Fuente: EL NUEVO SIGLO
ÁVILA BAJO LA LUPA (I). En relación con un informe difundido por este Diario sobre lo que podría suceder en la próxima reunión del Banco de la República, convocada para el 30 de abril, especialmente respecto a la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien abandonó la sesión anterior y cuyo regreso fue descartado por el Gobierno debido a su desacuerdo con la política de incremento de tasas de interés establecida por las mayorías del Emisor, se ha conocido que se estarían gestando dos tipos de acciones ante la conducta del responsable de las finanzas. Por un lado, se comenta que si Ávila no asiste al siguiente encuentro de la junta del Emisor, podría enfrentar denuncias penales y sanciones disciplinarias por incumplir, de manera clara y deliberada, una función propia de su cargo establecida expresamente en la ley y la Constitución.
ÁVILA BAJO LA LUPA (II). Por otra parte, se sabe que están en marcha conversaciones preliminares entre algunos portavoces de las bancadas opositoras en el Senado y la Cámara para evaluar la posibilidad de reunir firmas con el fin de promover un debate urgente sobre una moción de censura contra el ministro de Hacienda en caso de que falte sin justificación a la próxima junta del Banco de la República. Aunque este procedimiento solo podría iniciarse tras el 30 de abril, quienes impulsan esta iniciativa en el Congreso consideran que, aunque el gobierno Petro esté ya en su etapa final, resulta importante enviar un mensaje institucional sobre la obligación que tienen los miembros del gabinete de respetar las normativas legales y constitucionales, aun cuando estén en desacuerdo con las decisiones tomadas por órganos autónomos de otras ramas del poder público.
SOLICITUD A LA CORTE. No se descarta que próximamente el Consejo Gremial dirija una carta abierta a la Corte Constitucional para consultar sobre el progreso en el análisis de exequibilidad de la ley pensional, estudio que permanece en curso desde el año pasado. Al cerrar abril de 2026 y tras la advertencia de Asofondos sobre los riesgos derivados del decreto gubernamental que obliga a liquidar inversiones en el exterior y repatriar esos recursos a Colombia, los dirigentes gremiales podrían señalar como urgente que el Alto Tribunal emita finalmente un fallo definitivo acerca del nuevo régimen jubilatorio aprobado en 2024 y cuya aplicación sigue suspendida en más del 80 %.
IMPACTO RETRASADO. Recientemente, cuando anunció un negocio importante para su empresa, el presidente de esta fue consultado informalmente por varios periodistas acerca del impacto que tuvo en su compañía el aumento del salario mínimo del 23,7 % y las nuevas regulaciones laborales implementadas desde la última semana de diciembre. El directivo explicó que cuentan con un pacto colectivo laboral y los salarios base siempre han estado por encima del mínimo legal, razón por la cual no sintieron tanto efecto directo. No obstante, el impacto se reflejó más en el encarecimiento de numerosos productos, servicios e insumos adquiridos a proveedores externos, quienes atribuyeron sus incrementos justamente al aumento en los costos laborales ocasionado por el fuerte ajuste salarial decretado por el Gobierno.
DILEMAS ELECTORALES. Esta semana un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral llamó la atención sobre que en Colombia los resultados electorales presidenciales se comunican en pocas horas y no generan mayores controversias. Señaló que esto contrasta fuertemente con lo ocurrido recientemente en Perú, donde la votación para primera vuelta fue caótica: se prolongó la jornada en Lima porque miles no pudieron votar y los resultados oficiales no serán dados a conocer hasta mediados de mayo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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