Fuente: Listin diario
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, manifestó su respaldo al apoyo logístico proporcionado por el Gobierno Dominicano a las operaciones que lidera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar a las pandillas haitianas tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños.
Ulloa señaló que cualquier conflicto en la nación vecina podría afectar la estabilidad en territorio dominicano y recordó que, conforme a la convención de Ginebra, el país no puede intervenir directamente en Haití. En este sentido, calificó como acertado el respaldo ofrecido por el presidente Luis Abinader.
El Defensor del Pueblo instó a la sociedad dominicana a comprender la situación actual en la frontera entre República Dominicana y Haití, así como la responsabilidad de mantener la estabilidad nacional.
"Debemos confiar en el Ejército, en el país y, sobre todo, en las Fuerzas Armadas, además de preservar la dominicanidad y proteger a los ciudadanos dominicanos para mantener la estabilidad nacional. Esto ha sido posible incluso ante la condición de Haití como un estado fallido. Por ello, este es un momento para reflexionar y dar seguimiento a lo que ocurre en la operación que encabeza el presidente Bukele", expresó.
SISTEMA PENITENCIARIO
Pablo Ulloa destacó que no puede existir una política de seguridad estatal efectiva si las cárceles no están bajo un régimen penitenciario adecuado.
Señaló que los centros de privación de libertad necesitan mejoras, pero también enfatizó que el Sistema de Justicia debe reconsiderar el uso excesivo de prisión preventiva, ya que esto contribuye a la corrupción y al hacinamiento carcelario.
"Además, la sanción aplicada a los presos debe corresponder al tipo de delito cometido; no es igual un crimen relacionado con violencia o ciberdelincuencia que uno por hambre o necesidad", indicó.
Durante una charla-taller sobre el Código Penal realizada en este municipio, Ulloa abogó por la construcción de nuevas cárceles necesarias para el país.
Con respecto a las más de 53 mil órdenes de arresto que posee la Policía Nacional, explicó que se trata de actos administrativos y recomendó que los jueces emitan órdenes y sentencias ejemplares.
"Mencionar una orden de arresto sin que un juez o un ministerio público la haya firmado sería una contravención al estado de derecho. Lo importante es entregar a aquellas personas que tengan asuntos pendientes con el orden jurídico. No sirve salir tras personas sin criterios ni coherencia con el ordenamiento jurídico penal", concluyó.
Agregar Comentario