados están los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán y el testigo clave en el proceso, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En el expediente aparecen además Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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