Fuente: Listin diario
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel con capacidad para 5,100 internos y cuyo costo aproximado fue de 35 millones de dólares según el Gobierno, estará destinado a alojar a los delincuentes más peligrosos del país relacionados con el crimen organizado.
Este miércoles, el Gobierno de Costa Rica inauguró su nueva prisión de máxima seguridad, inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el objetivo de que se convierta en un símbolo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, problemas que han ido en aumento en este país centroamericano, históricamente reconocido por su estabilidad y seguridad.
El Cacco, con espacio para 5,100 presos y un costo cercano a los 35 millones de dólares según datos oficiales, será utilizado para recluir a los criminales más peligrosos vinculados al crimen organizado bajo estrictas medidas de seguridad y vestidos con uniformes naranjas.
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas este miércoles por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Sin embargo, su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces mandatario Rodrigo Chaves y el presidente salvadoreño Nayib Bukele participaron en la ceremonia oficial del inicio de las obras. La cárcel está ubicada junto a la prisión de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.
"El Cacco representa un modelo novedoso y de mano dura. Costa Rica será un referente mundial en seguridad penitenciaria; aplicaremos mano dura porque quien comete delitos debe enfrentar consecuencias. Pero al mismo tiempo respetaremos la tradición costarricense del respeto a los derechos humanos fundamentales que deben preservar quienes vivirán aquí", destacó Fernández durante la inauguración.
El Cacco forma parte de la estrategia anunciada por la presidenta Fernández y el gobierno previo, liderado por su mentor y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, para combatir con firmeza el crimen organizado y limitar los "privilegios" dentro del sistema penitenciario.
¿De dónde surgió la decisión de construir esta megacárcel?
En años recientes, Costa Rica ha enfrentado niveles históricos de homicidios que rondan los 900 casos anuales. Las autoridades atribuyen aproximadamente un 70 % de estos crímenes al narcotráfico y al crimen organizado, logrando desmantelar varias organizaciones criminales con vínculos a carteles mexicanos y colombianos.
Los funcionarios judiciales han señalado que la ubicación geográfica estratégica del país lo ha convertido en un punto clave para el tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Sudamérica.
El pasado 16 de septiembre, el Departamento de Estado estadounidense publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 sobre los principales países involucrados en el tránsito de drogas ilícitas, mencionando a 23 naciones entre las cuales figuran todos los países centroamericanos.
En 2025, las autoridades costarricenses incautaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cantidad registrada en la historia del país, solo superada por las 47.1 toneladas decomisadas en 2020.
En mayo de 2025, el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos nacionales.
Hasta ahora han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, conocido como Pecho de Rata; y el colombiano nacionalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.
Este tipo de perfiles son precisamente los que el Gobierno de Fernández planea recluir en el Cacco, junto con aquellos relacionados con estas organizaciones dedicadas a la venta y distribución de drogas, logística y sicariato.
Paralelamente a la apertura del nuevo centro penitenciario, el Gobierno de Fernández ha implementado programas para que los reclusos realicen labores como limpieza de maleza en carreteras; ha restringido las visitas conyugales; limitado la cantidad de recipientes con alimentos y ropa que pueden entregar sus familiares; eliminado enchufes y cables eléctricos dentro de las celdas; y clausurado establecimientos dentro de las prisiones donde los internos compraban productos.
La presidenta Fernández, comprometida con una política estricta contra el crimen, instó este miércoles al Congreso a avanzar en la aprobación de un paquete legislativo relacionado con seguridad. Entre estas leyes destaca una que permitirá que los presos trabajen remuneradamente en empresas privadas y destinen sus ingresos para cubrir su manutención, apoyar a sus familias, reparar daños a las víctimas y ahorrar para su futuro personal.
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