NUEVE INTENTOS DE OBSESIVOS: EL PATRON DE CENSURA QUE AMENAZA LA LIBERTAD DE EXPRESION EN REPUBLICA DOMINICANA
Cuando Abinader aprueba algo sabiendo es inconstitucional y manda al pueblo acudir al Tribunal Constitucional eso es:
>Fraude a la Constitución deliberado
El pueblo sabe que los tribunales tardan años en fallar. Mientras el tribunal decide, la ley surte efecto
¿Constitución blindada?
De que sirvió blindar la constitución para luego violarla en cosas tan sencilla como la libertad de expresión?
Lo que revela que se hizo por ego no por principio.
En la era digital, la libertad cabe en la palma de una mano. Un tuit puede iniciar una revolución; un video puede derribar un gobierno. Pero cuando el poder tradicional se siente acorralado, la respuesta no es el desmentir… es el silencio.
Para la prensa tradicional dominicana hasta hace poco, Luis Abinader se presenta como el rostro de la modernidad caribeña. Un líder de consenso. Pero detrás de esa cortina de humo y los trajes a la medida, se esconde una afiliación ideológica que muchos prefieren ignorar.
Cuando Abinader fue invitado al Foro Escudo de las Américas, no lo hizo como un observador neutral. Lo hizo en su sutil pero firme calidad de presidente de la izquierda socialista, algo que todos sabían muy bien, como la santa cena.
El izquierda socialista ya no viste uniforme militar ni toma las armas. El socialismo del siglo XXI opera con un librito de políticas de precisión. No es una moda, no es una etiqueta para sonar ‘cool’ o progresista ante la juventud. Es un guion diseñado para la permanencia en el poder.”
El manual es claro. En América Latina, la izquierda ha comprendido que para controlar el presente debe controlar la narrativa. Con los medios de comunicación tradicionales bajo el peso del subsidio estatal o la presión regulatoria, la disidencia encontró un último refugio: las redes sociales.
Las redes sociales se convirtieron en el cuartel general de la derecha y de la oposición ciudadana. El lugar para opinar, agruparse y denunciar.
Si tu adversario político se organiza en las redes, tu objetivo estratégico es apagar las redes. ¿Cómo lo haces en pleno 2026 sin parecer un dictador clásico? No cierras el internet; judicializas la opinión. Creas leyes.
El epicentro de la controversia. La Ley 74-25
Bajo el argumento de “proteger la institucionalidad” y “combatir la desinformación”, el gobierno de Abinader introdujo una serie de artículos perversos que, según los críticos, buscan legalizar la censura en la República Dominicana.
Estamos hablando de criminalizar el pensamiento. De transformar el disentir en un delito de orden público. Donde fiscales tendrán luz verde para triturar a cualquier que denuncie, opine contrario o se queje de algún funcionario público.
Si un ciudadano cuestiona una política de Estado en sus redes y eso se cataloga como una ‘amenaza’ o ‘difamación’ bajo la nueva óptica del gobierno, la respuesta no es una multa… es la cárcel.
Lo paradójico es que esta ofensiva legal ocurre en dirección opuesta a la tendencia global de las democracias occidentales. Mientras el propio Tribunal Constitucional dominicano, las cortes internacionales de derechos humanos e incluso potencias como los Estados Unidos han avanzado hacia la despenalización de los delitos de opinión.
La difamación y la injuria, el gobierno dominicano decide retroceder el reloj biológico de la libertad de expresión y pensamiento.
El mundo dice que la palabra se combate con la palabra, no con rejas. Pero el manual de supervivencia de esta izquierda autoritaria necesita el miedo. Necesitan que pienses dos veces antes de hacer un clic.
La República Dominicana se encuentra en una encrucijada histórica. Entre la promesa de una democracia abierta y la silenciosa implementación de un guion autoritario que busca castigar al disidente y silenciar las voces en la red.
La Ley 74-25 ya está sobre la mesa. La pregunta ya no es qué esconde el gobierno… sino quién será el primero en tramcar.
Desde 2022, el gobierno del presidente Luis Abinader ha intentado, en nueve ocasiones distintas, restringir la libertad de expresion en Republica Dominicana. No una vez. No dos. Nueve veces. Tres intentos por año, durante tres años consecutivos.
Ese dato solo, sin adornos, dice mucho sobre la direccion en que marcha el pais. Una estrategia de desgaste legal, donde al final entró la ley mordaza.
El primer intento llego en mayo de 2022 con la Ley de Intimidad y el Honor. Dos meses despues, en junio, le siguio la Ley de Ciberseguridad. Agosto trajo la Ley de Publicidad Estatal. Diciembre cerro ese año con la Ley del DNI.
En noviembre de 2024 aparecio la Ley de Autorregulacion de Medios y Creadores de Contenido. A esa se sumaron la Ley de Libertad de Expresion, la Ley de Discurso de Odio, la Ley contra la Inteligencia Artificial y, finalmente, el nuevo Codigo Procesal Penal.
Cada uno de esos proyectos fracaso o genero rechazo. Sin embargo, el gobierno no se rindio. Por el contrario, aprovecho la reforma del Codigo Penal para insertar, casi en silencio, once articulos que, de aplicarse, convertiran la critica ciudadana en un delito penado con carcel.
Esa ley de censura nació junto a un préstamos de 615 millones de dólares que fue aprobados la misma noche en que Luis Abinader dio a luz a su nuevo código penal.
EL CODIGO ABINADER
Los once articulos incorporados al nuevo Codigo Penal abarcan un espectro amplisimo de la expresion cotidiana. A continuacion, lo que cada uno implica:
Articulo 186: Atentado a la intimidad. Este fue, precisamente, el primero que el gobierno intento aprobar de forma aislada en mayo de 2022. Tres años despues reaparecio camuflado dentro del codigo.
Articulo 192: Difusion de audios o imagenes sin consentimiento. Bajo este articulo, publicar un video o un audio de un funcionario publico sin su autorizacion previa podria costarte entre dos y diez años de carcel. Un funcionario que recibe salario del pueblo dominicano tendria el poder de decidir si ese pueblo puede o no ver lo que el hace.
El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar.
La disposición establece penas de dos a cinco años de prisión menory multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público cuando la conducta sea cometida mediante cualquier medio de difusión.
…y lo peor, no importa si la afirmación es verdad.
En lo relativo a la difamacion e injuria: En Estados Unidos y en la gran mayoria de democracias occidentales, la difamacion no es delito penal, sino civil.
La razon es clara: penalizarla inhibe el debate publico y protege a los poderosos del escrutinio. En Republica Dominicana, este articulo amenaza con penas de dos a diez años, equivalentes a las de delitos con daño fisico real.
Articulo 299: Alteracion de precios. Quizas el mas absurdo de todos. Si un ciudadano publica en redes sociales que “la cosa esta cara” y el gobierno decide que esa queja contribuyo a que algun comerciante subiera sus precios, ese ciudadano podria enfrentar de seis meses a un año de prision.
Criticar el costo de la vida es, bajo este articulo, un posible crimen.
Articulo 310: Ultraje. Este articulo penaliza pronunciar palabras, gestos o enviar mensajes que sean considerados ofensivos hacia un funcionario, incluso en la privacidad del hogar. No publicamente. En privado.
El propio presidente, cuando se le pregunto al respecto, se hizo el loco y admitió no haberlo leído despues de que el codigo fue promulgado bajo su firma, de puño y letras.
El presidente no lee lo que firma? Esa respuesta genera una pregunta inevitable: si no lo leyo antes, quien lo escribio?
Articulo 173: Discriminacion. Las personas que critican la migracion irregular podrian quedar expuestas bajo este articulo, al catalogarse sus expresiones como discurso de odio. Las penas oscilan entre uno y diez años.
Se rumora que este artículo fue introducido para proteger a la diáspora libanesa que estaba siendo altamente criticada por sus vínculos con Hezbollah.
Articulo 80: Discriminacion realizada por funcionario. Pero tambien el ciudadano que llame a un funcionario por su origen etnico o nacional, aunque sea en tono coloquial, podria enfrentar entre uno y diez años de carcel.
Articulo 309: Amenazas. Lo que mas llama la atencion aqui es que el codigo incluye la llamada “amenaza con difamacion”. Es decir, si alguien le dice a un funcionario “voy a revelar lo que hiciste en tal institucion”, eso puede ser interpretado como amenaza y resultar en penas de hasta diez años.
Denunciar la corrupcion podria, bajo este articulo, convertirse en un acto criminal.
Articulo sobre hostigamiento e intimidacion: Si un periodista o comunicador produce varios videos criticando al mismo funcionario, el codigo lo habilitaria a acusarlo de bullying o hostigamiento. Esto, en la practica, destruye la posibilidad de una cobertura sostenida sobre temas de interes publico.
Cuando la periodista Judith Febles pregunto al presidente Abinader sobre el articulo 310, relativo al ultraje, la respuesta fue desconcertante:
“Yo se que fue algo muy rapido, no se si ustedes lo notaron o que fue lo que paso. Yo lo lei despues del codigo.”
El presidente de la Republica admitio, frente a las camaras, no haber leido su propio codigo penal antes de que fuera promulgado bajo su nombre y firma.
Once articulos que violan la libertad de expresion pasaron, segun sus propias palabras, sin su conocimiento. Sin embargo, cuando se le pregunto sobre la prescripcion de los delitos de corrupcion, fijada en veinte años bajo ese mismo codigo, mostro mucha mayor soltura en la defensa de esa medida.
El contraste es revelador. En la prescripcion de delitos de funcionarios, el presidente tiene claridad y firmeza. En los articulos que amordazan al ciudadano, dice no saber.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Henry Molina, reporto que cada año llegan a la justicia dominicana 34,000 casos, de los cuales solo el 24 por ciento se resuelven. Ademas, 15,000 personas permanecen en prision preventiva sin que su caso haya sido investigado.
El sistema, en sus propias palabras, ha colapsado. Y Luis Abinader pretende agregar o asfixiar con decenas de miles de casos por “delitos de opinion” a ese sistema no es reforma. Es colapso deliberado.
EL ESPIONAJE QUE SE NORMALIZO
El programa Pegasus, segun se ha denunciado, habilita al gobierno dominicano a espiar simultaneamente a 50,000 personas. Esa capacidad cobra una nueva y siniestra dimension cuando se la combina con el articulo 310, que penaliza el ultraje incluso en privado.
La pregunta que emerge es logica: como sabra el gobierno que alguien ultrajo a un funcionario en la intimidad de su hogar? La respuesta, que nadie en el poder se apresura a dar, apunta directamente a la vigilancia electronica.
La comentarista Edith Febles, al referirse a las intervenciones telefonicas, las presento como algo historico y casi rutinario, un habito que “existe en todos los ambitos”.
Cuando Luis Abinader asumio la presidencia, publico en su cuenta de Twitter que el licenciado Luis Soto dirigiria el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) “por primera vez como civil, abogado, que va a proteger la seguridad del Estado respetando la privacidad de los ciudadanos y respetando la ley”.
Esa promesa y la realidad que describe Feble son dificiles de reconciliar.
Luis Abinader ha creado el ambiente perfecto para la impunidad, hasta el punto de que Gregory Adames testigo estrella del caso Jet Set dijo que las mayorias de las plataformas estan calladas en Republica Dominicana.
“Es penoso ver que aqui esta todo el mundo callado, practicamente todo el mundo callado.”
Mientras los medios guardan silencio, quienes denuncian son los comunicadores independientes digitales. La oposicion politica, ha optado por esperar a que se acerquen las elecciones para reactivarse.
Esa ausencia tiene consecuencias reales.
Quien llena ese vacio no son los partidos, sino las personas que con mucho menos recursos y mucha mas exposicion al riesgo deciden hablar de todas formas.
En momento en que el senador Ben Cardin señaló que existe preocupacion especifica no solo por lo que ocurre en Haiti, sino por el compromiso real de los gobiernos de Luis Abinader para combatir la corrupcion.
Cardin también señaló que una ley aprobada en la Ley de Autorizacion de Defensa Nacional exige estrategias concretas a los paises aliados en ese sentido.
Republica Dominicana aparece en ese radar. Y mientras aparece en ese radar, su gobierno trabaja para que los ciudadanos no puedan hablar libremente de lo que ocurre dentro de sus propias fronteras.
Vale la pena decirlo con claridad, porque la comparacion importa. En Estados Unidos:
La difamacion no es delito penal. Se resuelve en tribunales civiles.
Quejarse de los precios en redes sociales no tiene ninguna consecuencia legal. Criticar a un funcionario publico, incluso con dureza, esta protegido por la Primera Enmienda.
Un apodo o una broma sobre un politico es, en la practica, discurso protegido. Hacer varios videos criticando a la misma persona no constituye hostigamiento penal.
Republica Dominicana no es Estados Unidos. Pero si aspira a ser una democracia comparable, vale preguntarse por que sus leyes van en la direccion opuesta.
La chispa adecuada…
Tres veces por año, durante tres años, Luis Abinader ha intentado restringir lo que los dominicanos pueden decir, publicar, comentar o denunciar. Nueve proyectos fallaron. Sin embargo, la idea no murio.
Simplemente cambio de vehiculo y llego al Codigo Penal.
Once articulos. Cada uno de ellos capaz de enviar a la carcel a una persona por hablar. Por quejarse. Por criticar. Por recordarle a un funcionario que trabaja para el pueblo.
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