Fuente: Hoy Digital
El Banco Central aumentó la tasa de política monetaria a 5.50% anual, en medio de riesgos inflacionarios vinculados al incremento internacional del precio del petróleo. No obstante, el reto económico también radica en el costo fiscal que implica contener los precios de los combustibles.
En septiembre, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, señaló que los subsidios podrían llegar a RD$50,000 millones este año si persistían las tensiones internacionales. Más adelante, el presidente Luis Abinader estimó una cifra cercana a RD$40,000 millones. Estas proyecciones evidencian la incertidumbre global y la magnitud del esfuerzo fiscal requerido. Los subsidios resguardan el poder adquisitivo, pero su distribución genera preguntas. Según datos publicados por Hacienda, el 20% más acomodado recibe entre el 37% y el 77% de los beneficios de los principales subsidios generalizados. El problema no es brindar ayuda a la población, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La solución no pasa por eliminar abruptamente los subsidios, sino por reformarlos de manera gradual. El GLP debe protegerse por su relevancia en los hogares; el gasoil, por su impacto en el transporte y la distribución de mercancías. También se debe considerar la gasolina regular, ya que muchos trabajadores dependen de sus vehículos para obtener ingresos. El Gobierno debería focalizar las ayudas a través del SIUBEN, ampliar las transferencias a hogares vulnerables y establecer ajustes transparentes relacionados con los precios internacionales. La transición debe evitar incrementos desmedidos en el transporte y la canasta básica. Con un crecimiento acumulado de 4.5% entre enero y agosto de 2026, la República Dominicana requiere una política fiscal responsable: proteger a las familias y optimizar cada peso público.
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