El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago impuso una garantía económica de RD$8 millones como medida de coerción contra seis personas y entidades vinculadas a la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien perdió la vida por ahogamiento en una piscina.
La decisión fue tomada por el juez Joob García y abarca tanto a personas físicas como jurídicas relacionadas con el caso. Entre los involucrados figuran la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., su presidente Eduardo Rafael Estévez Bretón, el director académico Freddy Núñez, así como la empresa Hacienda Los Caballos, S.R.L., además de Pedro Pablo Muñoz Puntiel, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.
Los abogados de la familia de la menor, Miguel Valdemar Díaz Salazar y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, valoraron parcialmente la medida adoptada por el tribunal, aunque expresaron inconformidad debido a que no se impusieron medidas de coerción personales contra los imputados.
Díaz Salazar explicó que la garantía económica tiene como propósito asegurar una posible indemnización civil para los familiares de la víctima en caso de que se establezcan responsabilidades durante el proceso judicial.
Mientras que el abogado Calcaño Mena criticó la actuación del Ministerio Público, alegando que no ha mostrado la firmeza esperada en el manejo del caso. Además, señaló que durante la audiencia surgieron informaciones que indicarían que representantes del centro educativo tenían conocimiento de ciertas restricciones sobre las actividades que se realizaban al momento de la tragedia.
Los implicados continuarán enfrentando el proceso en libertad, bajo la obligación de cumplir con la garantía económica ordenada por el tribunal.
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