Fuente: Gloria Leticia DÃaz/gloria_leticia_daaz@proceso.com.mx
TOLERANCIA INSTITUCIONAL Y RETRASOS MARCAN LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO, SEGÚN INFORME DE LA ONU
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo minimiza la gravedad de la crisis de desapariciones en México, el país sigue encabezando las cifras de Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), en donde se denuncian obstáculos institucionales para la localización e investigación de los casos.
Según el último informe sobre Acciones Urgentes registradas entre 2012 y febrero de 2026, de un total de 2 mil 160 comunicaciones recibidas a nivel mundial sobre desapariciones forzadas, 819 corresponden a México, seguido por Irak con 669 casos.
El reporte señala que durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, de las 161 solicitudes de acciones urgentes, el 37%, es decir, 40 casos, corresponden a México, con 15 de ellos presentados ante el Comité en los primeros dos meses del año.
De acuerdo con los datos del CED, en 2024 —último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los tres primeros meses bajo Claudia Sheinbaum— se registraron 100 acciones urgentes; mientras que al cierre de 2025 se contabilizaron 90 solicitudes de intervención internacional dirigidas al gobierno mexicano.
En cuanto a las 40 desapariciones reportadas al CED en este último periodo, corresponden a hechos sucedidos entre septiembre de 2011 y enero de 2026; específicamente, 13 ocurrieron en 2024, 16 en 2025 y una en lo que va del 2026.
El informe detalló que el 30% de estas desapariciones se concentraron en Chiapas con 12 casos; Jalisco reportó siete; Guanajuato y Sinaloa tuvieron cinco cada uno; Oaxaca cuatro; Baja California y Tamaulipas dos cada uno; mientras que Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo registraron un caso respectivamente.
Se resaltan también los perfiles de las víctimas: 26 hombres o niños; 14 mujeres o niñas; cuatro niños y tres niñas; además, una persona adulta mayor y una persona buscadora.
En su informe reciente, el CED indica que entre septiembre del año pasado y febrero del presente recibió diez acciones urgentes relacionadas con hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2024. En particular se refieren a “dos grupos de migrantes, incluidos cubanos y hondureños, que transitaban por Chiapas con la intención de continuar hacia Estados Unidos”, y que mantenían contacto por última vez con sus familiares cuando se encontraban en “pequeños botes” en Oaxaca.
El documento destaca como emblemáticos varios casos que apuntan al presunto involucramiento de autoridades en desapariciones acontecidas en Jalisco, Guanajuato y Sinaloa.
En Jalisco se menciona que en varios incidentes hombres identificados como “miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un centro laboral”, mientras un video mostró una patrulla municipal cerca del lugar. Sin embargo, las familias fueron informadas que no hubo operativo alguno. El CED advierte deficiencias en la entrevista con agentes estatales, en la revisión del video y señala que no se realizó geolocalización alguna.
Respecto a Guanajuato, sin mencionar nombres específicos, el informe incluye el caso del adolescente José Juan Arias Solís, desaparecido el 19 de junio de 2025 por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Su padre, José Juan Arías Corona, fue reportado desaparecido el 28 de diciembre del mismo año pese a contar con medidas cautelares otorgadas por el CED. Este ejemplo refleja “retrasos en las acciones de búsqueda y esfuerzos limitados para examinar todas las hipótesis pertinentes, incluida la posible participación estatal”.
En cuanto a Sinaloa, el Comité señala que debido a la violencia derivada por disputas territoriales entre grupos criminales, existen denuncias que evidencian “colusión o tolerancia por parte de agentes estatales” en casos donde “personas fueron secuestradas desde sus hogares por hombres armados” y desapariciones grupales ocurridas en centros laborales.
El informe expresa preocupación por casos ocurridos hace más de ocho años en estados como Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato debido a “la ausencia de avances tangibles en procesos de búsqueda e investigación”, pues estas solo involucran “solicitudes formales para obtener información en centros penitenciarios o instituciones sanitarias sin realizar búsquedas exhaustivas sobre terreno ni análisis forenses o exploración completa de hipótesis investigativas”.
El Comité alerta sobre desapariciones vinculadas con fines relacionados a trata sexual o reclutamiento forzado atribuibles a la delincuencia organizada. Ejemplos son las desapariciones de un joven en Guanajuato en septiembre de 2025 y un niño en Jalisco en junio del mismo año. En ambos casos “se recibieron denuncias sobre colusión entre agentes estatales y delincuentes”.
Finalmente, el CED subraya que los reportes recibidos muestran “obstáculos para la participación familiar en acceso a archivos; largos periodos sin información y amenazas o intimidaciones vinculadas a sus esfuerzos para buscar a sus seres queridos que no son investigados adecuadamente”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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