Fuente: Manuel Duran/manuel_duran@memphisnoticias.com
Memphis vuelve a ser el foco del debate estatal. En esta ocasión, no por un incidente puntual, sino por una iniciativa que podría transformar radicalmente quién decide en las escuelas públicas del condado Shelby.
El lunes, un informe aprobado por un comité conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee abre la puerta a que el estado intervenga directamente. ¿La propuesta? Establecer una junta supervisora con amplias facultades sobre las Escuelas del Condado Memphis-Shelby, incluyendo el manejo de un presupuesto cercano a los 2 mil millones de dólares.
Este comité, compuesto por ocho republicanos y dos demócratas, aprobó la iniciativa que ahora se incorpora al proyecto de ley 622 en la Cámara y al 714 en el Senado. Si bien no menciona exclusivamente a Memphis, la atención se dirige claramente hacia esta ciudad.
¿Por qué Memphis?
Porque, según quienes impulsan la medida, el distrito presenta deficiencias en áreas clave: bajo desempeño académico, ausentismo, malas calificaciones, problemas de liderazgo y, principalmente, acusaciones de mala gestión financiera. A esto se suma una auditoría forense por 7.6 millones de dólares que varios funcionarios han calificado como “la peor que hayan visto”.
Aunque recientemente ha habido avances en los resultados de las pruebas, los problemas históricos siguen predominando en el relato.
La nueva junta no tendría un papel solo simbólico. Contaría con poder real.
El gobernador designaría a cuatro miembros. Los presidentes de la Cámara y del Senado nombrarían dos cada uno. Su mandato sería de cuatro años, con posibilidad de extenderse por dos más. Además, en un cambio de última hora, se aprobó una enmienda que permite incluir a un integrante fuera del condado Shelby.
La senadora Raumesh Akbari expresó su inquietud: “Esto es excesivo”, señaló aunque reconoció que el distrito requiere apoyo. Fue una de las dos voces disidentes junto al representante Antonio Parkinson.
Parkinson fue más categórico: sostiene que esta medida está diseñada específicamente para Memphis. No es casualidad que sea el único distrito del estado bajo auditoría forense, uno de los criterios esenciales para la intervención, destacó.
En contraste, el representante republicano Mark White defendió la iniciativa: “Es un proceso en el que hemos trabajado durante dos años… necesitamos afrontar deficiencias acumuladas durante 60 años”, afirmó.
Pero entonces, ¿qué facultades tendría esta junta?
Prácticamente todas.
Podría aprobar o rechazar contratos superiores a 50 mil dólares, manejar el presupuesto presentado por la junta escolar electa, decidir sobre propiedades, autorizar escuelas autónomas e incluso contratar o despedir personal sin necesidad de justificarlo.
Además, tendría autoridad para revertir decisiones locales como la apertura o cierre de escuelas.
Y hay más detalles.
El informe prohíbe que la junta escolar elegida por votación interponga demandas contra la junta supervisora. Según el documento mismo, esto implica una “restricción generalizada” que limita el uso de fondos públicos para cuestionar legalmente sus resoluciones.
La estructura también contempla evaluaciones anuales integrales del sistema: desde la calidad docente hasta el tamaño de las clases, currículo y participación familiar.
El costo genera interrogantes adicionales. Se plantea un fondo de reserva entre 500 mil y un millón de dólares; sin embargo, los sueldos y beneficios tanto para los miembros como para empleados podrían correr por cuenta del distrito mismo, lo cual elevaría los gastos administrativos a más de medio millón anual.
En teoría, esta medida aplicaría a cualquier distrito estatal que incumpla cuatro de seis indicadores clave; sin embargo, en la práctica Memphis-Shelby es el único que reúnen todos los requisitos para ser intervenido según sus promotores.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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