Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader Corona, emitió el Decreto núm. 675-26, fechado el 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se modifica el Reglamento de Licencias de Conducir para asegurar la aplicación efectiva de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, evitando así un vacío legal que podría generar inseguridad jurídica en detrimento de los ciudadanos.
Esta nueva disposición, que deroga el Decreto núm. 330-26, establece que la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir será uniforme por un período de cuatro (4) años, con vencimiento en la fecha del cumpleaños del titular, conforme a lo estipulado en el artículo 208 de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo no solo cumple plenamente con el mandato del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la distinción basada únicamente en la edad para condicionar o reducir la vigencia de las licencias, sino que también adopta medidas adicionales para evitar cualquier tipo de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El decreto establece claramente que, bajo ninguna circunstancia, la edad podrá ser utilizada como criterio exclusivo para limitar, reducir o rechazar la vigencia de una licencia o autorización para conducir. La evaluación de la aptitud para conducir se realizará mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos aplicados sin discriminación alguna, conforme a las facultades otorgadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por la Ley 63-17.
La normativa reafirma que la suspensión o cancelación de una licencia procederá únicamente por las causales previstas en la ley: cuando el titular no cumpla con los requisitos exigidos, o cuando un certificado médico acredite una imposibilidad física o mental permanente para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.
Con esta resolución, el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto absoluto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente los adultos mayores, promoviendo su inclusión activa y comunitaria sin exclusiones arbitrarias.
El Poder Ejecutivo ratifica así su voluntad de cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalidad del país y asegurando que el marco normativo esté siempre orientado a salvaguardar la dignidad humana.
Agregar Comentario