Fuente: Mayelin Acosta Guzmán/mayelin_acosta_guzman@hoy.com.do
El 57.94% de los casos revisados superó los plazos legales establecidos y el 83.12% de los usuarios que asistieron a audiencias reportó suspensiones o reprogramaciones, según un estudio realizado por ANJE y la Escuela Nacional de la Judicatura.
En República Dominicana, los procesos judiciales resultan costosos y prolongados tanto para los usuarios como para abogados y el Estado. Además de los gastos inherentes a cada trámite, se suman las demoras, las interrupciones en las jornadas laborales y el tiempo que las personas deben dedicar para atender sus casos.
La investigación sobre el sistema judicial reveló que el 57.94% de los asuntos evaluados excedió los plazos legales y que el 83.12% de los usuarios que participaron en audiencias enfrentó al menos una suspensión o cambio de fecha.
Además, el costo se refleja en los pagos directos realizados. Los encuestados que informaron gastos legales desembolsaron un promedio de RD$64,888 en honorarios profesionales y RD$56,204 en otros costos operativos como transporte, copias, certificaciones, trámites notariales, tasas y alimentación durante las audiencias; sumando un total de RD$121,092 por litigar. A estos valores se añaden las pérdidas por ingresos no percibidos y la inmovilización de bienes o fondos mientras se resuelve el proceso.
En detalle, el 82.17% de los usuarios indicó haber incurrido en gastos de transporte y el 81.74% pagó por copias o certificaciones. También señalaron costos relacionados con trámites notariales (73.48%), tasas judiciales (73.04%) y alimentación durante las audiencias (66.52%). El 62.61% reportó pagos por honorarios profesionales.
Así lo establece el estudio Análisis Económico de la Justicia: Impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana, elaborado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura, bajo la dirección del economista e investigador Rolando M. Guzmán. La investigación combinó análisis de registros judiciales, revisión documental, entrevistas a actores del sector y una encuesta a 230 usuarios con procesos concluidos.
Más de la mitad supera los plazos establecidos
De un total de 623,514 asuntos comparables con los plazos legales, el 42.06% se resolvió dentro del término previsto mientras que el 57.94% lo sobrepasó. En promedio, la duración fue de 79.6 días hábiles, aunque la mediana fue mucho menor: 21 días. Esta diferencia indica que si bien muchos casos se resolvieron rápidamente, un grupo significativo tuvo plazos más largos que elevaron el promedio.
A pesar de esta problemática, el informe muestra una mejora reciente: entre el primer semestre de 2025 y el primero de 2026, el tiempo promedio para fallar causas descendió de 80.9 a 72.7 días hábiles, cerca del 10%. Sin embargo, estos tiempos varían según el tribunal, la materia y la jurisdicción.
Las Cortes de Apelación registraron un promedio de 148 días hábiles frente a 75.9 días en tribunales de Primera Instancia y 65.4 días en Juzgados de Paz. Por tipo de caso, los inmobiliarios tardaron en promedio 165 días; civiles, 139; laborales, 114; penales, 56; y tránsito solo 20.6 días. A nivel territorial, La Vega presentó el tiempo más largo con un promedio de 97.3 días mientras Barahona tuvo el menor con 51.7 días.
Suspensiones afectan horarios e ingresos
De las 154 personas encuestadas que asistieron a audiencias, el 83.12% manifestó haber sufrido al menos una suspensión o reprogramación durante su proceso judicial. En promedio, este grupo enfrentó 2.79 aplazamientos por caso. Cada nueva fecha implica traslados adicionales, horas fuera del trabajo y más tiempo en espera.
El 52.61% declaró haber interrumpido su jornada laboral para realizar trámites judiciales; un 34.35% reportó una disminución en sus ingresos y el 27.39% afirmó haber perdido oportunidades laborales o comerciales. Entre quienes debieron posponer decisiones importantes, el 33.04% canceló o congeló la puesta en marcha de un negocio.
La demora también puede mantener bienes o fondos bloqueados durante largos períodos: entre las 106 personas que indicaron tener activos inmovilizados, el 35.85% afirmó que estos superaban un millón de pesos; además, para el 31.13% dicha inmovilización duró más de dos años.
Una sentencia no siempre pone fin al proceso
Conseguir una resolución judicial no garantiza que el conflicto finalice plenamente; si la parte perdedora no cumple voluntariamente, quien ganó debe iniciar procedimientos para cobrar o recuperar los bienes reclamados. Esta etapa prolonga la incertidumbre y puede generar costos adicionales.
Las empresas consultadas describieron impactos similares en sus operaciones: horas directivas dedicadas a litigios, transacciones postergadas y activos desvalorizados mientras se resuelve la disputa. En sectores como inmobiliario y construcción, conflictos sobre títulos o derechos detienen proyectos; en finanzas, la demora para ejecutar garantías retrasa recuperación crediticia. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad para absorber estos costos y mantener recursos comprometidos por períodos prolongados.
El impacto también afecta la salud emocional de los usuarios: el 57.39% reportó estrés o preocupación constante durante el proceso; el 38.26%, episodios de ansiedad; y el 30.43%, dificultades para dormir.
La investigación reconoce avances en la digitalización del sistema judicial aunque señala problemas relacionados con interoperabilidad entre plataformas digitales, digitalización incompleta de expedientes históricos y diferencias en conectividad tecnológica entre regiones. Entre sus conclusiones destaca que la eficiencia del sistema debe evaluarse considerando no solo la duración sino también la previsibilidad y ejecución efectiva de las decisiones judiciales.
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