Fuente: Hoy Digital
Representantes de organizaciones comunitarias de los barrios del norte de Santo Domingo, acompañados por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (Iddi), calificaron como errónea la política gubernamental para enfrentar la delincuencia y la violencia que afectan a la sociedad.
En una conferencia de prensa, rechazaron el uso de la violencia contra jóvenes como medida para solucionar el problema, y demandaron una respuesta integral frente a la inseguridad y la violencia ciudadana.
Los activistas señalaron que muchos barrios aún no son lugares seguros y que miles de jóvenes esperan propuestas coherentes y sostenibles por parte del Gobierno para formarse, capacitarse y obtener herramientas que les permitan una vida digna. Advirtieron que la falta de oportunidades para generar ingresos, sostener a sus familias y contribuir a la economía familiar incrementa la vulnerabilidad de la juventud ante la delincuencia. Las organizaciones manifestaron su rechazo a cualquier acto violento, sin importar si proviene de delincuentes o de integrantes de la Policía Nacional.
Además, mediante un documento entregado a los medios, afirmaron que toda persona que infrinja la ley debe ser detenida y sometida a la justicia, conforme a la legislación dominicana y respetando el debido proceso. "Somos conscientes de que existe delincuencia en los barrios y que esta situación afecta a miles de familias. Es necesario transformarla mediante planes, programas y proyectos específicos diseñados con la participación de todos los actores que habitan en los barrios y comunidades", expresaron.
Como ejemplo, mencionaron procesos comunitarios participativos iniciados en Capotillo y otros sectores que en sus etapas iniciales lograron resultados positivos.
Consideran que estas iniciativas deben ser retomadas, fortalecidas y adaptadas a las necesidades de otros barrios vecinos. Los representantes comunitarios señalaron que en los últimos meses se ha incrementado la violencia y criminalidad en el país.
Oportunidades para jóvenes
Propusieron fortalecer la integración y participación comunitaria en la prevención del delito, así como crear más oportunidades educativas, de capacitación y generación de ingresos especialmente para los jóvenes. Sugirieron retomar y ampliar programas comunitarios que hayan mostrado resultados favorables.









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