Fuente: Listin diario
La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo la inspección de 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de entidades públicas, de los cuales 328 recibieron la autorización de no objeción, como parte del proceso de fiscalización técnica realizado entre marzo y agosto de 2026.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, detalló que este procedimiento abarca contratos cuyo monto total supera los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones. En las evaluaciones efectuadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles, otorgando 236 autorizaciones de no objeción, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental revisó otros 94 inmuebles y aprobó 92.
Espinosa resaltó que estas inspecciones permiten incorporar un criterio técnico en el manejo de los recursos públicos destinados al alquiler de inmuebles y refuerzan los controles previos a que las instituciones asuman o continúen compromisos contractuales.
“Cada inmueble que el Estado arrienda debe responder a una necesidad concreta y cumplir con las condiciones que justifiquen su contratación, y gracias a estas inspecciones podemos constatar directamente si existe correspondencia entre lo solicitado por la institución y el inmueble que será utilizado”, afirmó el contralor.
Estas evaluaciones forman parte de los mecanismos de control establecidos por la institución para verificar la ubicación, condiciones y características de los bienes inmuebles que utilizarán los organismos estatales. Durante el período revisado, se recibieron 351 solicitudes de inspección; 337 ya fueron evaluadas y 14 permanecían pendientes o programadas.
Entre los inmuebles revisados predominan aquellos destinados a oficinas, seguidos por almacenes y estacionamientos. También se incluyen revisiones de alquileres en centros educativos privados usados para impartir clases a estudiantes de escuelas públicas, indicando además que una proporción significativa corresponde a renovaciones de contratos vigentes.
Las inspecciones se llevaron a cabo a nivel nacional, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo. El informe también registra operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.
Entre las entidades con mayor número de solicitudes destaca el Ministerio de la Mujer, con 56 requerimientos para la inspección de inmuebles destinados principalmente a casas de acogida y oficinas institucionales. Al finalizar el periodo analizado, la Contraloría había completado 39 de esas inspecciones.
El funcionario indicó que esta fiscalización busca asegurar que las decisiones administrativas estén respaldadas por verificaciones técnicas que contribuyan al uso eficiente de los fondos públicos. “Nuestro objetivo es que el control no sea solo un trámite administrativo. Debe servir para prevenir irregularidades, ordenar procesos y brindar mayores garantías sobre el manejo transparente de los bienes estatales”, subrayó.
Las inspecciones se realizan obligatoriamente desde el 1º de marzo del presente año, conforme a la normativa establecida por la Contraloría que impone la fiscalización obligatoria en los contratos estatales de alquiler y arrendamiento. De este modo se fortalece el control previo sobre estas contrataciones y se proporciona información técnica para apoyar la toma de decisiones en las instituciones públicas.
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