Fuente: Associated Press/associated_press@hoy.com.do
Se intercambiaron anillos nupciales y las imágenes de una novia sonriente junto a un novio elegante daban la impresión de matrimonios legítimos.
Sin embargo, el miércoles, las autoridades federales de Estados Unidos señalaron que dichas ceremonias formaban parte de una compleja red de fraude matrimonial que operó durante diez años y generó millones de dólares para media docena de personas en Massachusetts. Seis individuos, incluyendo a la presunta líder, la dominicana Jennifer González, fueron acusados de llevar a cabo hasta 20 matrimonios con el fin de ayudar a inmigrantes a obtener estatus legal.
De acuerdo con las acusaciones, las otras cinco personas recibieron pagos por parte de González para participar en las bodas; varias participaron en múltiples enlaces. Cada matrimonio costaba entre 38.000 y 40.000 dólares a los inmigrantes involucrados. Los acusados enfrentan cargos que incluyen alojamiento ilegal de extranjeros, conspiración para proporcionar alojamiento ilegal, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
"La conducta presuntamente revelada hoy debe ser una ofensa para quienes respetan las normas", expresó la fiscal federal Leah Foley ante la prensa. "Ver un negocio lucrativo cuyo único objetivo es facilitar que las personas hagan trampa y se salten la fila pagando por ello resulta muy ofensivo y desalentador para quienes cumplen las leyes de nuestro país".
Cinco de los seis arrestados fueron detenidos el miércoles por la mañana y se espera que comparezcan ante un tribunal federal en pocas horas. Un sexto acusado se encuentra actualmente en una prisión estatal cumpliendo una condena relacionada con un delito de armas de fuego.
"La señora González acumuló riqueza vendiendo el Sueño Americano mientras invertía sus ganancias en otro país", explicó Foley, detallando cómo González supuestamente utilizó los ingresos provenientes de la red de matrimonios para adquirir negocios y propiedades en República Dominicana. Ella es ciudadana estadounidense.
No fue posible contactar a un abogado de González, quien tiene 43 años y es originaria de Fall River, Massachusetts.
Estos arrestos constituyen el esfuerzo más reciente para combatir el fraude matrimonial y ocurren en un contexto donde el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las restricciones tanto a la inmigración legal como ilegal, reduciendo las vías disponibles para que las personas ingresen o se conviertan en ciudadanos del país.
En agosto, 11 personas fueron acusadas por participar en un esquema multimillonario que ayudaba a cientos de ciudadanos chinos a obtener tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses. En ese caso, se pagaba hasta 30.000 dólares a ciudadanos estadounidenses para contraer matrimonios falsos con inmigrantes que buscaban estatus legal como residentes permanentes. La estafa, que duró una década, generó decenas de millones de dólares.
Hace tres años, Massachusetts procesó un caso similar. Marcialito Biol Benitez, ciudadano filipino de 49 años residente en Los Ángeles, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude documental migratorio. Benitez admitió dirigir una agencia que organizaba matrimonios fraudulentos entre extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
En esta última investigación, los fiscales indicaron que continúa abierta. En documentos judiciales señalan que algunos acusados falsearon información en solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), alegando erróneamente que nunca habían estado casados. Asimismo, acusan a González de gastar 120.000 dólares recibidos en beneficios del SNAP. También se imputan fraudes relacionados con vivienda y desempleo.
Ninguno de los inmigrantes casados bajo estos fraudes ha sido acusado.
"El fraude matrimonial debilita los procesos que garantizan que personas honestas puedan casarse con ciudadanos estadounidenses y aprovechar todo lo que el país ofrece", afirmó John Soares, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra. "Estafadores como los arrestados hoy dificultan dicho proceso".
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