Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
El presunto entramado de corrupción denominado Antipulpo, al cual el Ministerio Público atribuye un desfalco al Estado superior a los RD$5,000 millones, sigue inmerso en un complejo proceso judicial. La Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde actualmente se dirime la disputa por las inconformidades respecto a las sentencias y absoluciones emitidas en primera instancia, dispuso ayer un nuevo aplazamiento en la tramitación de los recursos de apelación presentados en el caso.
Este es el tercer retraso consecutivo que ha decretado la primera Sala Penal del tribunal durante septiembre de 2026, posponiendo para el 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana la nueva audiencia. Además, otorgó plazos para que los abogados defensores completen y presenten escritos de defensa y para asegurar la adecuada representación técnica de todos los acusados.
¿Quiénes apelan y por qué?
Los dos bandos en este escenario judicial son los condenados en primera instancia, quienes rechazan las penas impuestas, y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Por un lado están Juan Alexis Medina Sánchez, considerado el principal cabecilla de la red empresarial implicada; José Dolores Santana y Wacal Vernabé Méndez Pineda, sentenciados a 7, 6 y 5 años de prisión, respectivamente.
Medina Sánchez interpuso un recurso de apelación con la intención de que se anule por completo el fallo del segundo tribunal colegiado y se invaliden los cargos que le fueron imputados.
Por su parte, Santana y Méndez Pineda, integrantes del mismo grupo, buscan que se revoquen o reduzcan las sanciones penales dictadas en su contra.
Inconformidad del Ministerio Público
Insatisfecho con el veredicto inicial, el órgano acusador apeló con el propósito principal de aumentar las penas impuestas a los condenados y revertir las absoluciones otorgadas a 13 imputados durante el juicio original.
Entre las absoluciones más destacadas que el Ministerio Público intenta modificar están las de Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del DONPER, para quien solicitan una condena de 10 años; Fernando Rosa, exdirector de esa misma entidad; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén y Aquiles Christopher Sánchez Germosén.
En la acusación formal del caso Antipulpo, el Ministerio Público calculó en más de RD$4,796 millones el fraude directo atribuido a licitaciones irregulares, sobrevaloraciones y contratos adeudados o cobrados mediante la red empresarial liderada por Alexis Medina Sánchez, quien junto a Carmen Magalys es hermano del expresidente Danilo Medina.
Las instituciones afectadas incluyen además del Fonper, a la Oisoe y Salud Pública.
Además de las penas privativas de libertad, los abogados del Estado dominicano solicitan una reparación e indemnización por daños y perjuicios cercana a los RD$24,000 millones.
Los acuerdos negociados
El expediente original del caso Antipulpo involucra a 27 personas físicas y 21 empresas jurídicas. Varios imputados clave como Francisco Pagán, exdirector de la OISOE; Julián Suriel Suazo y otros alcanzaron acuerdos conocidos como Criterio de Oportunidad con el Ministerio Público. Estos reconocieron los hechos y devolvieron sumas millonarias y bienes estatales a cambio de penas suspendidas.
De los 21 restantes, 8 fueron condenados en primera instancia y 13 resultaron absueltos.
Medidas coercitivas: diciembre
El proceso judicial del caso comenzó en 2020.
La Operación Antipulpo inició el 29 de noviembre de 2020 con allanamientos y detenciones masivas. El 8 de diciembre se dictaron las primeras medidas coercitivas contra los imputados. El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio el 17 de diciembre de 2021. Las sentencias condenatorias y absolutorias fueron dictadas por las juezas Clariel Nivar, Clara Sobeida Castillo y Yissel Soso. Por su parte, los jueces encargados del recurso de apelación son Doris Josefina Pujols, Rafael Báez García y Carmen Mancebo.
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