Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
La historia de dos jueces en conflicto por la manutención de un hijo, así como el drama entre un padre y su única hija enfrentados por una herencia, casos que se resolvieron tras una sesión de diálogo en el Centro de Mediación Judicial de Santo Domingo Este (SDE), revelaron el aspecto más personal y transformador de la justicia alternativa en nuestro reportaje anterior.
La historia continúa hoy. La Fiscalía del Distrito Nacional presenta un análisis institucional sobre el tema, acompañado por las estadísticas oficiales de la Casa Comunitaria de Justicia (CCJ) de La Ciénaga, un sector vulnerable ubicado en la ribera occidental del río Ozama, con una población estimada en alrededor de 25,000 habitantes, según la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE).
Los datos oficiales de la Fiscalía evidencian que en esa comunidad la mediación no es solo una alternativa idealista, sino un mecanismo esencial para un sector con alta vulnerabilidad y convivencia compleja. Por ello, los conflictos más frecuentes que llegan a mediación son disputas vecinales, deudas menores, ofensas verbales y problemas cotidianos de convivencia que, si no se resuelven oportunamente mediante el diálogo, podrían derivar en violencia criminal.
PROBLEMAS DE AÑOS RESUELTOS EN MINUTOS
La amistad entre Juan y Pedro (nombres ficticios), dos viejos amigos residentes en La Ciénaga, se había fracturado hace varios años por una deuda de RD$20,000. El 2 de octubre del presente año, en un espacio de diálogo y en apenas 65 minutos, lograron alcanzar un acuerdo total que cerró definitivamente el caso y puso fin a su enemistad, gracias a la mediación de Marta Toribio.
HABLAN LAS ESTADÍSTICAS
La eficacia de la Casa Comunitaria de Justicia para solucionar disputas en La Ciénaga antes de que lleguen a los tribunales queda confirmada por las estadísticas correspondientes al año 2025 y los dos primeros cuatrimestres de 2026.
Durante 2025, la unidad bajo la dirección de la magistrada Adriana Lied atendió a 1,148 personas en total, con un promedio mensual de 95 ciudadanos y 4 diarios. En ese lapso se gestionaron 393 casos: 113 correspondieron a expedientes entrantes y 280 fueron casos acumulados que se cerraron.
En el primer cuatrimestre de 2026 (enero-abril), continuó la atención a los residentes del sector con 260 personas asistidas, promediando 65 ciudadanos mensuales. Durante este periodo se trabajaron 119 casos, con 55 resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 48 % sobre el total atendido.
En el segundo cuatrimestre (mayo-agosto), se registró un aumento significativo con 525 personas atendidas, lo que equivale a unos 6 ciudadanos diarios. La carga laboral fue de 144 casos trabajados, reflejando un crecimiento del 17.3 % en los casos entrantes respecto al cuatrimestre anterior. De estos, se resolvieron 74 casos, representando un 15 % de efectividad entre los casos susceptibles de decisión dentro del total trabajado.
"Estas cifras demuestran que sin la intervención coordinada entre la Fiscalía y la Casa Comunitaria más de 1,500 conflictos entre ciudadanos habrían llegado al sistema judicial ordinario durante este período, saturando los tribunales penales y civiles", señaló la fiscal del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos.
DE LO SOCIAL A LA PRESIÓN ECONÓMICA
Los datos también revelan una evolución en los tipos de conflictos atendidos en La Ciénaga, mostrando cómo las causas socioeconómicas influyen cada vez más en la vida comunitaria.
En 2025 predominaron las disputas relacionadas con el entorno físico y la convivencia vecinal. De las 565 infracciones registradas ese año, la principal causa fue el daño a propiedades ajenas, con 262 casos (más del 40 % de los expedientes entrantes), seguida por conflictos relacionados con aguas residuales, con 210 expedientes.
Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2026 cobraron mayor relevancia las tensiones por asuntos económicos. Los conflictos por alquiler representaron el 50 % de los casos entrantes con 113 registros, seguidos por las disputas por deudas con 77 casos.
Durante el segundo cuatrimestre del mismo año las deudas se consolidaron como el problema principal, constituyendo el 46 % dentro del total general de 64 expedientes entrantes, con los conflictos por alquiler en segundo lugar con 38 casos.
TASA DE ACUERDOS
En el balance anual del 2025, la Fiscalía logró concretar 80 acuerdos en casos entrantes, lo que equivale a una tasa conciliatoria del 20 % respecto a los expedientes decididos.
Para el primer cuatrimestre del 2026 esta tasa se mantuvo estable en un 20 %. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre hubo un repunte significativo con la obtención de 51 acuerdos alcanzados, elevando la tasa conciliatoria al 37 % sobre los casos decididos y alcanzando un promedio del 65 % en acuerdos respecto a los casos acumulados.
El trabajo desarrollado por la Fiscalía ante la Casa Comunitaria confirma que la mediación preventiva es uno de los recursos más eficientes y humanos para combatir la mora judicial. Los datos muestran que al descentralizar las funciones del Ministerio Público y acercarlas a la comunidad se logra desactivar oportunamente controversias tanto sociales como económicas.
MEDIACIÓN VS. ABOGADOS
El éxito que experimentan los servicios gratuitos ofrecidos por los centros judiciales de mediación plantea un debate inevitable con los abogados profesionales, actores fundamentales en todo proceso judicial. ¿Hasta qué punto pueden verse afectados sus intereses ante esta prestación gratuita brindada por autoridades judiciales a la ciudadanía?
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, ofrece una respuesta institucional señalando primero la necesidad de delimitar claramente competencias.
Por una parte reconoce como positivo que ni la Defensa Pública ni abogados asuman representación legal para personas morales o empresas bajo criterios subjetivos como indigencia; esto podría desvirtuar el verdadero propósito social que debe regir la asistencia legal gratuita.
Por otra parte advierte sobre una preocupación legítima frente a posibles desplazamientos laborales para abogados en materias que requieren rigor procesal y constitucional estricto. Explica que mediación y centros comunitarios actúan primordialmente en etapas iniciales no judicializadas ni vinculadas al orden público.
"Bajo ninguna circunstancia se intentará mediar ni anular delitos graves contra la sociedad como homicidios, tráfico ilícito de drogas, torturas, trata de personas o lavado de activos. En tales casos corresponde exclusivamente al Ministerio Público perseguir penalmente y representar a las víctimas", enfatizó Potentini.
El presidente del CARD puntualizó que lo buscado es un equilibrio normativo y práctico que proteja el ejercicio libre del derecho profesional sin restar valor al aporte fundamental que representa construir paz social desde cada barrio del país.
CUANDO EL DIÁLOGO VENCE AL CONFLICTO
Más allá de las cifras o debates jurídicos, el verdadero éxito de la mediación se refleja en las calles: en vecinos que vuelven a saludarse; malentendidos aclarados mientras comparten un café frente a las casas; abrazos o apretones simbólicos tras conversaciones que apagan tensiones susceptibles de convertirse en tragedias.
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