Fuente: Listin diario
Cambio en la calificación de los cargos a homicidio por dolo eventual abre la puerta a penas de hasta 20 años
Desde la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los familiares de las víctimas de la tragedia Jet Set abandonaron el lugar entre lágrimas y con una decisión que esperaban con ansias.
Para ellos, la resolución del juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien modificó la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual contra los dueños del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, representó un triunfo con un significado profundo.
Según el magistrado, los acusados estaban plenamente conscientes del deterioro del techo y recibieron “advertencias claves” sobre el estado del local, pero optaron por mantener abierto el centro nocturno sin importar las consecuencias.
“El tribunal entiende, sustentado en el mismo hecho, que procede acoger la variación de la calificación jurídica”, manifestó durante su fallo alrededor de las 9:30 de la mañana.
Esta medida respondió a una solicitud presentada por una parte querellante, aunque había sido rechazada en la fase preliminar por el juez Raymundo Mejía.
“Se pudo prevenir, hubo advertencias y eso no debería haber ocurrido. Quien estaba a cargo de la discoteca conocía el estado del techo y pudo evitar lo sucedido”, afirmó.
Asimismo, indicó que el problema en el techo no se debió a falta de mantenimiento, ya que quedó demostrado que “los imputados eligieron continuar con la actividad pese al peligro que esto implicaba”.
El Tribunal desestimó la ampliación de la acusación y las violaciones a las normativas de urbanización e ingeniería por carecer de base legal y no justificarse con nuevos elementos para ampliar la acusación.
Con esta nueva calificación, el caso será remitido a un tribunal colegiado (compuesto por tres jueces) de la Cámara Penal del Distrito Nacional, donde los acusados podrían enfrentar penas entre 3 y 20 años de prisión, según precisó el juez.
La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decidirá qué tribunal conocerá el juicio y este comenzará desde cero.
“Acusación casi perfecta”
Por otra parte, el magistrado destacó que observó una “acusación casi perfecta” por parte del Ministerio Público. Sin embargo, aclaró que únicamente le faltó “la calificación jurídica” que él mismo otorgó (homicidio por dolo eventual).
“Por mi experiencia, que ustedes también comparten, no he visto una acusación casi perfecta como esta. Lo único que le faltó para ser perfecta fue la calificación jurídica que le está dando este tribunal”, aseguró.
“Una victoria para el país”
Tras pronunciar la frase “pase feliz resto del día”, los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se llenaron de familiares, conocidos y amigos de las víctimas del desastre ocurrido el 8 de abril de 2025.
Ellos confiaban en que esta decisión llegaría y sus declaraciones así lo reflejan.
“Esto para nosotros no es una sentencia, sino el inicio de la verdad; la verdad ha salido a la luz y hemos demostrado que siempre estuvo presente en las deliberaciones del tribunal”, comentó Luis Miguel Custodio, quien perdió a su hermano Luis José en el incidente.
Custodio expresó que hay familiares que visitan el lugar con el corazón quebrantado porque ver esta situación les recuerda aquel trágico 8 de abril de 2025.
“Ha sido un esfuerzo enorme. Aquí hay familias rotas; cada vez que vienen y ven a Antonio Espaillat se les abre la herida porque entienden que hay un responsable. El responsable se llama únicamente Antonio Espaillat”, concluyó.
El abogado Yan Carlos Martínez, uno de los representantes legales de la parte querellante, señaló que con este fallo el país obtuvo “una victoria”.
“El país recibe una victoria para toda la sociedad. Al inicio, un grupo de colegas planteamos la figura del dolo eventual y hoy celebramos un triunfo contundente para las víctimas del caso Jet Set”, afirmó.
Además, indicó que al menos seis barras defensoras fueron quienes propusieron solicitar la variación en la calificación jurídica.
Un desplome que marcó a toda una nación
La tragedia tuvo lugar en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el merenguero Rubby Pérez interpretaba una canción y el techo del centro nocturno se desplomó, causando 236 muertes y dejando 180 heridos durante el evento.
El proceso judicial comenzó el 12 de junio de 2025, dos meses después del suceso.
El Ministerio Público arrestó a los hermanos Espaillat, investigados inicialmente por homicidio involuntario. Según los fiscales, ambos mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar una intervención física para evitar el colapso del techo del local.
Fueron presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para conocer las medidas coercitivas en su contra.
El 19 de junio, tras una audiencia que duró más de 12 horas, Fátima Vélez, jueza del Tribunal Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso como medida cautelar un pago económico de RD $50 millones para cada uno como garantía.
Asimismo, se les prohibió salir del país y se estableció presentación periódica obligatoria. El caso fue declarado complejo.
El 7 de noviembre ese mismo año, el Ministerio Público presentó una acusación formal solicitando apertura a juicio contra ellos.
Anteriormente, el 8 de agosto, la tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó los 26 recursos apelatorios presentados por querellantes que buscaban modificar las medidas coercitivas dictadas inicialmente.
Al año siguiente, el 6 de abril —dos días antes del primer aniversario— comenzó el juicio preliminar para determinar si los acusados irían a juicio oral y cuáles pruebas serían admitidas.
En esa misma fecha se ordenó realizar un nuevo peritaje técnico solicitado por los hermanos Espaillat; este análisis incluyó evaluación del concreto, estudios sobre carbonatación y petrografía, análisis material e investigaciones geotécnicas para detectar posibles fallas o cavidades en las fundaciones.
El juez descartó entonces cualquier cambio en la calificación jurídica y decretó apertura al juicio oral para el 15 de junio.
Además rechazó imponer prisión preventiva contra los acusados y mantuvo las garantías económicas por RD $50 millones para cada uno, así como impedimento para salir del país y presentación periódica obligatoria.
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