Fuente: Listin diario
Mientras cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario por corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo enfrentan desde este viernes un juicio en el que se les acusa de utilizar sus negocios hoteleros e inmobiliarios para apropiarse de millonarios fondos públicos.
El tribunal federal encargado del caso tiene como objetivo determinar si los recursos otorgados a empresarios durante los mandatos de Fernández (2007-2015) y de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007) fueron desviados hacia el patrimonio familiar mediante el alquiler de habitaciones en hoteles que no fueron ocupadas y a través de maniobras con otros inmuebles del matrimonio ubicados en la provincia de Santa Cruz y en la capital argentina.
La fiscalía acusa a Fernández —actual líder del peronismo opositor— de haber encabezado una asociación ilícita. A su hijo, el diputado peronista Máximo Kirchner, lo señala como organizador de esa estructura delictiva. También están imputados exfuncionarios y empresarios como partícipes. Además, los acusados enfrentan cargos por lavado de dinero.
La pena máxima prevista para estos delitos es de 10 años de prisión.
Casi veinte procesados asistieron al inicio del juicio de manera virtual. Fernández, quien tiene 73 años, participó desde el apartamento donde cumple desde 2025 una condena que incluye prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión irregular de obras viales al empresario Lázaro Báez, quien también forma parte del actual proceso judicial.
Tanto Fernández como su hijo rechazan las acusaciones y sostienen que los hoteles y otros inmuebles constituyen negocios legítimos. La exmandataria asegura ser víctima de una persecución política orquestada por sectores adversos que estarían coludidos con la justicia para excluirla del ámbito político.
Su defensa califica las imputaciones como un "despropósito jurídico". En ese sentido, ha resaltado anteriormente la existencia de peritajes sobre movimientos bancarios que demostrarían la legalidad de los fondos, los cuales no fueron considerados por la justicia durante la investigación.
Además, la dirigente enfrenta otras investigaciones por presuntos delitos distintos.
Fiscalía denuncia organización delictiva
En el primer día del juicio oral, la Fiscalía presentó las imputaciones señalando "la existencia de una asociación ilícita estable y permanente" liderada por los dos expresidentes, varios exfuncionarios y otras personas cercanas a ellos, "estructurada con una división clara de roles… dentro y fuera del aparato estatal destinada a cometer múltiples delitos" para apropiarse de millones de pesos provenientes de fondos públicos.
Dentro de esta asociación ilícita, las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a los Kirchner, habrían integrado un circuito único de lavado de activos para canalizar esos fondos ilícitos hacia su patrimonio personal.
La investigación sobre Hotesur se centró en el presunto lavado de dinero mediante varios hoteles en Santa Cruz. La acusación sostiene que empresas constructoras vinculadas a Báez simulaban reservar habitaciones que quedaban vacías o tenían mínima ocupación, pagando a la firma hotelera con "fondos provenientes de defraudación al Estado en obras públicas viales".
Por otro lado, la pesquisa sobre la inmobiliaria Los Sauces indagó las supuestas maniobras de lavado mediante "operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de alquiler y transferencias provenientes de empresas" vinculadas a Báez y a otros dos empresarios.
Fernández continúa activa pese al asedio judicial
Aunque está confinada en su domicilio y enfrenta este y otro juicio oral —que comenzó en 2025—, la exvicepresidenta (2019-2023) permanece políticamente activa y busca influir decisivamente en la elección del candidato presidencial del peronismo para las elecciones de 2027, en las que el mandatario ultraderechista Javier Milei buscará la reelección.
En noviembre de 2025 empezó el juicio contra Fernández por presuntamente liderar una asociación ilícita que habría recaudado dinero de decenas de empresarios a cambio de favorecerlos con contratos estatales en los sectores de construcción, energía y transporte. La exmandataria ha negado todas las imputaciones.
En julio pasado, Fernández denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la condenaron a seis años de prisión por defraudar al Estado, acusándolos de "machismo estructural" y persecución política.
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