El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso prisión preventiva a ocho de los imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró el proceso de tramitación compleja, debido a la magnitud de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado.
La decisión fue adoptada la noche del domingo, luego de que el Ministerio Público solicitara 18 meses de prisión preventiva para los acusados, además de que el expediente fuera declarado complejo.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En tanto, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al CCR Najayo Mujeres.
De acuerdo con la acusación, el grupo forma parte de una investigación que involucra a 27 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y médicos, señalados por su presunta participación en un esquema que habría provocado un perjuicio al Estado estimado en 40 millones de pesos.
Otras medidas de coerción
El tribunal también dictó arresto domiciliario contra nueve imputados: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, fueron beneficiados con garantía económica Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Para los demás involucrados fueron establecidas distintas medidas, entre ellas presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida del país.
Ministerio Público continuará investigación
Al concluir la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los médicos sobre las consecuencias de compartir sus códigos de acceso.
Camacho afirmó que 22 médicos figuran entre los imputados y sostuvo que el presunto esquema investigado no habría podido operar de la misma manera si estos profesionales no hubieran facilitado sus credenciales.
El funcionario indicó además que la investigación permanece abierta, por lo que el Ministerio Público continuará profundizando las pesquisas.
Según la acusación, entre las evidencias recopiladas figuran facturaciones por servicios médicos y procedimientos que supuestamente fueron cobrados a Senasa pese a que no habrían sido realizados.
Los imputados son investigados por presuntas violaciones a disposiciones constitucionales y del Código Penal relacionadas con corrupción, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el Estado.
También se les atribuyen posibles infracciones a la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de acusaciones de lavado de activos contra algunos de los procesados.
La audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, concluyó pasadas las 10:00 de la noche.
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