Fuente: Listin diario
El senador Julito Furcal atribuye la responsabilidad del corte de árboles a una decisión unilateral de la empresa contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, llevada a cabo, aparentemente, sin conocimiento del Gobierno durante un fin de semana.
El proyecto de infraestructura por 57 millones de pesos, destinado a renovar las instalaciones gubernamentales en Baní, no fue lo que desató la indignación ciudadana, sino la irracional acción de talar robles centenarios y árboles de mango.
La eliminación de estos robles, que según expertos tienen más de 84 años, junto con árboles de sombra ubicados cerca de la Gobernación Provincial y varias oficinas públicas, generó el rechazo de ambientalistas, estudiantes, sindicatos de motoconchistas y habitantes locales.
A poco más de una semana de consumarse la desaparición de este pulmón verde en pleno centro urbano, el silencio oficial comenzó a resquebrajarse.
Mientras en el sitio sólo permanece el cartel promocional de Bienes Nacionales, con la imagen del presidente Luis Abinader y su director Rafael Burgos Gómez, junto al nombre de la empresa contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, representada por el ingeniero Saúl Calderón Hernández (Codia 28864), los líderes políticos locales tratan de distanciarse del escándalo.
La reacción tardía de Furcal
Después de días de rechazo popular y denuncias a nivel nacional, con Listín Diario dando seguimiento constante en cumplimiento de su compromiso con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el senador por la provincia Peravia, Julito Furcal, rompió el silencio para expresar su postura.
En declaraciones recogidas por el noticiero Peravia Noticias del canal 8 de Peravia Visión en Baní, el legislador manifestó su apoyo a la indignación mostrada por ciudadanos y ambientalistas.
“No era necesaria una tala tan indiscriminada”, señaló, subrayando que debió considerarse que se trataba de “árboles centenarios que protegen el medio ambiente y constituyen un pulmón para la sociedad y el entorno”.
Por otro lado, Furcal eximió de responsabilidad a la gobernadora de Peravia, Yadira Báez, reconocida por su trayectoria ejemplar en servicio social y comunitario, asegurando que ella “no tuvo nada que ver con esa decisión”.
Según explicó el senador Furcal, la empresa contratista llevó a cabo el corte sorpresivamente durante un fin de semana.
“Cuando nos dimos cuenta, los árboles ya estaban talados”, añadió. Como posible solución al problema afirmó que, dado que lo ocurrido no tiene marcha atrás, corresponde ahora “resarcir el daño” junto con la compañía contratista, reemplazando las especies eliminadas por plantas nuevas.
Incongruencias en la versión oficial
Lejos de apaciguar la controversia, la explicación del legislador ha reavivado críticas al evidenciar graves incongruencias y vacíos institucionales.
Furcal señala como responsable una decisión unilateral tomada por Servicios Ingenieriles y Mineros SRL sin informar al Gobierno durante un fin de semana.
Sin embargo, resulta sorprendente que maquinaria pesada haya derribado árboles tan grandes dentro del área de la Gobernación sin que ningún inspector ambiental, supervisor de obras públicas o autoridad municipal detuviera las labores.
De hecho, la Alcaldía de Baní, bajo la dirección del alcalde Santo Ramírez, presentó una denuncia formal señalando que la obra se ejecutó sin los permisos ni autorizaciones municipales correspondientes.
Al eximir a la Gobernación, el argumento del senador confunde autoría material con responsabilidad fiscalizadora, según explicaron a Listín Diario abogados ambientalistas, arbolistas e ingenieros agrónomos consultados para analizar el impacto del caso.
La autoría material corresponde a quien realiza físicamente la acción —en este caso Servicios Ingenieriles y Mineros SRL y sus operarios que usaron motosierras para talar los árboles—.
En cambio, la responsabilidad fiscalizadora implica “el deber legal, administrativo e institucional de vigilar, inspeccionar y supervisar que la obra cumpla con las leyes y normativas ambientales”.
Esta obligación recae directamente sobre funcionarios de la Gobernación Provincial, inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y autoridades municipales de Baní, quienes debieron exigir las licencias necesarias y detener la tala oportunamente.
El “ya ocurrió” para “cerrar el caso”
Intentar zanjar esta problemática con un “ya ocurrió” y una simple reposición con nuevas plantas parece desconocer la rigurosidad establecida por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente no ha presentado querellas formales ni anunciado sanciones o multas ejemplares contra la contratista; tampoco se han definido responsabilidades penales o administrativas.
Mientras los troncos talados han desaparecido como prueba del daño causado, en Baní persiste un reclamo firme por justicia.
Por ahora ningún sector social local se conforma con plantar nuevos arbustos; al contrario, exigen el sometimiento judicial de la empresa involucrada, la destitución de funcionarios que actuaron por omisión o negligencia y la presentación pública del expediente técnico junto al permiso ambiental que autorizó la remodelación.
Agregar Comentario