Fuente: Hoy Digital
Estado actual del feminismo en América Latina: avances legislativos frente a resistencias políticas
La coyuntura actual del feminismo en América Latina y buena parte del mundo se distingue por una creciente tensión entre los progresos normativos que reconocen derechos y un ambiente político que complica su aplicación efectiva. Esto evidencia una discrepancia entre lo establecido en las leyes y lo que realmente sucede en la vida diaria de las mujeres.
En años recientes, se han logrado avances legales que, en otro contexto, podrían interpretarse como señales claras de fortalecimiento del movimiento feminista. Un ejemplo es la reciente declaración del Estado mexicano de unificar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional con criterios definidos y sanciones más estrictas. Esta iniciativa busca cerrar brechas históricas en la interpretación judicial sobre la violencia hacia las mujeres y refleja la presión constante de organizaciones feministas para que el sistema legal reconozca la especificidad de estos crímenes. En Colombia, la sanción de la Ley 2447 de 2025, que prohíbe completamente el matrimonio infantil y las uniones tempranas, representa un avance notable en la protección de niñas y adolescentes, eliminando una excepción legal vigente por más de un siglo que permitía estas prácticas con autorización familiar, elevando definitivamente la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Esta legislación cierra una puerta histórica a la normalización de relaciones profundamente desiguales; fue posible gracias a múltiples intentos previos frustrados en el Congreso y al constante empuje de organizaciones feministas, sociedad civil y liderazgos políticos comprometidos. Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva promulgó el 31 de marzo de 2026 una ley que incrementa gradualmente la licencia por paternidad de 5 a 20 días para 2029. La medida contempla además la creación del “salario-paternidad”, financiado por la seguridad social para asegurar el pago completo y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado. En Panamá, el avance hacia un Sistema Nacional de Cuidados como política pública está marcando un hito en cómo el Estado reconoce y redistribuye el trabajo de cuidado, tradicionalmente invisibilizado y desempeñado principalmente por mujeres, al asumirlo como una responsabilidad colectiva y no solo individual. Este cambio no solo amplía derechos sobre el papel, sino que redefine las bases organizativas de la vida social y económica, integrándose a un diálogo regional más amplio que pretende situar el cuidado en el centro del desarrollo.
Todos estos logros forman parte de una tendencia mayor en la cual los Estados incorporan formalmente marcos legales más sólidos para enfrentar la desigualdad de género. No obstante, estas conquistas coexisten con un panorama político regional que parece avanzar en dirección opuesta, caracterizado por el fortalecimiento de discursos conservadores, la deslegitimación de agendas igualitarias y cuestionamientos abiertos a políticas públicas feministas, generando un entorno adverso para que esos avances se traduzcan en transformaciones tangibles.
Igualdad sustantiva frente a igualdad formal
Las movilizaciones del 8 de marzo en América Latina reflejaron esta preocupación mediante consignas donde miles de mujeres denunciaron no solo la persistencia de la violencia sino también retrocesos en garantías institucionales y falta de voluntad política para mantener lo logrado.
Esta contradicción revela una realidad incómoda que atraviesa al feminismo actual: el reconocimiento legal no garantiza por sí solo su cumplimiento efectivo, especialmente cuando el contexto político y cultural no respalda dicho reconocimiento. A nivel global, resulta imposible ignorar la magnitud de la brecha al considerar que las mujeres poseen apenas el 64% de los derechos legales reconocidos para los hombres; este dato no solo expone desigualdades estructurales persistentes sino que cuestiona la narrativa optimista sobre avances normativos sostenidos, pues incluso donde se celebran nuevas leyes o reformas, las bases sobre las cuales se sustentan esos logros siguen siendo profundamente inequitativas.
Esto obliga a mirar más allá del entusiasmo institucional y admitir que el problema no se limita a la carencia de marcos legales en ciertos países sino que afecta al sistema global entero, evidenciando que la plena igualdad jurídica sigue siendo una promesa distante y que cualquier progreso debe interpretarse siempre considerando esa deuda estructural que persiste en millones de mujeres alrededor del mundo.
Lo que está en juego entonces no es únicamente aprobar nuevas normas, sino también mantenerlas vigentes en contextos donde crecen resistencias, donde actores políticos construyen capital cuestionando las agendas de género y donde se reinstalan narrativas que buscan relegar a las mujeres a posiciones subordinadas bajo el argumento de tradición, orden o estabilidad.
En este escenario, el feminismo enfrenta un reto complejo: defender lo conquistado mientras impulsa cambios estructurales profundos; una tarea que exige incidencia pública fundamentada en demostrar capacidad movilizadora social.
La tensión entre avances legales y retrocesos políticos también evidencia los límites de una estrategia basada exclusivamente en lo institucional. Aunque las leyes son herramientas clave, su efectividad depende de condiciones más amplias como sistemas judiciales sensibles al género, políticas públicas sostenidas y, sobre todo, un entorno social intolerante con la violencia y discriminación. Cuando estos elementos fallan,
las leyes corren riesgo convertirse en declaraciones simbólicas acompañadas por prácticas contradictorias.
Lectura esperanzadora
En este contexto, el feminismo contemporáneo atraviesa una etapa que podría denominarse como consolidación conflictiva: tan evidentes son sus logros como las reacciones adversas generadas. Lejos de interpretarse como signo de debilidad, esta resistencia puede entenderse como prueba del poder transformador del movimiento; pues los avances que no molestan difícilmente modifican estructuras profundas.
La oposición actual observable en varios países responde a décadas de organización, denuncia y propuestas que han logrado colocar la igualdad de género como tema ineludible dentro de las agendas públicas.
Pensar este momento desde esta perspectiva permite escapar a una narrativa lineal sobre retrocesos e identificar la complejidad propia de un proceso siempre disputado: cada conquista abre nuevas tensiones y el camino hacia la igualdad está lejos de ser ordenado o irreversible.
El desafío entonces no consiste únicamente en ampliar derechos formales sino también en construir condiciones políticas, culturales e institucionales capaces de hacer efectivos esos derechos en la vida cotidiana tanto de hombres como mujeres; incluso cuando enfrentan escenarios adversos donde quienes detentan el poder intentan revertir lo aparentemente ganado.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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