Fuente: Listin diario
Esta propuesta pretende modernizar el marco normativo del Sistema Dominicano para la Calidad, con el propósito de salvaguardar la salud de los seres vivos y el medio ambiente.
La Cámara de Diputados concluyó este martes el proceso legislativo de un proyecto que busca actualizar la regulación del Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal).
Esta iniciativa, pendiente de ser discutida en una única lectura en el Senado de la República, tiene como finalidad proteger la salud tanto de los seres vivos como del entorno natural.
Para alcanzar este objetivo, se plantean sanciones dirigidas a las empresas cuyos productos o servicios perjudiquen a la población dominicana o al ecosistema.
Los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Venerado Castillo, impulsores de la propuesta, sugieren en el texto castigar a quienes comercialicen bienes o servicios que no cumplan con los estándares de calidad, inocuidad y seguridad establecidos por las autoridades gubernamentales.
Según el artículo 91 del proyecto, esta infracción podría conllevar una multa de hasta 200 salarios mínimos del sector público, equivalentes a RD$2 millones.
De igual manera, las instalaciones o sistemas productivos que incumplan con las buenas prácticas de higiene, manufactura y agrícolas estarían sujetas a una sanción económica de hasta RD$1 millón a favor del Estado.
Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) proponen estos montos, que no están contemplados en la actual normativa del SIDOCAL contenida en la Ley 166-12.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) mantendría la responsabilidad de aplicar estas medidas, tal como se reafirma en el artículo 95.
En caso de ser aprobado en el Senado, la decisión final quedaría en manos del presidente Luis Abinader, quien podrá observarla o promulgarla.
Sanciones adicionales
Las multas mencionadas se sumarían a las ya contempladas en la Ley 358-05, que regula al Pro Consumidor.
Dicha legislación considera en su artículo 110 como faltas muy graves las relacionadas con la sanidad del producto o bien, así como aquellas prácticas comerciales que impliquen alteraciones o maniobras para ocultar dichas irregularidades.
También incluye aplicar precios o márgenes comerciales considerablemente superiores a los límites autorizados para productos o servicios regulados previamente, negarse a facilitar información o colaborar con inspecciones realizadas por las autoridades, entre otras infracciones.
Estas violaciones podrían acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos, equivalentes a RD$5 millones, "con posibilidad de exceder esa suma hasta alcanzar cinco veces el valor de los productos o servicios objeto de la infracción".
Sanciones complementarias
La Ley del Pro Consumidor establece en su artículo 111 medidas adicionales que pueden aplicarse junto con las multas mencionadas.
Entre ellas figura el decomiso o destrucción de productos, envoltorios, empaques, envases, material impreso, etiquetas y material publicitario, siempre que se cuente previamente con autorización judicial.
Asimismo, puede prohibirse la venta o prestación del servicio y ordenarse la clausura del establecimiento.
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