Fuente: CNN Español
¿Qué factores se esconden tras Lula da Silva y Bolsonaro en esta contienda presidencial?
Si aún quedaba alguna duda o expectativa de que el electorado brasileño pudiera tener una última oportunidad para evaluar a los candidatos a la presidencia de los próximos cuatro años en un debate entre ellos, una serie de decisiones judiciales individuales, con argumentos cuestionables y susceptibles de apelación, lo echó todo por tierra. Además, dejó al descubierto hasta qué punto el Poder Judicial, afectado por la mayor crisis de su tribunal más importante, ha renunciado a los principios de imparcialidad y se ha visto envuelto en la politización.
Menos de dos horas antes del inicio del debate programado para el jueves, tres días antes de la primera vuelta electoral, TV Globo anunció la cancelación del evento. Tradicionalmente el programa con mayor audiencia en la campaña, este encuentro marca el cierre de la temporada de enfrentamientos directos entre candidatos a los cargos más relevantes de la República, como presidente, gobernadores y alcaldes.
La emisora mencionó específicamente decisiones adoptadas por magistrados de tribunales superiores para justificar la cancelación. La primera, solicitada por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provenía de la magistrada Estela Aranha, del Tribunal Superior Electoral (TSE), y prohibía mostrar un atril vacío reservado para el candidato a la reelección, quien prefirió conceder una entrevista en un pódcast en lugar de enfrentarse a sus adversarios.
Asimismo, la resolución impedía que se formularan preguntas al ausente, aunque ambos puntos formaban parte de las reglas establecidas para el debate y previamente aceptadas por las campañas. El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) había aprobado esos términos, pero posteriormente acudió al TSE para evitar que la ausencia de Lula fuera aprovechada por los adversarios presentes en el estudio.
Posteriormente, el decano del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ordenó la participación del candidato del partido Missão, Renan Santos, pese a que esa agrupación no cumplía con los requisitos legales que obligan a la emisora a invitarlo. Un detalle relevante: esta decisión respondió a una petición presentada por Solidariedade, otro partido político; mientras tanto, otra solicitud formulada por los abogados del propio Renan fue rechazada tanto por el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, como por la magistrada del STF Cármen Lúcia.
Unas elecciones decididas por magistrados y no por candidatos
Entre ambas decisiones judiciales, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, aprovechó la medida dictada por Estela Aranha para desistir de asistir al debate, pese a que días antes había afirmado que acudiría incluso sin la presencia de Lula.
Con este escenario, Brasil acude este domingo a las urnas por primera vez en 20 años sin haber visto a los dos candidatos que lideran las encuestas participar juntos en un mismo debate ni enfrentarse directamente entre sí ni con otros contendientes. La última ocasión fue en 2006, cuando Lula, entonces candidato a la reelección, faltó a los tres debates de la primera vuelta; sin embargo, los demás aspirantes —incluido quien sería su adversario en segunda vuelta— sí estuvieron presentes.
Resulta difícil no percibir una conveniencia política detrás de estas decisiones unilaterales —tomadas por un solo magistrado y sin pasar por el pleno del tribunal— que hicieron colapsar la última oportunidad para que el electorado pudiera ver al menos a uno de los líderes en las encuestas debatiendo y se llevaron consigo lo poco que quedaba de credibilidad y confianza social en el Poder Judicial brasileño.
Pero esto no es exclusivo de las medidas adoptadas este 1º de octubre. Anteriormente ya contribuía a socavar la imagen del Poder Judicial la sesión en la que los magistrados del Supremo concluyeron sin resolver las sospechas sobre vínculos entre integrantes de la Corte y Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master detenido tras investigaciones sobre el mayor fraude financiero del país.
La intervención judicial y el desgaste institucional
En días recientes, el modo en que el TSE y el STF manejaron una cuestión sui géneris evidenció esta politización y un juego político: en busca de una resolución favorable, logran que su solicitud sea dirigida al juez con mayor afinidad hacia sus posturas.
El caso involucraba publicaciones en redes sociales que atribuían falsamente a Flávio Bolsonaro una supuesta intención de quitarle a Nuestra Señora Aparecida el título de "patrona de Brasil".
Para contextualizar: se trataría de una medida destinada a satisfacer ciertos sectores evangélicos que compiten por protagonismo social con la Iglesia Católica brasileña y rechazan tradiciones como el culto a María.
Sin embargo, esto le restaría votos entre el electorado mayoritario: alrededor de una cuarta parte se identifica como evangélica frente a más de la mitad que se declara católica. Por ello Flávio se apresuró a desmentirlo categóricamente y aseguró nunca haber contemplado tal medida.
Al detectar el potencial daño para su adversario, no solo Lula sino también todo su entorno —el vicepresidente Geraldo Alckmin es católico practicante y conoce bien las celebraciones religiosas— comenzaron a publicar referencias a Nuestra Señora Aparecida sin mencionar directamente al candidato del PL.
Esta situación motivó que la campaña de Flávio acudiera a la Justicia Electoral para solicitar la retirada de esas publicaciones falsas. La petición fue aceptada inicialmente por el magistrado André Mendonça —designado al STF por Jair Bolsonaro debido a su perfil "terriblemente evangélico" y ponente del caso Master en esa Corte. En Brasil tres miembros del Supremo integran también el TSE; uno preside ese tribunal.
Posteriormente, durante el fin de semana, otro magistrado del STF, Flávio Dino —exministro bajo Lula y ferviente católico— revocó esa decisión. Este embrollo condujo a una tercera resolución unipersonal dictada por Luiz Fux que restableció la orden inicial. Fux es el único judío presente en el STF y quedó en minoría durante el juicio que condenó a Bolsonaro por delitos contra la democracia.
Finalmente, mediante una resolución plenaria emitida este miércoles, el TSE ordenó retirar todas las publicaciones que afirmaran como hecho que Flávio propuso o apoyó eliminar el título patronal; preservando así el derecho de quienes quisieran referirse a Nuestra Señora sin vincularla al candidato del PL.
Durante esta última semana de campaña presidencial se habló más sobre enfrentamientos entre magistrados de tribunales superiores en Brasilia y menos acerca de posibles integrantes futuros del gabinete tanto de Lula como de Flávio Bolsonaro. Se discutieron más decisiones unilaterales judiciales que planes o propuestas gubernamentales.
Esta situación resume un país políticamente polarizado pero atravesando una campaña electoral sin mucho entusiasmo; condición poco alentadora para una probable segunda vuelta entre Lula y Flávio ni para los próximos cuatro años. El intervencionismo del Poder Judicial y la pérdida progresiva de credibilidad del Supremo debido a sospechas vinculadas a algunos integrantes son características definitorias de este proceso electoral sea cual fuere su desenlace final en octubre.
Frente a decisiones judiciales controvertidas predominan actitudes corporativistas sobre el interés público y —más grave aún— un abandono evidente de principios democráticos fundamentales como el debate abierto y el derecho ciudadano a informarse sobre quienes aspiran a gobernar e instaurar normas claras. ¿Cómo esperar entonces que los votantes depositen este domingo esperanza y confianza hacia lo que está por venir?
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