Santo Domingo.– A pocas horas de que entrara en vigor el arancel de un 12.5 % impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, mediante el cual se prohíbe la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso y se establecen mecanismos para investigar y bloquear este tipo de productos.
La disposición, que comenzó a aplicarse de manera simultánea con la medida comercial estadounidense, faculta a la Dirección General de Aduanas para investigar, retener e impedir el ingreso al país de mercancías sobre las que existan indicios de haber sido elaboradas mediante trabajo forzoso. Asimismo, el Ministerio de Trabajo será el organismo encargado de evaluar técnicamente cada caso.
El decreto también obliga a los importadores a ofrecer información sobre sus cadenas de suministro, crea un registro de productos cuya importación haya sido prohibida y establece procedimientos administrativos para garantizar el derecho de defensa de las partes involucradas.
En el documento, el Gobierno señala que la medida responde a los compromisos asumidos por el país en el marco del DR-Cafta y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el propósito de fortalecer la transparencia de las cadenas de suministro y proteger la reputación comercial de la República Dominicana.
La emisión del decreto coincide con la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12.5 % a los productos dominicanos, al considerar que el país no contaba con controles suficientes para impedir el comercio de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. Aunque la nueva normativa no evita la aplicación inmediata del gravamen, representa un paso para alinearse con las exigencias del mercado estadounidense y podría contribuir a futuras revisiones de las medidas comerciales.
Ante este escenario, representantes del sector productivo respaldaron el fortalecimiento del marco regulatorio. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sostuvo que el país debe reforzar su competitividad y la confianza de sus socios comerciales mediante instituciones sólidas y mecanismos eficaces de cumplimiento.
Por su parte, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) manifestó preocupación por la incertidumbre generada por los cambios en las reglas del comercio internacional, aunque expresó su confianza en que el diálogo entre ambos gobiernos permita mantener condiciones favorables para las exportaciones nacionales.
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