Fuente: Hoy Digital
Las protestas en Francia, que comenzaron con demandas estudiantiles, se ampliaron para incluir reclamos relacionados con el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y la calidad de los servicios públicos.
Así lo detalló Pascal Peña, experto en Derecho Internacional, quien señaló que las movilizaciones iniciales estaban vinculadas a las deficiencias del sistema educativo, tales como la escasez de profesores, el hacinamiento en las aulas y las condiciones precarias de la infraestructura escolar. "Todo eso derivó en lo que estamos viendo", comentó al referirse al desarrollo de las manifestaciones.
Durante una entrevista en Esto No Tiene Nombre, el jurista afirmó que las protestas alcanzaron un mayor alcance al incorporar demandas económicas y sociales. "Lo que comenzó como un reclamo por cuestiones, insisto, de carácter estudiantil, se ha convertido en una protesta absoluta frente a la grave crisis económica que atraviesa Francia, el tema de la gasolina, los elevados precios del combustible, la baja calidad de los servicios, entre otros", aseguró.
Peña también advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de esta crisis, señalando que los sectores opositores al Gobierno podrían aprovechar el malestar popular. "Claro que será capitalizado por los adversarios de Macron", indicó al ser consultado sobre un eventual uso político de las manifestaciones.
El especialista resaltó que las dificultades económicas no son exclusivas de Francia, sino que forman parte de un contexto global más amplio. "Creo que nosotros, como país, América Latina, Europa, Estados Unidos y el mundo entero nos encontramos en un momento de crisis económica innegable", expresó.
Respecto a los episodios violentos durante las protestas, Peña hizo una distinción entre el derecho a manifestarse y las conductas que pueden constituir delitos. "Protestar es correcto; es un derecho fundamental y un derecho humano reconocido en múltiples tratados internacionales suscritos por Francia e incluso por República Dominicana", señaló, aunque cuestionó los saqueos y la destrucción de bienes públicos.
Finalmente, Peña aclaró que los Estados pueden aplicar medidas excepcionales ante situaciones graves que alteren el orden público, pero estas restricciones deben ajustarse a las normativas vigentes. El desafío, sostuvo, radica en atender el descontento social y mantener la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales.
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