La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, vinculado al caso de presunta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El Ministerio Público calificó el fallo como “plagado de vicios procesales graves” y sostuvo que fue emitido por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pese a que, según la Pepca, ese tribunal había sido desapoderado del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado informaron que la decisión les fue notificada el jueves y que cuentan con un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación. Además, argumentaron que la jueza desnaturalizó la figura jurídica de la astreinte al fijar una suma que, a su juicio, funciona como una indemnización improcedente para un imputado en un caso de corrupción.
La resolución dispone el pago de RD$7,560,000 por la liquidación de una astreinte relacionada con bienes que, según el Ministerio Público, ya fueron devueltos al acusado. Álvarez Carbuccia también reclama la entrega de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor estimado ronda los RD$3,000.
La Pepca también sostiene que el tribunal que actualmente conoce el proceso penal no tiene competencia para decidir sobre esa reclamación, al tratarse de un asunto de naturaleza administrativa.
El juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás implicados, entre ellos Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), está pautado para el 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
De acuerdo con la acusación, la supuesta red habría cometido irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, además de incurrir en delitos como lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad y otras infracciones vinculadas a alta tecnología, contrabando y violación a la Ley de Armas.
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