En respuesta al impacto económico derivado de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un amplio plan de austeridad con el objetivo de liberar cerca de RD$40,000 millones y proteger la estabilidad macroeconómica del país.
La medida central contempla un recorte significativo en los gastos operativos del Estado, así como una reducción del 50% en el presupuesto destinado a los partidos políticos. Esta estrategia, definida por las autoridades como un “sacrificio institucional”, fue presentada durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el incremento sostenido del precio del crudo representa una fuerte presión para la economía nacional. Detalló que cada aumento de US$10 en el barril de petróleo implica un costo adicional de aproximadamente US$763 millones anuales para el país.
De su lado, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, indicó que los recortes se enfocarán en áreas no prioritarias, incluyendo publicidad estatal, viáticos, pasajes, adquisición de vehículos, eventos institucionales, consumo de combustible, contrataciones de servicios y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.
En tanto, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que la República Dominicana cuenta con reservas internacionales superiores a los US$16,000 millones, lo que permitirá amortiguar el impacto del choque externo.
El objetivo principal de estas medidas es evitar que el aumento de los costos internacionales se traduzca en un incremento desmedido de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables.
No obstante, el anuncio ha generado expectativas de reacciones en el ámbito político y social. La reducción del financiamiento a los partidos podría intensificar tensiones, especialmente con organizaciones de oposición como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que podrían recurrir a instancias legales.
Expertos advierten que esta medida podría abrir debates sobre el cumplimiento de la Ley 33-18, particularmente en lo relativo al derecho a la libre asociación y la equidad electoral.
Con este plan, el Gobierno busca ganar margen de maniobra frente a la volatilidad internacional, en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos y el impacto global del conflicto en Medio Oriente.
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