Fuente: Anabella González/anabella_gonzalez@cnnespanol.cnn.com
"No se debe intervenir en la educación": estudiantes y docentes protestan en Buenos Aires contra los recortes educativos de Milei
A pesar de la lluvia en Buenos Aires, miles de personas, en su mayoría estudiantes y docentes, salieron a las calles este jueves para exigir al Gobierno del presidente Javier Milei que respete la Ley de Financiamiento Universitario, que asegura los recursos para mantener la educación pública universitaria.
"Las universidades públicas argentinas enfrentan una grave crisis presupuestaria", alertaron las organizaciones universitarias en la declaración leída durante la marcha que llegó hasta el Congreso Nacional, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Según señalaron, las instituciones corren "un riesgo serio de no poder cumplir sus funciones el próximo año".
Aunque esta demanda viene desde 2024, primer año del mandato de Milei, esta vez el conflicto parece haberse intensificado, impulsado por otros descontentos con el Gobierno vinculados a la insatisfacción económica, según analistas consultados por CNN.
Un manifestante durante la protesta universitaria frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires.
La exigencia por el financiamiento universitario
"El Gobierno de Milei debe transferir los fondos a las universidades, dejar de pagar salarios miserables a docentes y no docentes que están por debajo del índice de pobreza e invertir en becas estudiantiles e infraestructura. Ya pasó más de un año desde que se aprobó la ley presupuestaria universitaria y el Gobierno sigue sin cumplirla", señaló Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina, en un comunicado público.
La ley 27.795 de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso Nacional en septiembre de 2025, fue luego vetada por el Ejecutivo mediante un decreto que argumentaba que afectaría "gravemente" la sostenibilidad fiscal en un contexto de escasez de recursos. El Congreso rechazó ese veto y el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su ejecución.
Tras varios reclamos y amparos colectivos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Justicia declaró inconstitucional esa suspensión y ordenó al Gobierno cumplir con la norma.
El financiamiento educativo es uno de los reclamos que se han hecho públicos repetidamente desde 2024, en un país donde existe un consenso mayoritario a favor del mantenimiento de una educación gratuita y de calidad.
El CIN advierte que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo ante el Congreso no incluye las partidas exigidas por la Ley de Financiamiento Universitario ni contempla recuperar las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico, y exige un aumento del 33,4 %.
"Los datos muestran que entre todas las áreas donde se aplicaron ajustes también se recortó en la educación universitaria. Existe una demanda social que rechaza priorizar estos ajustes", explica a CNN Lucas Romero, politólogo y director de la consultora Synopsis.
El portavoz presidencial Adrián Ravier afirmó días atrás que Milei recibió un país "quebrado" a fines de 2023 y cuestionó si esta protesta era realmente por educación o si tenía un trasfondo "político".
Los motivos detrás del reclamo
El reclamo por el financiamiento universitario ha ido tomando fuerza desde la primera marcha universitaria en abril de 2024 y sigue sin resolverse, señala Romero. Sin embargo, lo que ahora profundiza el malestar es la situación económica: "Esta vez el contexto económico hace que defender el ajuste tenga menos eco".
Desde la campaña electoral, Javier Milei insistió en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y dejó claro su intención de recortar presupuestos en varias áreas.
Durante la primera mitad de su mandato, Milei logró convencer a una parte importante de la sociedad sobre la necesidad del ajuste fiscal como camino hacia beneficios futuros. Esto se reflejó en cierto apoyo social y electoral durante las elecciones legislativas. Pero ahora, según Romero, ese respaldo parece haberse debilitado: "El Gobierno está en una posición más débil para sostener esos argumentos porque su propia narrativa decía que no habría padecimientos a estas alturas y sin embargo la gente sigue sufriendo los ajustes".
Paola Zuban, politóloga e investigadora especializada en opinión pública y directora de Zuban Córdoba, considera que el conflicto por el financiamiento universitario representa un "talón de Aquiles" para el Gobierno de Milei.
En primer lugar porque goza de un consenso mayoritario visible y es un reclamo constante sin solución; en segundo lugar porque tiene fuerza para movilizar a las personas y visibilizar otros malestares menos evidentes pero presentes como "la pérdida del poder adquisitivo, la inflación –que sigue siendo un problema grave–, el desempleo o temor a perderlo y el endeudamiento familiar".
La desaceleración inflacionaria y estabilidad cambiaria son metas principales del presidente Milei, quien incluso pronosticó varias veces que la inflación llegaría a cero durante 2026. Sin embargo, en los primeros nueve meses del año alcanzó un 23,6 % y acumula un 33,4 % interanual.
"Actualmente ningún partido u organización capitaliza estos temas económicos generando movilización social; pero las universidades sí", analiza Zuban.
Por eso este reclamo ocurre casi tres años después del inicio del mandato y se da en un contexto muy distinto al del comienzo del conflicto en 2024, indican los analistas. "Hay proyecciones económicas negativas con meses consecutivos sin creación formal de empleo, con trabajo informal. La gente siente que su poder adquisitivo no mejora", enumera Romero.
Estos aspectos no son aislados sino están interrelacionados con otros factores, explica Zuban Córdoba.
"No siempre hay un solo tema que detona ese malestar sino un conjunto que se superpone hasta mostrar insatisfacción", añade. Aunque la causa principal es económica, otras cuestiones relacionadas logran llegar al espacio público.
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