Fuente: Aaron Blake/aaron_blake@cnnespanol.cnn.com
Preguntan a Trump sobre el allanamiento federal en la residencia de la representante demócrata Ilhan Omar
Aún no se conoce qué tipo de evidencias posee el Departamento de Justicia de Trump contra la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, cuyo domicilio en el área metropolitana de Washington fue registrado por agentes federales el lunes.
Cabe resaltar que Omar ha sido un blanco recurrente de Trump, quien frecuentemente ha utilizado su Departamento de Justicia para perseguir a sus adversarios políticos. Aunque Trump asegura no haber intervenido en el allanamiento, resulta excepcional que esta agencia emprenda acciones tan enérgicas tan cerca de unos comicios electorales.
Este hecho se suma a un patrón cada vez más evidente: permisividad con legisladores republicanos condenados por delitos y procedimientos legales impulsados contra demócratas, frecuentemente basados en pruebas débiles.
Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional llevaron a cabo el registro en la vivienda de la representante demócrata Ilhan Omar, ubicada en Washington D.C.
Un dato revelador es el siguiente:
* Trump ha otorgado indultos a 9 de los últimos 11 congresistas republicanos condenados por delitos federales.
* Desde su regreso al cargo, su Departamento de Justicia ha imputado, intentado imputar o iniciado investigaciones conocidas contra al menos 13 miembros demócratas del Congreso.
Los indultos cubren a casi todos los republicanos condenados desde 2010: los excongresistas George Santos, Chris Collins y Michael Grimm (Nueva York), Steve Buyer (Indiana), Robin Hayes (Carolina del Norte), Duncan Hunter (California), Steve Stockman (Texas), Rick Renzi (Arizona) y Mark Siljander (Michigan).
Los únicos legisladores republicanos condenados desde 2010 que no recibieron indulto fueron el expresidente de la Cámara Dennis Hastert —condenado en 2015 por pagar para silenciar a víctimas relacionadas con supuestos abusos a atletas escolares— (quien falleció la semana pasada) y el exrepresentante David Rivera (Florida), sentenciado hace poco a 10 años de cárcel tras ser condenado en mayo por una campaña secreta de cabildeo en favor de Venezuela.
Rivera, amigo cercano del secretario de Estado Marco Rubio, ya ha solicitado un indulto.
Por otro lado, el Departamento de Justicia bajo Trump ha puesto bajo vigilancia a varios miembros demócratas del Congreso.
Algunos casos podrían tener motivos legítimos; por ejemplo, la exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick renunció en abril tras una investigación bipartidista que determinó violaciones éticas y fue imputada (ella mantiene su inocencia).
No obstante, las evidencias contra otros han sido escasas. Entre ellos están seis congresistas demócratas a quienes el Departamento trató sin éxito de acusar por grabar un video instando a militares a desobedecer órdenes ilegales, pese a que esa instrucción ya forma parte del entrenamiento militar.
En total, el Departamento logró imputar formalmente a dos demócratas: Cherfilus-McCormick y la representante LaMonica McIver (Nueva Jersey), acusada de agredir agentes migratorios durante un incidente en un centro de detención el año pasado. La acusación no sostiene que los agentes resultaran lesionados y McIver también se declaró inocente.
Seis miembros más no fueron imputados: los senadores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), y los representantes Jason Crow (Colorado), Chris Deluzio y Chrissy Houlahan (Pensilvania), así como Maggie Goodlander (Nueva Hampshire).
Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota, responde preguntas durante una rueda de prensa en el Capitolio en Washington, el 13 de enero de 2026.
Asimismo, se iniciaron diversas investigaciones contra Omar, el senador Adam Schiff (California), el senador Ruben Gallego (Arizona), el representante Robert García (California) y Eugene Vindman (Virginia).
En cuanto al reparto partidista entre los indultos otorgados por Trump, hay pocas excepciones dentro del Congreso.
Trump indultó a dos exmiembros demócratas: Rod Blagojevich —exrepresentante y exgobernador de Illinois— quien participó en su programa "The Apprentice" y se convirtió en un aliado; y Henry Cuellar (Texas), aparentemente perdonado con la esperanza de que cambiara de partido.
Respecto a investigaciones contra republicanos congresistas, la única relevante parece ser la del representante Cory Mills (Florida), quien según reportes en julio estaba bajo escrutinio. Sin embargo, sus problemas parecen graves —perdió las primarias enfrentando acusaciones— lo que dificultaría ignorarlos para el Departamento. Tras esa derrota, Trump afirmó haberle aconsejado retirarse.
El Departamento bajo Trump también abandonó investigaciones o casos previos contra Andy Ogles (Tennessee), Jeff Fortenberry (Nebraska) y, según informes recientes de ProPublica, la senadora Susan Collins (Maine).
Algunos republicanos respaldan esta doble vara legal aplicada por Trump, argumentando que es justo responder dado que durante la presidencia de Joe Biden varios republicanos fueron investigados.
No obstante, hay escasas pruebas que indiquen presiones políticas desde la Casa Blanca de Biden para esas investigaciones. En contraste, bajo Trump se acumularon numerosas acusaciones fallidas contra adversarios políticos —aunque el umbral probatorio para presentar cargos es bajo—.
Además, mientras las pruebas contra ciertos demócratas como los seis congresistas mencionados son débiles, la mayoría de aliados cercanos a Trump acusados formalmente terminaron siendo condenados.
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