Fuente: Hoy Digital
El Poder Ejecutivo promulgó, a través del Decreto No. 714-26, el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de garantizar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración Pública se lleven a cabo de forma coordinada, eficiente, interoperable, segura, sostenible y en consonancia con las políticas nacionales de transformación digital.
"Este decreto busca optimizar el gasto tecnológico, eliminar duplicidades, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos bajo responsabilidad estatal, asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos", se informó.
Con esta normativa se establece al Ministerio de Administración Pública como la autoridad encargada de aplicar el reglamento, siendo responsable de coordinar los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas reguladas.
Así, el Ministerio de Administración Pública asume la responsabilidad de asegurar que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones tecnológicas emergentes se realice con eficiencia, coordinación, interoperabilidad y bajo estrictos criterios de racionalidad en el gasto público.
El ministro Sigmund Freund destacó que esta medida representa un avance significativo en la gobernanza tecnológica nacional al dar un paso crucial para eliminar la fragmentación del gasto y las inversiones aisladas en las instituciones estatales.
"Con este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo siempre la soberanía sobre los datos de los dominicanos", afirmó.
Interés estratégico nacional
En el artículo 6 del decreto, se declara como interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano. Esto se considera indispensable para mejorar la calidad, continuidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
Dicha declaratoria abarca la coordinación de inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que por su naturaleza, alcance, criticidad, impacto presupuestario, potencial de reutilización o relación con servicios públicos esenciales se consideren estratégicos y requieran evaluación técnica previa, articulación interinstitucional o gestión conjunta entre dos o más entidades públicas según el marco legal vigente.
La normativa aclara que esto no exime a las instituciones públicas del cumplimiento de las regulaciones sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y demás disposiciones legales aplicables.
Principales novedades e impactos institucionales
Este nuevo reglamento favorecerá la consolidación de una infraestructura digital estatal que permita optimizar la prestación de servicios públicos, maximizar el uso eficiente de recursos públicos, disminuir la fragmentación tecnológica, fortalecer la soberanía sobre datos críticos y garantizar la continuidad operativa de las soluciones digitales utilizadas por la Administración Pública.
Entre sus aspectos más destacados figuran:
Evaluación previa obligatoria: Todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe técnico previo emitido por el MAP antes de iniciar procesos para adquirir plataformas y soluciones digitales complejas.
Sostenibilidad y compras conjuntas: Apoyándose en la Ley de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Administración Pública podrá coordinar licitaciones agregadas entre varios ministerios y direcciones públicas, permitiendo negociaciones en conjunto que generarán ahorros significativos al Erario.
Mesa de articulación técnica: El decreto crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Administración Pública e integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Soberanía digital y protección de datos: Las soluciones tecnológicas deberán garantizar plenamente portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica.
Prohibición: Se prohíben cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos.
Uso ético y transparente de Inteligencia Artificial: Las contrataciones que incluyan algoritmos o automatizaciones avanzadas deberán regirse bajo principios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia para salvaguardar derechos fundamentales.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con fortalecer la función pública y construir un Gobierno Digital moderno, transparente, eficiente y verdaderamente orientado al servicio ciudadano.
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