Fuente: Listin diario
Fiscal de Pepca acusado de soborno: magistrado designado para revisar recusación contra jueza que conoce el caso
El Ministerio Público señala al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien labora en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por recibir dinero de un testigo vinculado al expediente Senasa.
Mediante un auto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, asignó al magistrado Francisco Jerez Mena la tarea de analizar la recusación interpuesta contra la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, responsable del proceso relacionado con la medida de coerción contra el fiscal de Pepca acusado de aceptar un soborno de 10 mil dólares.
Jerez Mena, que también preside la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, tendrá a su cargo estudiar el incidente y elaborar una recomendación técnica para el Pleno del alto tribunal, instancia que determinará si la magistrada Muñiz continúa al frente del caso.
La recusación fue presentada por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes defienden técnicamente a Aurelio Valdez Alcántara.
Según los defensores, Isis Muñiz, además de su rol actual, preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y habría comprometido su imparcialidad.
La defensa argumenta que la jueza autorizó anteriormente al Ministerio Público realizar diligencias investigativas cruciales, entre ellas la “entrega vigilada” del dinero.
“Participó durante la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y pruebas a las que nosotros no hemos tenido acceso”, señalaron los letrados, indicando que este contacto previo con las evidencias invalida a la jueza para juzgar el asunto.
Aunque Isis Muñiz rechazó la recusación y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que ante esta objeción debe elevarse el expediente a la Suprema Corte de Justicia.
Por ello, la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación remitió el caso a la Secretaría General de la Suprema Corte, incluyendo la respuesta ofrecida por la jueza recusada a las alegaciones presentadas por la defensa.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara está acusado por el Ministerio Público de recibir dinero proveniente de un testigo relacionado con el Servicio Nacional Salud (Senasa).
Dada la gravedad del caso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por un año como medida cautelar.
El órgano persecutor fundamenta esta solicitud en la seriedad del delito imputado y el riesgo que representa que el acusado pueda influir o entorpecer el avance de la investigación debido a su cargo.
Cuando el juez Jerez Mena presente su recomendación, el Pleno de la Suprema Corte programará una sesión para resolver definitivamente sobre si la magistrada Muñiz debe continuar en el proceso.
Por otro lado, el Pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reunió sin contar con la presencia de Isis Muñiz y tomó una decisión respecto a la recusación antes de enviarla a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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