Fuente: Listin diario
Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) acordaron otorgar subsidios a los transportistas, siempre argumentando un aumento en los precios.
En 2021, cuando el mundo comenzaba a superar la pandemia del COVID-19 y los precios internacionales del petróleo se elevaron debido a diversas causas relacionadas con la crisis sanitaria, el MICM y el Intrant firmaron un convenio para "apoyar" a los transportistas dominicanos.
En septiembre de ese año, ambas instituciones suscribieron un acuerdo – al que este medio tuvo acceso – mediante el cual se estableció una "ayuda" para que los transportistas pudieran sobrellevar el incremento en el costo del combustible posterior a la pandemia. En este documento inicial se comprometieron RD$304,990,000 del erario público durante cinco meses, destinados a 14 federaciones, con un límite mensual para la entrega de gasoil.
Aunque en el convenio se indicó claramente una fecha de vencimiento, en marzo de 2022 las mismas entidades firmaron otro acuerdo para prolongar este programa por más de tres años sin que se hiciera pública ninguna auditoría, evaluación o explicación al respecto.
Desde entonces, el desembolso estatal en "subsidios" para transportistas no ha dejado de aumentar. Se han realizado al menos ocho adendas y el monto acumulado supera los 9 mil millones de pesos para la entrega de gasoil. Este medio obtuvo, mediante solicitudes de acceso a la información pública, los documentos que evidencian la evolución y crecimiento de esta "ayuda".
El funcionamiento del sistema
Desde su puesta en marcha, el esquema ha mantenido su esencia: bajo la dirección del MICM – liderado hasta principios de 2026 por Víctor 'Ito' Bisonó –, se depositaba dinero a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera en cuentas de distribuidores mayoristas autorizados y transportistas habilitados. Estos últimos entregaban gasoil a los conductores afiliados a diferentes federaciones de transporte, respetando un tope mensual establecido en el acuerdo.
Por su parte, el Intrant tenía la responsabilidad, según lo pactado, de validar que las facturas no excedieran esos límites antes de autorizar cualquier pago.
Este mecanismo ha visto un constante aumento en los montos asignados. El convenio inicial fijaba un tope mensual de 61 millones de pesos; en marzo de 2022 subió a RD$105 millones; en mayo del mismo año alcanzó RD$136 millones y continuó creciendo rápidamente hasta superar los 250 millones mensuales.
El patrón repetitivo aparece en cada adenda con frases similares y justificaciones constantes: "los aumentos de los precios del transporte público a raíz de la inestabilidad de la situación política internacional" es una expresión que ha persistido no solo durante las modificaciones al acuerdo sino también atravesando cambios en cuatro directores ejecutivos del Intrant y variaciones en los precios internacionales del petróleo.
Más allá de esta explicación para justificar incrementos constantes en los subsidios, ni las adendas ni declaraciones públicas han ofrecido datos concretos que expliquen por qué la cuantía destinada sigue aumentando o por qué nunca ha disminuido o sido eliminada.
Distribución desigual
La asignación entre las federaciones no es equitativa y esta disparidad se ha ido acentuando con el tiempo.
En el contrato original firmado en 2021, tres organizaciones recibían la mayor parte del subsidio: la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) obtenía el 28.48% del tope mensual; la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), un 25.87%; y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), un 18.73%.
Curiosamente, dos de estas federaciones más beneficiadas (Conatra y Fenatrado) están presididas por senadores oficialistas: Antonio Marte, representante por Santiago Rodríguez y aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM); y Ricardo de los Santos, presidente del Senado y legislador por Sánchez Ramírez.
Fenatrano es dirigida por Juan Hubieres, quien aunque actualmente no ocupa cargos públicos, es conocido como opositor al gobierno actual y estuvo vinculado electoralmente con Fuerza del Pueblo.
Mientras que los porcentajes concedidos a estas tres entidades permanecieron relativamente estables durante el acuerdo inicial y las primeras tres adendas, para septiembre de 2023 – con la cuarta modificación – Conatra incrementó su participación a 33.3%, Fenatrado mantuvo cerca del 25.8% y Fenatrano descendió a 13.1%, aparentemente en detrimento suyo para favorecer a nuevas federaciones incorporadas al subsidio.
Originalmente había 14 federaciones beneficiarias; luego se añadieron dos más en la primera adenda (totalizando 16) y para la última revisión se contabilizaron al menos 20 beneficiadas. Destaca que la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), presente desde el inicio, fue excluida desde la segunda adenda.
A pesar de estos ajustes e inclusiones adicionales, esas tres federaciones concentraron siempre más del 70% del total destinado como "ayuda".
Ninguno de los documentos consultados explica con qué criterios se distribuyen esos porcentajes; esto podría interpretarse como una asignación discrecional por parte de las autoridades. El único indicio proviene del acuerdo original donde se señala que las partes "definirán los criterios" para seleccionar las federaciones y determinar sus apoyos.
Sin embargo, ninguna adenda incluye dichos criterios por escrito ni fórmulas ni referencias basadas en flotas o número de choferes que justifiquen las diferencias o variaciones aplicadas con el paso del tiempo.
El destino final del dinero
El registro inicial en la Contraloría General correspondiente al convenio original (2021) identificaba como fuente financiera "0814, Apoyo Presupuestario Recursos Externos", categoría que usualmente corresponde a fondos provenientes de organismos internacionales o acuerdos cooperativos.
Esta clasificación cambió desde el convenio firmado en marzo de 2022 cuando todos los registros posteriores clasifican esos recursos bajo "000100, Fondo General", es decir, presupuesto ordinario financiado con impuestos recaudados por el Estado dominicano.
Este cambio tampoco fue explicado en ninguna adenda. Así, lo que comenzó siendo una iniciativa quizá sostenida con cooperación externa terminó pagándose íntegramente con recursos propios del Estado.
Hasta ahora ninguna autoridad estatal ha dado explicaciones sobre cómo un subsidio concebido inicialmente como una respuesta temporal a una crisis sanitaria terminó convirtiéndose en una carga presupuestaria permanente.
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