Fuente: Hoy Digital
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto 672-26, una iniciativa promovida por el presidente Luis Abinader que ordena a las entidades públicas destinar exclusivamente sus contrataciones para programas sociales, alivio de la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y servicios de salud a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector industrial nacional.
Esta disposición se basa en lo establecido por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer la producción interna y fomentar la generación de empleo.
Aspectos fundamentales y alcance de la normativa
Exclusividad para la industria nacional: Las adquisiciones públicas vinculadas a programas especiales deberán realizarse obligatoriamente con bienes y servicios de fabricación dominicana, prohibiendo cualquier intermediación no autorizada.
Impacto en instituciones sociales relevantes: La medida afecta directamente a dependencias estatales dedicadas a la asistencia y protección sectorial, como el Ministerio de Educación (MINERD), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, así como los ministerios de Defensa y Vivienda (MIVHED).
Requisitos y acreditación formal: Las empresas interesadas deben cumplir con tres requisitos esenciales: contar con el Registro Industrial otorgado por PROINDUSTRIA, poseer la Certificación MIPYMES (o MIPYMES Mujer) expedida por el MICM y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Gobernanza y supervisión: Se crea una Mesa de Articulación Interintegrada entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar la oferta productiva nacional y supervisar el cumplimiento de esta directriz.
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