Había una fecha que yo no esperaba ver tan pronto.
El gobierno de República Dominicana declaró formalmente a Hezbollah como organización terrorista. Una decisión que en el papel parece administrativa, pero que para mí tiene el peso de todo lo que costó llegar hasta ese momento: años de investigación, meses de presión coordinada en mi contra, ataques que en cualquier otro país de la región simplemente no ocurrieron con esa intensidad.
Y eso, precisamente eso, es lo que más me importa que el mundo entienda.
Porque no fui el único periodista en América Latina que investigó redes de Hezbollah. Hubo otros. En Colombia, en Argentina, en Brasil. Y a ninguno de ellos le fabricaron una acusación. A ninguno le montaron una operación mediática coordinada entre el gobierno, un servicio de inteligencia y periodistas tradicionales para destruirle la reputación. A ninguno llegaron a intentarle lo que me intentaron a mí.
Esa diferencia no era un dejavú. Es la evidencia más clara de que en República Dominicana hay algo más grande, más arraigado y más peligroso que en cualquier otro nodo de la región. El Hilo de Ariadna.
Cuando la reacción es desproporcionada, el secreto es enorme.
Cuando la noticia salió, muchos no entendieron su peso real. Para el dominicano de a pie, Hezbollah es una palabra que no dice nada, una amenaza abstracta del Medio Oriente que no tiene nada que ver con el arroz y la habichuela, menos con la playa y el resort.
Pero yo sé exactamente lo que significa esa declaración y lo que costó.
Significa que el gobierno, históricamente atrapado entre la presión de la comunidad libanesa más influyente de la región y los intereses de Estados Unidos, tuvo que dejar claro de que lado estaba. Tuvo que elegir. Y la forma en que eligió, con una declaración formal, con consecuencias jurídicas y diplomáticas reales, dice que la presión acumulada llegó a un punto en que ya no había opción de seguir mirando hacia otro lado.
Sabiendo todo lo que el gobierno conspiró contra Kapulett, podemos deducir que fue duro tener que tomar esa decisión.
Yo empujé hacia ese punto. No solo. No fui el único factor. Pero fui el que más incomodo resultó para quienes querían que ese punto nunca llegara.
QUE VI DESDE MIAMI
Trabajo con fuentes abiertas. OSINT, como se llama en el lenguaje de la inteligencia: Open Source Intelligence. No necesito informantes en las sombras ni documentos clasificados. Necesito saber leer lo que ya está publicado, conectar lo que nadie quiso conectar y tener la disciplina de seguir el hilo hasta donde va, aunque el hilo lleve a lugares incómodos.
Desde Miami, donde nació Marco Rubio, con acceso a bases de datos públicas, sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reportes militares desclasificados e investigaciones periodísticas publicadas en varios idiomas, fui construyendo un mapa que nadie en República Dominicana había querido trazar.
El mapa mostraba esto: un tanquero sancionado por vínculos con Hezbollah zarpando desde el puerto de Azua, República Dominicana, rumbo a Venezuela. Una red de abogados y empresas dominico-haitianas que operaba con una sofisticación que superaba lo que el FBI había documentado públicamente.
Cargamentos de cocaína con rutas que conectaban los Catatumbo colombianos, donde analistas especializados han documentado la presencia operativa de estructuras vinculadas a Hezbollah, con puertos dominicanos y destinos europeos. Bélgica, específicamente, que aparece en reportes de inteligencia israelí como uno de los nodos de distribución de Hezbollah en Europa.
Fuente, El Testigo: https://eltestigo.com/tanquero-vinculado-a-hezbollah-sancionado-por-ee-uu-arriba-a-venezuela-tras-zarpar-desde-rd
Designación OFAC: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0322
El decomiso de las 9.5 toneladas en el puerto Multimodal Caucedo el 5 de diciembre de 2024, la mayor incautación de drogas en la historia dominicana, no fue el punto de partida de mi investigación. Fue la confirmación de un patrón que yo llevaba años documentando.
El presidente colombiano Gustavo Petro señaló públicamente que esa droga provenía de los Catatumbo.
Fuente: https://x.com/petrogustavo/status/1873424367520264699?s=46
Cuando Hezbollah pierde dinero, sus redes periféricas se activan. En octubre de 2024, Israel amplió sus operaciones para atacar el brazo financiero de la organización. Ese mismo mes, la Voz de América reportaba que Hezbollah se estaba quedando sin fondos.
Fuente: https://www.vozdeamerica.com/a/exclusiva-hezbulá-quedan-sin-dinero-/7819593.html
No fue casualidad que dos meses después aparecieran 9.5 toneladas de cocaína en un puerto dominicano con destino a Bélgica. Fue consecuencia. Las redes no desaparecen cuando hay presión financiera: se aceleran.
¿Porque lo Pais? Hay redes de Hezbollah documentadas en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela. Analistas, periodistas e investigadores en esos países han publicado reportes, han señalado nombres, han conectado puntos. Y la respuesta que recibieron de los poderes locales fue, en el peor de los casos, silencio.
A mí no me dieron silencio.
Me fabricaron una acusación. Construyeron un falso esquema donde yo y otros periodistas independientes éramos presentados como una banda de delincuentes. Afirmaron que YouTube me había sancionado por uso indebido de material. Esa mentira era tan burda que se podía desmentir con un solo clic.
La UNESCO ese mismo año advirtió sobre el uso creciente de acusaciones financieras falsas como herramienta para silenciar periodistas en todo el mundo. De los 120 casos que documentó entre 2005 y 2024, el 60 por ciento ocurrieron entre 2019 y 2023.
Fuente: https://www.unesco.org/es/articles/aumento-alarmante-de-leyes-financieras-abusivas-para-silenciar-periodistas-unesco
La gravedad de lo que me hicieron llevó a agencias de los Estados Unidos a brindarme protección. No es un detalle que menciono para dramatizar. Lo menciono porque habla de la escala de lo que enfrenté y de quiénes estaban detrás.
Esa reacción no existe en ningún otro país de la región cuando alguien investiga redes de Hezbollah. Y esa desproporción es la evidencia más sólida de que en República Dominicana las células no son una presencia periférica. Son algo que tiene raíces, protección local y actores con suficiente poder para activar al Estado en su defensa.
Cuando el secreto es pequeño, nadie se molesta en perseguirte. Cuando el secreto es gordo, lo que ocurre es lo que me ocurrió a mí.
No inventé nada. Conecté lo que ya existía en registros públicos y nadie había unido.
El análisis The Nexus of Extremism and Trafficking de la Joint Special Operations University (JSOU, 2013), elaborado por el Brigadier General retirado Russell D. Howard, documentó que en 2009 en Curaçao fueron arrestadas 17 personas en una red de narcotráfico con conexiones financieras a Hezbollah, parte de cuyas ganancias habrían sido blanqueadas mediante bienes adquiridos en países del Caribe, con República Dominicana incluida en el análisis.
Fuente: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-D-PURL-gpo81104/pdf/GOVPUB-D-PURL-gpo81104.pdf
En 2018, el Listín Diario publicó que la entonces cónsul dominicana en Hamburgo, Angelita Peña, reveló que la CIA la contactó tras el 11 de septiembre de 2001 porque Mohamed Atta había visitado Puerto Plata tres semanas antes de los ataques. La CIA determinó que varios de los boletos de los terroristas les fueron enviados desde el propio país. Peña declaró textualmente:
“Nosotros recibimos la notificación de que el terrorista jefe del grupo, Mohamed Atta, había tenido un visado dominicano para entrar al país.”
Fuente: https://listindiario.com/la-republica/2018/09/14/533114/puerto-plata-fue-un-punto-de-reunion-de-terroristas-del-9-11.html
República Dominicana no apareció en los radares de inteligencia en 2024. Llevaba décadas siendo señalada en documentos oficiales como zona de interés dentro de redes que conectaban el Caribe con actores del Medio Oriente. Simplemente nadie quería leer esos documentos en voz alta desde adentro del país.
Yo los leí desde afuera. Y los dije.
El coronel español Vicente Reig Basset, analista especializado en terrorismo, ha señalado públicamente que el Caribe ha sido utilizado como corredor para actividades ilícitas donde redes criminales y simpatizantes de Hezbollah han coincidido operativamente, y que la propia República Dominicana aparece en esos análisis.
Fuente: https://delta13news.com/hezbollah-y-hamas-en-america-redes-financiacion-y-estrategias-ocultas-en-el-continente/
En febrero de 2026, el General retirado Damián Arias Matos advirtió en una entrevista con Altanto TV que organizaciones como Hezbollah, Hamas e ISIS podrían haber utilizado República Dominicana como punto de entrada hacia el territorio de los Estados Unidos.
Fuente: https://youtu.be/nXu_LWpm2v0?si=2eGRKdD-us2h0Erc
Un militar dominicano de alto rango diciendo lo mismo que yo llevaba años documentando desde Miami. Eso no es coincidencia. Es el momento en que los hechos ya no se pueden contener.
Cuando en medio de todas esas investigaciones el gobierno conspiró para silenciarme, cometió el error clásico de quien tiene algo que esconder: reaccionar de forma desproporcionada.
Eso fue la señal más elocuente que yo pude haber recibido.
Porque las agencias que tienen su ojo puesto en el Caribe, y son varias, no miden la gravedad de un problema por lo que los gobiernos declaran. Lo miden por cómo reaccionan cuando alguien los expone. Y la reacción que tuvo la estructura de poder dominicana ante mis investigaciones no fue la de un gobierno que no tiene nada que ocultar.
Fue la de un gobierno que tenía sectores dispuestos a desafiar las leyes de los Estados Unidos para callar a un periodista desde Miami.
Eso justifica muchas cosas. Justifica la presencia de la CIA en San Isidro. Justifica al US Army. Justifica que Washington designara como embajadora a Leah Campos, exoficial de la CIA, no una diplomática de carrera, sino una operadora de inteligencia.
Rubio manejó la diplomacia. Hegseth la fuerza. Noem identificó redes de financiamiento. Kristi Noem llegó en visita sorpresa como enviada especial para el Escudo de las Américas. Daniel Salter, director de la DEA, rastreó el dinero. Y Holsey coordinó las operaciones desde el Comando Sur. Juntos cubrieron el espectro completo de una intervención de Estado.
Eso no es una delegación diplomática. Es una sala de guerra distribuida en el tiempo. Y ocurrió en República Dominicana, no en Venezuela, no en Colombia, no en México.
Hegseth lo dijo sin querer cuando declaró en suelo dominicano: “Debemos enfrentar a los narcoterroristas con acciones fuertes y rápidas. Es el único idioma que entienden.” No estaban investigando. Ya tenían el mapa. Yo fui parte de construirlo.
La declaración formal de Hezbollah como organización terrorista en República Dominicana es un punto de no retorno.
Significa que el Estado dominicano quedó comprometido jurídicamente a perseguir sus redes financieras, sus operadores logísticos y sus facilitadores locales. Significa que los actores que durante años operaron con comodidad en ese territorio saben que las reglas cambiaron. Y significa que la decisión de silenciarme, en lugar de apagar el incendio, lo que hizo fue acelerarlo.
Porque la reacción desproporcionada que me tocó vivir no destruyó la investigación. La validó. Le dio credibilidad internacional. La puso en radares que de otra forma tal vez no la habrían visto tan pronto.
Hoy Estados Unidos enfrenta en América Latina una amenaza comparable a la de la Guerra Fría. La incursión de Irán, Rusia y Hezbollah en la región no es retórica de política exterior: es una operación activa con nodos logísticos, rutas financieras y actores locales identificados.
El mayor peligro para Washington en este momento no es Venezuela. Es perder el control de República Dominicana, un país con posición geográfica privilegiada, sistema bancario con vulnerabilidades documentadas y una diáspora libanesa integrada en los niveles más altos de su economía y su política.
Ningún país bajo el dominio de China, Iran, y Rusia y esas redes está mejor que República Dominicana hoy. Y la región no soporta otro país como Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua o Colombia.
Si el gobierno dominicano no muestra señales firmes de estar del lado correcto, lo que le espera no es presión diplomática. Es el caos.
Yo lo advertí antes de que fuera evidente. Lo pagué con una persecución sin precedentes en la historia del periodismo dominicano. Y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir.
República Dominicana declaró a Hezbollah organización terrorista.
Pero hay algo que les quiero decir antes de terminar este artículo:
Cuando el presidente dominicano de origen libanés declaró a las bandas de Haití grupo terrorista lo hizo a título personal, se hizo propaganda de que fue su decisión y se instruyó al Consejo Nacional Antiterrorismo y La Dirección Nacional Antiterrorismo.
En el caso de la declaración de Hezbollah como grupo terrorista, no dio la cara y no quizo ordeno al Consejo Nacional Antiterrorismo y La Dirección Nacional Antiterrorismo tomar acciones.
Después no digan que Kapulett no se los advirtió.
El memorándum de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos en el marco del denominado Escudo de las Américas constituye uno de los movimientos diplomáticos más ambiguos y políticamente más reveladores de la administración de Luis Abinader. Sin embargo, la pregunta que debe orientar el análisis no gira únicamente en torno al contenido del acuerdo, sino en torno a su arquitectura política:
¿Fue estructurado el memorándum de manera deliberada para producir rechazo interno, diluir responsabilidades y proyectar hacia Washington una imagen distorsionada de las limitaciones reales del gobierno dominicano?
La evidencia circunstancial, el comportamiento posterior de los actores involucrados y las inconsistencias discursivas del propio Ejecutivo sugieren que sí. Lo ocurrido no parece responder a improvisación diplomática. Parece responder a un cálculo político cuidadosamente ejecutado.
El primer elemento sospechoso no es lo que el memorándum dice, sino la manera en que fue construido. El documento amalgama tres asuntos completamente distintos bajo un mismo marco político: el uso temporal de aeropuertos dominicanos por parte de Estados Unidos, la declaratoria de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas, y la recepción de personas deportadas desde territorio estadounidense.
Desde una perspectiva técnica y diplomática, la combinación carece de coherencia funcional. Estos temas no pertenecen al mismo ámbito operativo, no responden a la misma lógica jurídica y no requieren el mismo vehículo político. Sin embargo, desde una perspectiva de ingeniería narrativa, la estructura sí tiene una lógica interna precisa.
Al fusionar asuntos de carga simbólica dispar, el gobierno creó un mecanismo de rechazo automático. La cesión de facilidades aeroportuarias a Estados Unidos, tema históricamente sensible al nacionalismo político, fue mezclada con terrorismo internacional y deportaciones, produciendo deliberadamente una percepción de pérdida de soberanía. El resultado era estadísticamente predecible: indignación pública, ruido mediático, presión social. Pero precisamente ahí emerge la sospecha central: ese rechazo no necesariamente perjudicaba al gobierno. Podía beneficiarlo.
Porque un memorándum políticamente inviable le permitía al Ejecutivo alegar posteriormente dificultades internas, reinterpretar compromisos o desmantelarlos sin asumir el costo directo frente a Washington. La toxicidad política del documento no era un accidente; era el instrumento.
Las campañas mediáticas coordinadas raramente se anuncian como tales. Se identifican observando alineamientos, incentivos y sincronías narrativas.
En este caso, varios comunicadores vinculados a estructuras mediáticas altamente dependientes de publicidad estatal asumieron una línea particularmente agresiva contra el memorándum, especialmente contra cualquier componente asociado a cooperación estratégica con Estados Unidos. El caso de Julio Martínez Pozo resulta especialmente ilustrativo, no solo por la intensidad de su oposición, sino por el contexto estructural donde opera.
La contradicción es de difícil explicación: medios sostenidos parcialmente mediante inversión publicitaria estatal, figuras cercanas al poder político, y simultáneamente una narrativa funcionalmente alineada con la necesidad gubernamental de producir rechazo interno. La pregunta no es si existía derecho a criticar el acuerdo; evidentemente lo había. La pregunta relevante es otra: ¿por qué sectores mediáticos históricamente alineados con la estabilidad del gobierno impulsaron con tal vigor una narrativa que, en apariencia, debilitaba una iniciativa promovida por el propio Ejecutivo?
La respuesta más coherente con los hechos observados es que ese rechazo formaba parte del diseño político original. No se trataba de defender el acuerdo; se trataba de hacerlo políticamente inutilizable.
Uno de los argumentos implícitos del gobierno dominicano ha sido que la declaratoria de grupos vinculados a Irán requería algún tipo de marco multilateral o bilateral especial, es decir, que la acción soberana unilateral era jurídicamente insuficiente o políticamente inviable.
Ese planteamiento enfrenta un obstáculo comparado que no puede ignorarse.
El gobierno de Javier Milei avanzó en medidas de clasificación terrorista vinculadas a actores iraníes bajo decisión soberana del Poder Ejecutivo argentino, sin necesidad de un memorándum equivalente. Esa decisión fue adoptada mediante instrumentos jurídicos internos, sin condicionamiento bilateral formal.
El precedente argentino destruye la narrativa de inevitabilidad jurídica. Si otros Estados pueden actuar mediante instrumentos internos, República Dominicana también podía hacerlo. Y cuando un gobierno posee capacidad legal para actuar pero elige no utilizarla, el debate deja de ser técnico y se convierte inevitablemente en político.
La contradicción más contundente proviene del propio historial reciente del gobierno dominicano.
El 27 de febrero de 2025, la administración de Luis Abinader declaró terroristas a bandas criminales haitianas y activó mecanismos nacionales antiterroristas. Lo hizo sin memorándum, sin resolución de Naciones Unidas, sin negociación bilateral especial y sin alegar limitación jurídica alguna.
Ese precedente elimina prácticamente cualquier argumento de imposibilidad institucional en el caso de Hezbollah e Irán. La diferencia entre ambas situaciones no reside en las herramientas legales disponibles, que son esencialmente las mismas. La diferencia reside en la voluntad política de activarlas.
Y esa asimetría, más que cualquier otra consideración, es la que convierte el debate en incómodo.
Existe un elemento que el debate público evita sistemáticamente, aunque ilumina muchas de las vacilaciones observadas: la dimensión cultural y simbólica del tema dentro de ciertos sectores de la diáspora libanesa.
Para amplios segmentos del mundo árabe, incluyendo partes de la diáspora latinoamericana, Hezbollah no es percibido exclusivamente bajo la óptica occidental de organización terrorista. Es también leído, en múltiples contextos, como actor de resistencia regional frente a Israel y otras potencias externas. Eso no implica necesariamente apoyo operativo a sus actividades armadas; sí implica sensibilidad política real.
Dentro de ese contexto, cualquier declaratoria oficial posee costos simbólicos que trascienden lo jurídico. Y en ese marco, la invitación oficial extendida a Gebran Bassil, figura políticamente asociada al eje de alianzas de Hezbollah en el Líbano, alimentó aún más las interrogantes sobre la verdadera posición estratégica del gobierno dominicano.
En diplomacia, los gestos no son ornamentales. Ciertos gestos son, en sí mismos, decisiones de política exterior.
República Dominicana posee características estructurales que la convierten en territorio atractivo para operaciones financieras, logísticas y de influencia internacional: alta circulación de dólares, intenso tráfico aéreo y marítimo, debilidades históricas en supervisión financiera y una ubicación geográfica estratégica entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
Durante años, distintos informes, investigaciones periodísticas y análisis OSINT han señalado la presencia de redes vinculadas a actores estatales y no estatales operando en la región caribeña. En ese contexto, las preguntas sobre posibles estructuras de apoyo, financiamiento o facilitación relacionadas con actores próximos a Irán no pueden descartarse automáticamente como especulación conspirativa. Tampoco pueden afirmarse categóricamente sin evidencia judicial concluyente.
El punto relevante es otro: la preocupación estratégica de Washington respecto al Caribe no surge en el vacío. Surge de antecedentes históricos documentados vinculados a financiamiento ilícito, evasión de sanciones y redes transnacionales de influencia. Y cuando las señales emitidas por un gobierno son contradictorias, las dudas de los aliados no se disipan; se profundizan.
Paradójicamente, el aspecto más importante del memorándum fue el menos discutido.
La recepción de deportados desde Estados Unidos sí representaba un asunto de profundo impacto nacional: implicaciones migratorias, costos sociales, efectos en seguridad pública, capacidad institucional de reintegración y consecuencias diplomáticas de largo plazo. Ese componente sí requería discusión pública seria, transparencia legislativa y análisis técnico riguroso.
Sin embargo, quedó sepultado bajo la controversia generada alrededor de terrorismo internacional y soberanía aeroportuaria. Desde una perspectiva política, ese desplazamiento del debate fue extremadamente conveniente: el tema estructuralmente más costoso quedó enterrado bajo el ruido emocional de mayor impacto mediático.
La arquitectura del memorándum, en este sentido, también funcionó como arquitectura de distracción.
La comparación entre ambos casos, las bandas haitianas y Hezbollah-Irán, resulta demasiado elocuente para ignorarla.
Con las bandas haitianas: lenguaje firme, activación inmediata, liderazgo presidencial visible y apropiación política total de la medida. Con Hezbollah e Irán: ambigüedad discursiva, dependencia de organismos multilaterales, apelación a la necesidad de memorándums y transferencia sistemática de responsabilidad hacia marcos externos.
La diferencia no parece jurídica. Parece política. Y posiblemente también cultural. Eso explicaría por qué el gobierno proyecta determinación absoluta en ciertos escenarios y una cautela casi paralizante en otros que, desde el punto de vista de las herramientas legales disponibles, son funcionalmente equivalentes.
La relación estratégica entre República Dominicana y Estados Unidos constituye uno de los pilares centrales de la estabilidad económica dominicana. Turismo, remesas, comercio, inversión y cooperación de seguridad dependen en medida determinante de esa relación. Por eso resulta especialmente delicado cualquier intento de jugar simultáneamente en dos tableros: tranquilizar a Washington mientras se preservan equilibrios internos y sensibilidades políticas vinculadas a otros actores internacionales.
La historia regional demuestra que los vacíos de claridad estratégica raramente permanecen vacíos. Otros actores siempre intentan ocuparlos. Y cuando las señales emitidas por un gobierno son contradictorias, las dudas de los aliados no se gestionan mediante declaraciones; se gestionan mediante acciones sostenidas en el tiempo.
El memorándum del Escudo de las Américas parece menos un instrumento diplomático convencional y más una construcción política diseñada para administrar percepciones, distribuir responsabilidades y producir margen de maniobra frente a compromisos que el gobierno no estaba dispuesto a asumir plenamente.
La secuencia observada sugiere un patrón deliberado: mezclar asuntos inconexos para provocar rechazo interno, diluir costos políticos mediante la toxicidad del propio documento y mantener flexibilidad futura respecto a compromisos sensibles. Bajo esa interpretación, el objetivo nunca habría sido exclusivamente firmar el acuerdo; el objetivo habría sido construir una narrativa que permitiera justificar cualquier repliegue posterior.
Y si esa hipótesis es correcta, entonces la pregunta inicial adquiere una gravedad que excede el análisis doméstico:
¿Recibió Washington una representación fiel de las verdaderas intenciones políticas del gobierno dominicano?
Porque en política internacional, los memorándums pueden firmarse sobre papel. Pero las verdaderas negociaciones siempre ocurren en el terreno de las intenciones. Y cuando las intenciones son opacas, la confianza entre aliados se erosiona de un modo que ningún documento ulterior logra reparar con facilidad.
