Algo anda mal!
En mayo de 2026, la administración de Luis Abinader designó, mediante decreto, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbollah como organizaciones terroristas. La Cancillería comunicó la medida a través de un texto enviado a los medios, enmarcándola dentro del cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Fue, sin duda, un paso correcto. Pero también fue, en la práctica, un anuncio administrativo: una nota de prensa institucional, sin que el propio presidente lo anunciara personalmente ante el país, y sin que se conociera públicamente ninguna instrucción operativa dirigida a los organismos de inteligencia o seguridad del Estado para aplicarlo en el terreno.
Si comparamos ese episodio con lo que ocurrió apenas un año antes. En febrero de 2025, Luis Abinader declaró personalmente, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, que las bandas criminales haitianas eran organizaciones terroristas. No lo hizo mediante un comunicado de cancillería leído por terceros. Lo anunció con su propia voz e instruyó de manera explícita la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista, ordenando a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado tomar las acciones necesarias para prevenir incursiones de esos grupos en territorio nacional. Es decir, hubo un mecanismo institucional real, con instrucciones concretas y consecuencias operativas inmediatas.
La diferencia entre ambos episodios no es menor, y merece ser señalada con toda claridad. Frente a Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán, grupos con capacidad de financiamiento político internacional, con presencia documentada en el hemisferio y con vínculos ya rastreados en territorio dominicano durante casi 25 años, la respuesta del Estado dominicano fue un decreto comunicado por escrito. Frente a las bandas haitianas, el mismo Estado activó de inmediato toda su arquitectura institucional antiterrorista. ¿Por qué la amenaza que llega por mar, con redes financieras sofisticadas y alcance internacional, recibió un tratamiento confuso y mareador, mientras la amenaza que llega por tierra, desde el país vecino, recibió una movilización institucional completa? Esta pregunta, por sí sola, ya debería obligarnos a examinar la clave digital y con lupa cómo se legisla realmente el tema del terrorismo en República Dominicana.
Y es precisamente en ese contexto donde debe entenderse lo que ocurrió después con el nuevo Código Penal catalogado por el pueblo dominicano como una ley mordaza.
Cada cierto tiempo, la administración de Luis Abinader necesita crearle a su pueblo un problema que en realidad estaba resuelto. Esta semana asistimos a un ejemplo casi perfecto de esa estrategia. Circuló una información que presentaba el nuevo Código Penal dominicano como una reforma que introducía 70 nuevos delitos, entre ellos el financiamiento al terrorismo, el reclutamiento para el terrorismo y la incitación al terrorismo. El medio de Nuria Piera, publicó esta versión el 25 de julio de 2026. Poco después, Julio Hazim la replicó en su programa. Varios medios adicionales hicieron eco de la misma narrativa. Sin embargo, una revisión directa del texto legal desmiente por completo esa versión, y lo hace de una manera que merece ser explicada con calma, porque el detalle importa.
Una mentira que se puede verificar en segundos
La palabra terrorismo aparece una sola vez en la nueva ley. Una sola vez, dentro del artículo sobre asociación de malhechores agravada. No aparece en ninguna otra parte del código promulgado, ni tampoco en la ley 4426, que modifica la 7425. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es un hecho verificable por cualquiera que abra el documento y use la función de búsqueda. Por lo tanto, presentar el financiamiento, el reclutamiento y la incitación al terrorismo como delitos nuevos es, como mínimo, impreciso.
Como máximo, es una manipulación deliberada. Estos delitos ya existían desde 2008, bajo el gobierno de Leonel Fernández, con penas claramente establecidas en una ley específica sobre terrorismo.
Aquí es donde la historia se pone más interesante, porque lo que en realidad cambió no fue la existencia de estos delitos, sino las penas asociadas a ellos, y cambiaron en la dirección contraria a la que se anunció públicamente.
Lo que de verdad se propuso: penas más bajas, no más altas
La ley de 2008 fijaba de 2 a 5 años para la incitación o apología al terrorismo. La propuesta llevada al Congreso mantuvo ese rango exactamente igual. Hasta ahí, no hubo ni avance ni retroceso.
Pero cuando se observa el artículo sobre reclutamiento con fines terroristas, la situación cambia. La ley de 2008 establecía de 10 a 20 años para este delito. La propuesta del Ejecutivo la redujo a un rango de 5 a 10 años. Es decir, se propuso reducir a la mitad el margen inferior y también el margen superior de la pena para quien recluta personas con fines terroristas.
El caso del financiamiento al terrorismo es todavía más revelador. La ley de 2008 preveía de 20 a 30 años de prisión. La propuesta del gobierno la bajó a un rango de 10 a 20 años. En otras palabras, mientras la comunicación oficial y los medios afines hablaban de endurecimiento, el texto real que se llevó al Congreso proponía reducir en 10 años tanto el mínimo como el máximo de la pena para financiar terrorismo.
Sin embargo, hay algo todavía más importante que las cifras mismas: el contexto en el que se produjo esta propuesta. No hablamos de un país sin historial en esta materia. Hablamos de una nación con casi 25 años de episodios documentados por medios internacionales, organismos multilaterales y el propio Congreso de Estados Unidos, que apuntan a que República Dominicana ha servido, de un modo u otro, como nodo logístico para el extremismo. Reducir penas en ese contexto no es un detalle técnico. Es una decisión política que merece ser explicada, no minimizada con información falsa sobre supuestos delitos nuevos.
Para la administración de Luis Abinader un delito de opinión debe conllevar penas más drásticas que el terrorismo, narcotrafico y tráfico de armas de guerra para Haití.
Y no termina ahí. Tampoco hay modificaciones relevantes contra el tráfico de drogas ni contra el tráfico de armas en este nuevo código. Estos tres frentes (terrorismo, narcotráfico y armas) quedaron prácticamente intactos. A esto se suma que el tráfico de cocaína fue excluido de agravantes que sí existían anteriormente, lo cual ha llevado a que incluso señalar o exhibir fotografías de personas dedicadas a este tipo de actividad conlleve penas mayores que las que enfrentan quienes trafican con la sustancia. Cuando se observan estos tres elementos en conjunto (terrorismo, drogas y armas, todos protegidos de un endurecimiento real) resulta razonable preguntarse si existe un patrón, y no una simple coincidencia legislativa.
Casi 25 años de antecedentes que exigen atención
El caso más antiguo documentado se remonta al 11 de septiembre de 2001. Según relató la funcionaria Angelita Peña al Listín Diario en una publicación del 14 de septiembre de 2018, ella emitió, siendo cónsul dominicana en Hamburgo, un visado dominicano a Mohamed Atta, ingeniero egipcio y piloto del vuelo 11 de American Airlines que impactó una de las Torres Gemelas. Atta solicitó ese visado meses antes del atentado. Tres semanas antes del 11 de septiembre, viajó a Puerto Plata por una semana, según el mismo relato, junto a un número indeterminado de personas vinculadas al extremismo, con el propósito de sostener una de sus últimas reuniones antes del ataque. La CIA determinó, según ese reportaje, que varios boletos aéreos utilizados por otros implicados en el atentado fueron adquiridos y enviados desde territorio dominicano. Cuatro días después del ataque, la propia Peña fue contactada por la CIA, que en un principio la señaló como la persona que había emitido el visado.
Este antecedente, por sí solo, ya debería bastar para que cualquier país tomara con máxima seriedad su legislación antiterrorista. Pero el historial continúa.
En años más recientes, el sitio El Testigo documentó cómo el tanquero Bocanica, sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con Hezbollah y con Irán, zarpó desde República Dominicana hacia Venezuela transportando contrabando de petróleo. Conviene recordar que Irán, incluso en épocas anteriores de la política dominicana, ha sido señalado por financiar a través de distintos canales a actores políticos en el país, lo cual añade una capa adicional de preocupación a este episodio.
Por otra parte, el diariojudio reportó el 9 de julio de 2009 el desmantelamiento de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero vinculada a Hezbollah. Según ese reportaje, basado en información de la Procuraduría de Curazao, la organización importaba alrededor de 2,000 kilogramos de cocaína anualmente y sostenía una red con organizaciones del Medio Oriente para financiar económicamente a Hezbolá. De los 17 sospechosos, de origen venezolano, colombiano, libanés y cubano, se documentó que habían invertido grandes sumas de dinero en Colombia, Venezuela, el Líbano y República Dominicana.
Esta misma red aparece descrita en un documento educativo de la Joint Special Operations University de Estados Unidos, escrito por el coronel Russell Howard en octubre de 2013 y utilizado para formar oficiales militares estadounidenses. El hecho de que un caso documentado en Curazao en 2009, con inversiones señaladas en República Dominicana, termine años después como material de estudio en una academia militar estadounidense confirma que esto no fue un episodio aislado ni una exageración mediática, sino un caso tomado en serio por instituciones serias.
A esto se suma el testimonio del coronel español Vicente Reig, especialista en la lucha contra ETA, quien en un artículo publicado el 1 de octubre de 2025 en Delta News, titulado sobre las redes de financiación y estrategias ocultas de Hezbolá en América, describió el Caribe como una región con débiles sistemas de control fronterizo, históricamente utilizada como puente para el contrabando y el narcotráfico, donde Hezbollah encontró la posibilidad de insertarse en los mismos circuitos utilizados por carteles colombianos y mexicanos. Reig señaló específicamente que República Dominicana ha sido identificada en informes de seguridad como uno de los puntos donde simpatizantes o células de apoyo logístico de Hezbolá han establecido contactos con redes criminales locales.
El patrón se repite en casos que involucran directamente el sector turístico. En 2015, Listin Diario reportó, el 7 de febrero de ese año, que el Departamento Nacional de Investigaciones confirmó que una pareja de ciudadanos franceses, vinculada por el gobierno de Francia al movimiento yihadista, había estado de vacaciones en Punta Cana el año anterior. Este episodio guarda una conexión temática con el atentado contra la revista Charlie Hebdo y refuerza la idea de que República Dominicana, y en particular sus zonas turísticas, ha sido utilizada en más de una ocasión como punto de tránsito o descanso por personas vinculadas al extremismo.
Ese mismo año, autoridades allanaron una propiedad en Casa de Campo, otra zona turística de primer nivel, en un operativo relacionado con un sobrino de la esposa de Nicolás Maduro. Según CDN, en una publicación del 13 de noviembre de 2015, la fiscalía de Nueva York buscaba en ese entonces a Tareck El Aissami, señalado por Estados Unidos por sus vínculos con Hezbolá. El Aissami, político venezolano de origen libanés, llegó a ser promovido por sectores cercanos a Hezbolá como un posible sucesor en la presidencia de Venezuela, lo cual habría generado preocupación en el propio chavismo por la posibilidad de perder el control directo del proceso sucesorio frente a una influencia externa.
El excanciller libanés Gebran Bassil añade otra pieza a este historial. Bassil fue sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2020, según reportó AP News, por sus vínculos con Hezbolá, después de que rechazara presiones de Washington para distanciarse del grupo. Según El Nacional, en una publicación del 24 de noviembre de 2016, Bassil visitó República Dominicana ese mes y fue recibido con un almuerzo ofrecido por Luis Abinader, entonces candidato presidencial. La relación no terminó ahí. Bassil invitó posteriormente a Abinader a un evento de la diáspora libanesa en el Líbano, donde este último tuvo el honor de realizar la apertura oficial del evento. Cabe preguntarse, sin necesidad de imputar ningún delito a nadie, por qué una figura sancionada por Washington debido a sus lazos con un grupo terrorista mantuvo una relación de esta cercanía con quien hoy es presidente de la República.
El caso del cargamento de 1,000 kilogramos de cocaína incautado en el aeropuerto de La Romana, otra zona turística, en diciembre de 2011, añade una capa adicional al patrón. Según el periódico Hoy, en su edición del 15 de diciembre de 2011, la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó esta cantidad de cocaína escondida en 20 maletas que serían transportadas a Bélgica en un avión privado. Fueron arrestadas 17 personas, entre civiles y militares, incluyendo dos extranjeros: el neerlandés Nicolas Epskamp y el ciudadano identificado como Rawson Edward Watson. El vocero de la DNCD en ese entonces explicó que se trataba de una estructura importante de tráfico de drogas que introducía cargamento en la zona este del país para luego enviarlo a Estados Unidos y Europa, y que a esa red pertenecían varios ciudadanos libaneses buscados por la justicia.
El diario El Nacional amplió esta información el 16 de diciembre de 2011, señalando que el avión utilizado pertenecía a una reconocida familia empresarial dominicana, con miembros que ocupan o han ocupado cargos en el gobierno, y de origen libanés. Esa familia nunca fue investigada formalmente ni imputada, y el caso judicial se concentró únicamente en los cabecillas de menor perfil. Casi un año después, el 15 de noviembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Nueva York, presentó cargos formales contra los implicados por conspiración para el tráfico de cocaína con un cargamento valorado en más de 30 millones de dólares. El comunicado detalla que los detenidos habían gestionado el traslado de un avión matriculado en Estados Unidos desde República Dominicana hacia Bélgica, y que fueron arrestados en territorio dominicano el mismo día del decomiso, mientras abordaban la aeronave.
Ese mismo comunicado menciona a un tercer implicado, identificado como Nayef Fawaz, arrestado en Panamá el 24 de junio de 2012 y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses, donde fue procesado el 5 de julio de ese año. Este nombre resulta especialmente relevante porque, según un documento presentado ante el Congreso de Estados Unidos sobre el financiamiento de Hezbollah, Fawaz fue también arrestado en Panamá el 24 de julio de 2012 e imputado por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas, actividades que, según ese mismo documento, realizaba en beneficio de la República Islámica de Irán. Es decir, lo que en un primer momento se presentó públicamente como un caso más de narcotráfico terminó, al seguir el rastro de uno de sus protagonistas, conectado con el financiamiento de actividades extremistas vinculadas a Irán y, por extensión, a Hezbolá.
Finalmente, hay un elemento que no puede quedar diluido dentro de este análisis: el terrorismo haitiano mueve armas a través de territorio dominicano, y las mueve específicamente hacia Haití cruzando la frontera dominicana. Cuando en este artículo se habla de terrorismo haitiano, no se trata de una etiqueta improvisada ni de una opinión personal. Se trata de una designación oficial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a estas bandas como organizaciones terroristas globales, y el propio presidente Luis Abinader hizo lo mismo en territorio dominicano en febrero de 2025, mediante el Decreto 104-25, catalogando de forma nominal a más de dos decenas de estos grupos armados. Por lo tanto, cuando se habla aquí de terrorismo haitiano, se habla exactamente con el mismo rigor jurídico con el que el propio Estado dominicano y su principal aliado internacional han decidido nombrarlo.
Y es justamente por eso que la inacción resulta tan difícil de justificar. La ONU ya había advertido en informes previos que el terrorismo haitiano utiliza territorio dominicano para mover armas. El Departamento de Estado de Estados Unidos también reveló que existen personas imputadas precisamente por mover armamento a través de República Dominicana. Y recientemente, en el Senado de Estados Unidos, en una intervención pública que se le atribuye a Justin Gorkowski, se volvió a subrayar que las armas de guerra que llegan a Haití entran por República Dominicana.
El peligro que esto representa para la seguridad nacional dominicana no puede subestimarse. No hablamos de un fenómeno externo que simplemente sobrevuela el país sin tocarlo. Hablamos de organizaciones designadas como terroristas, tanto por Washington como por el propio Palacio Nacional, que tienen la capacidad demostrada de esconder armamento dentro de suelo dominicano y moverlo desde ahí hacia un conflicto activo a pocos kilómetros de la frontera. Un país que permite, aunque sea por omisión, que estructuras terroristas utilicen su territorio como bodega y como corredor de armas se expone a al menos tres riesgos concretos.
Primero, el riesgo de que ese mismo armamento, o parte de las redes que lo mueven, termine siendo utilizado dentro del propio territorio dominicano, en momentos de tensión fronteriza o de crisis migratoria.
Segundo, el riesgo reputacional y diplomático de que organismos internacionales, agencias de inteligencia extranjeras o calificadoras de riesgo comiencen a considerar a República Dominicana como un país de tránsito para el terrorismo, lo cual tendría consecuencias directas sobre la inversión extranjera, la banca corresponsal y, paradójicamente, sobre el propio turismo que se dice proteger.
Y tercero, el riesgo de que la impunidad prolongada envíe una señal, tanto a estos grupos como a otros actores extremistas ya documentados en este artículo, de que República Dominicana es un territorio de bajo riesgo operativo para este tipo de actividad.
El gobierno dominicano sabe cómo opera esta ruta. Sabe que el terrorismo haitiano mueve armas a través de su territorio hacia Haití. Y aun sabiéndolo, hasta el momento ninguna sentencia ha condenado a una sola persona en el país por este delito bajo la ley de 2008, que contempla penas de 20 a 30 años para el tráfico de armas destinadas a grupos terroristas. Conviene aclarar, porque es importante decirlo con toda claridad, que la inmensa mayoría de los haitianos no tiene absolutamente nada que ver con estas bandas, y que el propio pueblo haitiano es la principal víctima de esta situación. El problema señalado aquí corresponde a grupos delictivos específicos, formalmente designados como terroristas, que en presunta combinación con actores corruptos en suelo dominicano se han beneficiado del caos en la frontera y del control del tráfico de drogas.
Dos episodios adicionales que merecen mención, con el debido cuidado
Existen otros dos episodios que forman parte de esta historia y que, aunque no cuentan con un nombre propio confirmado en las fuentes disponibles, refuerzan el patrón general y merecen mencionarse con el lenguaje condicional apropiado.
Se ha señalado, en relatos que han circulado sobre el tema, que un empresario franco-libanés, casado con una diplomática dominicana y residente en la zona este del país, habría actuado como intermediario en la liberación de periodistas franceses secuestrados por Hezbollah. De comprobarse, este episodio constituiría otro ejemplo de cómo República Dominicana ha sido, en más de una ocasión, un punto de contacto entre actores vinculados a este grupo y situaciones de relevancia internacional. Este caso, según se ha mencionado, fue objeto de reportajes que posteriormente enfrentaron procesos legales orientados a que se retirara la información publicada, lo cual, de por sí, sugiere que el tema generó suficiente interés como para motivar acciones legales en su contra.
De manera similar, se ha comentado que existiría, dentro de la estructura de gobierno actual, alguna persona con vínculos al financiamiento de bandas haitianas señaladas como terroristas. Esta afirmación, al no contar con un nombre identificado ni con una fuente documental específica citada, debe entenderse estrictamente como una alegación sin confirmar. Sin embargo, se incluye aquí porque, de ser cierta, encajaría dentro del mismo patrón que el resto de los casos documentados en este artículo: la posibilidad de que actores con capacidad de influencia dentro del propio Estado dominicano tengan algún grado de cercanía con estructuras vinculadas al extremismo o a su financiamiento.
La contradicción central
Aquí es donde el argumento se vuelve ineludible. Un gobierno que promueve una ley que persigue con mayor dureza a los comunicadores que difundan información falsa utilizó, a través de medios afines, información falsa para presentar como logro propio algo que ya existía desde 2008. Y mientras tanto, en el fondo del texto legal, ese mismo gobierno propuso reducir las penas para el financiamiento y el reclutamiento con fines terroristas. Esta contradicción no es menor. Por el contrario, es el centro de todo el asunto.
Cuando se analiza este comportamiento en conjunto con el patrón de casi 25 años de vínculos documentados entre República Dominicana y estructuras relacionadas con el extremismo, y con la ausencia total de condenas por tráfico de armas para grupos terroristas a pesar de la evidencia internacional disponible, resulta razonable preguntarse si la explicación oficiosa (proteger al turismo y evitar mayor escrutinio financiero internacional) es la explicación completa, o si simplemente es la más conveniente de presentar públicamente.
Además, conviene situar esta discusión dentro de un contexto más amplio. Lo que está ocurriendo en España, especialmente en en Ceuta. donde el ingreso de decenas de miles de personas en edad militar desde Marruecos ha generado preocupación legítima sobre posibles infiltraciones, y donde leyes similares a la dominicana han limitado la capacidad de la población para advertir sobre estos riesgos, debería servir de advertencia. República Dominicana no puede actuar de espaldas a lo que ocurre en el resto del mundo. Las señales están ahí desde hace más de dos décadas. Lo que falta no es información. Lo que falta es voluntad política para actuar sobre ella con seriedad, en lugar de disminuir las herramientas legales disponibles mientras se distribuye información falsa sobre un supuesto endurecimiento que nunca existió.
En el fondo, el propósito de este artículo se reduce a una sola idea, y esa idea es la que debería quedar resonando en cada lector.
No tiene ningún sentido que una administración persiguiera, de manera activa y a través de una propuesta legislativa concreta, disminuir las penas para el financiamiento y el reclutamiento del terrorismo.
No tiene sentido en un país con el historial que aquí se ha documentado. No tiene sentido en un país que, apenas meses antes, había activado todo su aparato antiterrorista frente a las bandas haitianas y que, apenas semanas después de esta reforma, designaría también a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas.
No tiene sentido que ese mismo Estado, que reconoce formalmente estas amenazas, haya intentado simultáneamente reducir a la mitad las penas para quienes las financian y reclutan.
Se rumora que República Dominicana evita imputar a nadie bajo la ley antiterrorista para no perjudicar al turismo ni exponer la banca a mayor escrutinio internacional. Basta una condena para que el país entre en radares de riesgo global, obligando a bancos y aerolíneas a extremar controles. Por eso, aunque hay casi 25 años de vínculos documentados con Hezbolá, Irán y el terrorismo haitiano, la impunidad conviene más que la justicia.
Y al llegar al final de este recorrido, queda una pregunta que este artículo no puede responder por sí solo, porque no existe una explicación oficial satisfactoria que la resuelva: ¿por qué, con toda esta evidencia acumulada durante casi 25 años, con el terrorismo haitiano moviendo armas de manera documentada a través del territorio nacional, con redes de financiamiento vinculadas a Hezbollah e Irán detectadas en suelo dominicano en múltiples ocasiones, y con un narcotráfico que ha demostrado su capacidad de comprar aviones, sobornar estructuras y mover toneladas de droga desde zonas turísticas, el nuevo Código Penal no endureció las penas para el terrorismo, no endureció las penas para el narcotráfico, y no endureció las penas para el tráfico de armas?
Esa pregunta queda abierta. Y mientras no exista una respuesta clara y convincente por parte de quienes redactaron y promovieron esta reforma, la sospecha de que hay algo más detrás de esta decisión seguirá siendo, para cualquier dominicano informado, no solo razonable, sino necesaria.
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