Fuente: Kara Scannell/kara_scannell@cnnespanol.cnn.com
Un estudiante de la Universidad de Cornell acusado de agredir sexualmente a una compañera durante una fiesta de fraternidad intenta persuadir a un juez para que considere que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no es imparcial y, por lo tanto, no debe supervisar la investigación penal sobre las denuncias.
La polémica surge a partir de unas declaraciones realizadas por James el mes pasado en respuesta a la demanda presentada por Jane Doe, quien afirma haber sido violada por varios hombres en la casa de la fraternidad Chi Phi en 2024.
En medio del impacto nacional que generaron las acusaciones, James publicó el 28 de septiembre en su cuenta oficial de X: "Lo que esta joven ha tenido que soportar es horrible e inaceptable. La llevo en mi corazón y en mis oraciones. A ella y a todas las sobrevivientes: no están solas. Estamos con ustedes".
Tres días más tarde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva mediante la cual designó a James como fiscal especial para investigar las denuncias, en un caso que ha reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en los campus universitarios de la llamada Ivy League, instituciones elitistas de Estados Unidos, y en otros ámbitos.
Andrew Miltenberg, abogado del estudiante de Cornell Gillio Lopes, presentó el 7 de octubre una petición argumentando que esos comentarios deberían descalificar a James para liderar la investigación criminal. Miltenberg solicita a un juez anular la orden ejecutiva emitida por Hochul.
"El nombramiento de la fiscal general James es inapropiado, ya que ha manifestado claramente un sesgo y una presunción de culpabilidad contra los acusados mencionados en el caso civil, incluido mi cliente", afirmó en un documento presentado ante el tribunal.
El juez estatal de Nueva York, James Farrell, republicano electo en 2019 y exfiscal del condado de Sullivan, escuchará este jueves los argumentos sobre si James debe continuar al frente. Ha concedido a ambas partes 30 minutos para sus exposiciones. No se espera que James asista; ella busca su reelección.
Esta es una de dos demandas presentadas para apartar a James del caso. Otra moción, presentada por otro estudiante acusado esa misma noche por Doe, está pendiente en el condado de Tompkins.
La audiencia coincide con el debate en el Senado Académico de Cornell sobre una moción de censura contra la administración universitaria debido a la persistente "crisis de agresión sexual" en el campus. Aunque esta votación no es vinculante y no obligaría al rector a renunciar, podría ejercer presión sobre la dirección para fortalecer la confianza en la seguridad del campus. El consejo directivo contrató a Sally Yates, exvicesecretaria del Departamento de Justicia de EE.UU., para dirigir una investigación externa acerca del manejo por parte de Cornell de las denuncias presentadas por Doe y otros casos similares.
Hochul emitió la orden ejecutiva el 1 de octubre luego de manifestar que había "perdido la confianza" en el fiscal del condado de Tompkins, quien previamente investigó las acusaciones y concluyó que no existían fundamentos para cargos penales.
Miltenberg sostuvo que no cuestiona la autoridad de Hochul para designar a un investigador, pero considera que James ya ha tomado partido.
"No se trata solo de Letitia James", declaró Miltenberg a CNN. "Ninguna persona que haya hecho esa declaración —que para nosotros va más allá de mostrar compasión y asume como cierta la versión acusatoria— es adecuada para restaurar la confianza en una investigación".
Los abogados de la fiscal general señalaron que los tribunales tienen limitada capacidad para revisar cómo usa la gobernadora sus facultades para nombrar a James como reemplazo o responsable principal de una investigación.
También indicaron que las inquietudes planteadas por Lopes son "pura especulación" y que el comentario hecho por James fue "un simple gesto empático", sin implicar prejuzgamiento alguno. Añadieron que tales preocupaciones son prematuras y podrían volver a surgir si eventualmente se presenta un caso penal.
Doe acusa a Lopes de haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento con ella y otra estudiante.
Miltenberg negó estas afirmaciones. En declaraciones anteriores a CNN aseguró que Lopes no participó ni facilitó ni alentó ninguna agresión y subrayó que su encuentro con Doe fue consensuado y ocurrió antes de que se enviaran mensajes invitando a otros miembros de la fraternidad a su habitación. La supuesta agresión habría ocurrido dentro del cuarto de Lopes.
"He revisado todas las pruebas contenidas en el expediente del Título IX; hasta donde sé, no se cometió delito alguno, y si algún investigador considera que pudo existir alguna posibilidad, desde luego no fue Gillio", manifestó Miltenberg anteriormente a CNN.
Lopes fue suspendido durante un año académico y, conforme al proceso del Título IX, debió cursar una materia y presentar un ensayo reflexivo sobre lo ocurrido. Actualmente sigue estudiando en Cornell y le quedan dos semestres para graduarse, según informó su abogado.









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