Fuente: Hoy Digital
El mundo gira al compás de elecciones. En un escenario convulso, surge una interrogante: ¿hasta qué punto el voto sigue reflejando la voluntad popular?
Brasil votó el 4 de octubre; en India, los resultados electorales en disputa generan tensión; Estados Unidos espera con inquietud sus elecciones de medio término; y República Dominicana ya prepara las del 2028. El planeta se mueve al ritmo de comicios que convocan periódicamente a ciudadanos alrededor de opciones políticas nacionales.
El acto electoral se ha convertido en el indicador principal de la democracia. En el actual contexto de crisis del sistema neoliberal, tanto económica como, cada vez más claramente, política, tambalean también los pilares que aún definen lo que entendemos por democracia (voto, periodicidad, alternancia). El auge no solo de las extremas derechas sino, sobre todo, de sus métodos —chantajes, desafíos a la ley, amenazas a candidatos— evidencia las embestidas que erosionan esa democracia electoral.
La democracia está hoy en debate. Más allá de sus definiciones tradicionales o más recientes, existe un cuestionamiento global sobre su esencia. El valor del voto parece oscilar entre un Deber-Ser, que establece y califica los derechos electorales —algunos dirán la participación electoral— y un Ser que determina en la realidad sus condiciones: legalidad, institucionalidad; pero también adhesión, un elemento que podría señalar sus límites. Porque, en efecto, lo que se identifica cada vez más como "desafección" ciudadana respecto al voto remite sin duda a este problema.
Si la democracia electoral involucra al electorado y a los aparatos públicos con sus responsabilidades y prerrogativas respectivas, enfrenta tres grandes ataques: la plutocracia, la propaganda y la violencia; es decir, la compra, el adoctrinamiento y la intimidación. La mayoría de los países del Sur global considerados democráticos han sufrido al menos uno de estos ataques y hoy intervenir en procesos electorales para amenazar, desconocer o apoyar abiertamente a algún candidato o corriente son acciones perpetradas sin disimulo.
En este contexto, ¿hasta qué punto el voto refleja realmente la voluntad popular? ¿Resume acaso la práctica democrática? Haití, tras una década sin elecciones y con un aparato estatal colapsado, afronta el desafío de realizar elecciones generales para concluir su transición y restablecer autoridades legítimas constitucionalmente electas. Este país no está exento de tales cuestionamientos. De hecho, estas preguntas surgieron ya en 1991 tras las elecciones de diciembre de 1990 que llevaron a Jean Bertrand Aristide a la presidencia. Sin embargo, siguieron 25 años de imposiciones y manipulaciones que invalidaron todos los procesos posteriores; incluso la elección más reciente en 2016 fue resultado de repetir los comicios anulados en 2015 tras un rechazo popular masivo, para acabar "confirmando" esos mismos resultados un año después.
Por ello, pese a una persistente narrativa que busca reducir sus problemas a una película de terror, el pueblo haitiano plantea hoy preguntas difíciles e ineludibles a un sistema corroído que continúa siendo el modo menos imperfecto para expresar demandas y proyectos sociales. Paradójicamente, debido a su accidentado historial electoral y al fervor por ejercer su derecho al voto —quebrantado por masacres, fraudes innumerables e intervenciones externas arrogantes— el caso haitiano arroja lecciones que remiten al origen mismo de la democracia representativa y sus fundamentos: libre elección, un aparato legitimado por leyes y reglamentos establecidos y respeto al voto popular. Estas premisas son inexistentes en el Haití actual, lo cual invalida cualquier intento de imponer elecciones como se debate aún a pocas semanas del vencimiento de plazos anunciados. Pero esas mismas bases están siendo cuestionadas en la mayoría de eventos electorales contemporáneos, lo que obliga a retomar preguntas fundamentales: Primero, en materia de democracia electoral ¿qué valida realmente el proceso: la adhesión del electorado o la capacidad impositiva de las instituciones? La legitimidad política vinculada al voto depende de esta respuesta. Segundo, ¿en qué medida pueden los acuerdos políticos legitimar poderes o decisiones fuera del ejercicio democrático electoral? Estas cuestiones abarcan el debate sobre legalidad, credibilidad y legitimidad: más allá de validar los procesos electorales, constituyen el dilema actual.
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