Fuente: Jeremy Herb/jeremy_herb@cnnespanol.cnn.com
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La operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra el fraude electoral ha utilizado decenas de millones de registros, examinado minuciosamente a numerosas organizaciones sin fines de lucro dedicadas al registro de votantes y considerado el despliegue de agentes encubiertos para investigar a grupos sospechosos de ayudar a personas no ciudadanas a inscribirse para votar, según documentos internos recientemente obtenidos.
Estos documentos, divulgados este miércoles por el grupo activista Democracy Forward, ofrecen una visión detallada del funcionamiento interno de una división dentro de la creciente campaña por la integridad electoral impulsada por la administración Trump, que ha movilizado a investigadores federales, bases de datos migratorias y registros electorales en un intento por detectar a no ciudadanos presuntamente involucrados en registros o votos ilegales.
La División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI, por sus siglas en inglés) describió esta iniciativa como un proyecto nacional en varias fases que incluye la obtención y análisis de registros electorales, la búsqueda de indicios para investigaciones y el trabajo de campo.
La operación se basó en grandes volúmenes de datos. Un informe del HSI fechado el 1 de junio indicaba que los investigadores habían procesado 50,6 millones de registros provenientes de una base del Departamento de Justicia, además de otros 48,4 millones que Heather Honey, asesora principal del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, había conseguido mediante lo que el informe calificaba como "fuentes independientes". El documento no identifica estas fuentes ni aclara si las bases contenían datos personales específicos. La HSI aseguró que estos datos estaban siendo analizados en profundidad para identificar posibles objetivos.
Los documentos destacan el papel central de Honey en una iniciativa que abarcó todo el gobierno federal. Su trabajo previo, que cuestionaba la integridad electoral de 2020, contó con el respaldo tanto del expresidente Trump como de sus aliados. Internamente, personal del DHS intentó incluir a funcionarios bajo supervisión directa de Honey en la distribución semanal interna de informes sobre fraude electoral elaborados por el HSI, mientras que otro reporte atribuyó explícitamente a Honey la autoría del conjunto con 48,4 millones de registros.
"Parece que el presidente y sus aliados quieren elegir a sus votantes, en lugar de cómo debería funcionar una democracia, donde son los votantes quienes escogen a sus líderes", afirmó Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, en un comunicado.
CNN solicitó comentarios al DHS, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Los documentos también revelan que los investigadores ampliaron su enfoque más allá del análisis individual. Una comparación interna indicó que la HSI estaba adoptando un "enfoque basado en redes para la investigación, priorizando el análisis organizacional y la facilitación por encima de las pistas individuales". Revisaron decenas de organizaciones sin ánimo de lucro y grupos dedicados al registro electoral en estados como Pensilvania y Nueva Jersey, además analizaron entidades vinculadas a una empresa sospechosa de fraude electoral radicada en Ohio.
No obstante, varias revisiones no arrojaron indicios negativos. Los investigadores señalaron no haber encontrado información adversa sobre decenas de grupos examinados en Nueva Jersey; tampoco detectaron actividad financiera sospechosa durante otra revisión a una organización sin fines lucrativos; y cerraron una investigación independiente en Ohio tras agotar todas las pistas disponibles.
Sin embargo, reportes previos revisados por CNN evidenciaron que en el condado Franklin (Ohio), un agente del HSI presionó a funcionarios electorales para obtener información sobre varios grupos, incluida la Ohio Organizing Collaborative —una organización progresista dedicada a fomentar la participación electoral— que fue allanada por agentes federales en junio, cuatro meses después del intercambio inicial.
Aun así, la HSI consideró tácticas investigativas más agresivas. Un informe fechado en junio indicaba que los funcionarios exploraban la posibilidad de emplear agentes encubiertos para colaborar con organizaciones sospechosas de facilitar o promover el registro ilegal por parte de personas no ciudadanas. Nueva Jersey y Pensilvania fueron señaladas como zonas prioritarias. El documento apuntaba que tales agentes podrían utilizarse para recolectar pruebas y rastrear financiamiento si se determinaba que alguna organización reclutaba activamente a no ciudadanos para registrarse.
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