La Coalición por la Seguridad Social Digna y las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas firmantes nos dirigimos al país en un momento decisivo para el futuro de la Seguridad Social en el país.
Tras 25 años de vigencia, la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha demostrado ser incapaz de garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
El sistema actual, basado en la lógica del mercado, privatizador e injusto, ha priorizado la rentabilidad de actores privados por encima del bienestar de la población.
Convirtiéndose en un sistema costoso que no asegura pensiones dignas, limita el acceso a la salud, destruye los servicios públicos, transfiriendo cada vez más recursos a intereses privados en desmedro de la protección social. Así mismo alimenta la corrupción, y traslada los riesgos a los trabajadores y sus familias, todo en beneficio de la oligarquía, el capital financiero y los grupos más ricos y poderosos del País.
La modificación de la Ley No. 87-01 demandada por toda la población y varias veces anunciada por el Poder Ejecutivo, representa una oportunidad, pero también un grave riesgo de repetir errores del pasado aprobando reformas sin escuchar a la sociedad, y organizando las políticas de manera antidemocrática.
En ese orden:
1. Rechazamos cualquier reforma construida de espaldas al pueblo, sin diálogo democrático, ni participación vinculante de la sociedad civil. Rechazamos asimismo cualquier proyecto de ley que plantee aumentar las cotizaciones, la edad de retiro, la privatización de los fondos de pensiones y los fondos para la atención en salud.
2. Exigimos un proceso democrático y transparente, que recoja todo lo expresado por la ciudadanía en las Vistas Públicas realizadas en todo el país, el proyecto de modificación presentado por la Coalición por la Seguridad Social Digna, así como las propuestas de las Centrales Sindicales y las organizaciones gremiales, populares y de base.
3. Demandamos una transformación estructural de la Ley 87-01, que establezca un verdadero sistema de pensiones solidario, público y sin fines de lucro, que garantice a todos los dominicanos una pensión justa, digna y suficiente.
Asimismo, un verdadero seguro nacional de salud para todos y todas, integral, sin plan básico, ni co-pago, con cobertura universal que elimine el “no te cubre”, un sistema que asegure el derecho a la salud, y que no enriquezca a la industria privada de la salud desfinanciando los servicios públicos.
4. Demandamos la inversión del 5% del PIB para la salud pública y llamamos a la defensa de SENASA, de los servicios públicos de salud y de los sistemas de pensiones conquistados por el magisterio, los servidores públicos, los profesores y funcionarios de la UASD, y los médicos y médicas del país, así como el derecho a las pensiones de los trabajadores cañeros. Un sistema de pensiones de reparto moderno, solidario y sostenible, que garantice pensiones dignas, justas y suficientes para toda la población.
5. Exigimos al Gobierno, al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo asumir su responsabilidad constitucional y legislar a favor del interés colectivo, no de los negocios privados. Si dado el poder de las AFP, las ARS y los grupos de poder económico se ven impedidos de actuar como se debe, entonces deben convocar al pueblo a un referéndum democrático para que sea la soberanía popular la que defina qué Seguridad Social merece la República Dominicana.
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